Cómo se vive la pandemia en las cárceles: "Si el virus entra, estamos condenados a pena de muerte"

Cárceles sobrepobladas, con pésimas condiciones de higiene y salubridad, donde el hacinamiento y la vulneración de los derechos son una constante. En ese contexto –una realidad que hace años denuncian las defensorías y organizaciones especializadas–, el temor de los detenidos a que el COVID-19 irrumpa y genere un contagio masivo crece a cada minuto. "La sensación del miedo a morir fue entrando e instalándose en los pabellones", relató Diego Tejerina, preso en la Unidad 48 del complejo penitenciario San Martín. La tensión y los reclamos por acciones que garanticen la seguridad también van en aumento.

¿Cuáles son las principales preocupaciones y pedidos en las cárceles del país? ¿Por qué los detenidos aseguran que les es prácticamente imposible adoptar medidas de protección y distanciamiento preventivo? LA NACION dialogó con cuatro hombres privados de su libertad para conocer cómo se vive la pandemia desde adentro.

Defensores y otros referentes consultados coinciden en que el panorama general del sistema penitenciario en la Argentina no hizo más que agravarse en el contexto del COVID-19. Nicolás Laino, de la Defensoría General de la Nación (DGN) –organismo a cargo de Stella Maris Martínez–, subrayó que la población carcelaria es especialmente vulnerable a la propagación del virus por varios motivos. En primer lugar, porque ediliciamente los complejos tienen poca ventilación y en muchas de las prisiones no hay celdas individuales sino pabellones colectivos, que están sobrepoblados. "A esto hay que sumarle que en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que es donde nosotros intervenimos, el gobierno anterior declaró hace un año la emergencia penitenciara y el actual la mantuvo", señaló Laino, defensor público oficial.

Esta semana, en pleno motín en la Unidad 23 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Florencio Varela, un hombre murió en circunstancias que aún se investigan. En seis pabellones del sector de máxima seguridad había comenzado una huelga de hambre. Se trata de una medida que iniciaron, además, otros 341 presos de distintos penales bonaerenses, tras fracasar una mesa de diálogo en la que reclamaron excarcelaciones, arrestos domiciliarios y libertades asistidas. De la negociación participaron internos, funcionarios judiciales, autoridades del SPB y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial. Pocos días antes, el SPB había confirmado el primer caso positivo de COVID-19 en un detenido, también en el complejo de Varela. Esta mañana, según informaron a este medio detenidos y confirmaron desde la DGN, se inició otro motín en la cárcel de Devoto.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, precisaron que ayer la responsable de esa cartera, Marcela Losardo, realizó una videoconferencia con integrantes del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles (SICC), jueces, fiscales, defensores, y representantes de otras organizaciones para analizar la situación del sistema penitenciario federal en el marco de la pandemia. En la reunión, según indicaron, se evaluó el impacto de las medidas que impone la cuarentena en las unidades penitenciarias federales y los participantes "acordaron trabajar de forma articulada para atenuar las dificultades que afectan a los internos".

Para Andrea Casamento, fundadora y presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad), la situación es gravísima. Todos los días, reciben casos de madres y otros familiares que se acercan desesperados a la asociación, a quienes el equipo de psicólogos y trabajadores sociales busca dar contención y azoramiento. "Todos estamos preocupados por nuestra familia. Imaginate cuando tenés un hijo encerrado y sin posibilidades de reclamar para pedir salud", resumió Casamento.

¿Cómo pueden transitar hoy los presos la enfermedad, en caso de contraer el virus, si están viviendo ocho personas en una celda para tres y con cuatro colchones?

La referente sostuvo que el eje de la discusión debería ser cómo garantizar el acceso a la salud de los presos en estos momentos. "Me gustaría saber cuál es el protocolo que se está implementando en las cárceles. ¿Cómo pueden transitar hoy la enfermedad, en caso de contraer el virus, si están viviendo ocho personas en una celda para tres y con cuatro colchones?", se preguntó.

Laino explicó que en el SPF hay sobrepoblación: "Eso significa más hacinamiento. Además, los elementos de higiene escasean. Más allá de que el Servicio, con la crisis sanitaria del coronavirus, dispuso algunas medidas, en general faltan, por ejemplo, jabones y esto hace que la situación sea aún más un caldo de cultivo", advirtió el defensor público.

Lo que buscamos los defensores es excarcelar a gente que razonablemente puede estar afuera, para que cuando haya casos de COVID-19 entre los detenidos, la cárcel no esté sobrepoblada

Según el abogado, otro problema clave a considerar es qué pasará cuando el virus empiece a circular con fuerza por las cárceles, algo que podría suceder en el corto plazo si se tiene en cuenta que ya se detectaron los primeros casos. "Desde la DGN, venimos marcando hace años las deficiencias del sistema de sanidad en las prisiones. Muchas veces, faltan especialidades: por ejemplo, neumonólogos. Incluso, si vas a los hospitales penitenciarios centrales de Ezeiza o al de Devoto, las habitaciones/celdas están muy pegadas. Es dificultoso pensar en generar allí espacios de cuarentena", describió Laino.

Otro agravante es la existencia de un número importante de personas detenidas que presentan enfermedades preexistentes o que adquirieron en prisión. Según datos del SPF, bajo su órbita hay 1280 reclusos que son considerados población de riesgo.

La semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), a partir de un planteo efectuado por Guillermo Todarello, defensor público y cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN, y por Francisco Mugnolo, jefe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), recomendó a los tribunales inferiores otorgar medidas alternativas a la cárcel. Mediante la acordada 9/2020, la máxima autoridad del país en materia penal consideró la doble situación de emergencia actual: la sanitaria, declarada por la pandemia, y la producida por el hacinamiento que se registra en las cárceles federales, "fruto del hiperencarcelamiento".

La disposición fue adoptada con el objetivo de reducir la población carcelaria "a fin de inhibir, en la mayor medida posible, el riesgo existente para la salud e integridad física de las personas privadas de su libertad y también del propio personal penitenciario", frente al COVID-19.

Laino explicó que los camaristas recomendaron a los tribunales acciones alternativas a la cárcel, principalmente el otorgamiento de prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que correspondan. ¿A quiénes está destinada esta acordada de la Cámara Federal? A personas que se encuentren con prisión preventiva por delitos no violentos, aquellas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional; mujeres embarazadas o detenidas con sus hijos; personas con mayor riesgo para la salud o con alguna discapacidad que las vuelva más vulnerables al virus, entre otras. Ayer, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires emitió una recomendación en la misma línea.

De marzo y abril, los defensores de la DGN hicieron más de 1000 pedidos de excarcelaciones o libertad condicional. "Lo que buscamos es excarcelar a gente que razonablemente puede estar afuera, para que cuando haya casos de COVID-19 entre los detenidos federales, la cárcel no esté sobrepoblada ni con hacinamiento, las condiciones de los servicios de salud sean mejores y disminuyan las posibilidades de contagio", detalló Laino.

Aunque el defensor consideró que suele haber conciencia sobre el riesgo de que el sistema sanitario en las cárceles colapse y la necesidad de excarcelar a quienes estén en condiciones de serlo, algo en lo que coinciden desde el Gobierno, lo que ven desde la defensa pública es que "muchos jueces de instancias inferiores, aún teniendo en cuenta lo que estableció la CFCP, que es la autoridad máxima, siguen teniendo criterios muy restrictivos y rechazan los pedidos de libertad".

En el Servicio Penitenciario Bonaerense hay unos 49.000 presos, cuando la capacidad es para 22.000 o 24.000, según cómo se mida. En los últimos días, Acifad relevó la opinión de más de 600 reclusos –la mayoría del SPB y, en menor medida, del Federal– acerca de las precauciones dispuestas ante la pandemia: el 92% de los consultados sostuvo que no había elementos de higiene suficientes para todo el pabellón, y el 40% respondió que el personal penitenciario que tiene contacto con ellos no utiliza nunca medidas de protección, mientras que casi el 44% indicó que sólo lo hacen a veces.

En las cárceles hay desde hace años una crisis humanitaria. Es una situación donde muere gente y no se toman medidas para impedirlo

El defensor ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Mario Coriolano, explicó que desde hace años vienen señalando la existencia de una "crisis humanitaria" en centros cerrados, comisarías y cárceles. "Es una expresión a la que no se le dio la importancia que tiene: es una situación donde muere gente y no se toman medidas para impedirlo. Ahora, estamos ante una pandemia que en el contexto de hacinamiento está mostrando las consecuencias de no tomar medidas a tiempo", concluyó Coriolano.