Coronavirus. Motín en Devoto: "Nos negamos a morir en la cárcel"
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LA NACIONGabriel Di Nicola
A los conflictos y protestas de presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires en medio de la pandemia del coronavirus, se sumó un motín protagonizado por detenidos alojados en el complejo penitenciario de Villa Devoto, donde los internos se subieron a los techos para exigir que la Justicia ordene excarcelaciones y arrestos domiciliarios.
"Nos negamos a morir en la cárcel", decía la leyenda de una bandera que sostenían algunos reclusos subidos al techo para reforzar el reclamo. Durante la protesta, que ya lleva más de cinco horas, 11 penitenciarios sufrieron heridas leves y fueron trasladados al Hospital Vélez Sarfield y la Clínica Santa Isabel.
Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. La protesta se originó en el módulo 1. En el Complejo Penitenciario Federal de la ciudad de Buenos Aires, más conocida como cárcel de Villa Devoto, hay 1692 presos.
Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, en horas de la tarde fueron detenidas tres mujeres, que serían familiares de presos alojados en la cárcel de Devoto. Fueron imputadas del delito de resistencia a la autoridad y del artículo 205 del Código Penal que contempla una pena de prisión de seis meses a dos años para la persona que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
Las autoridades penitenciarias esperan que los presos se calmen para negociar. Los propios internos difundieron videos filmados con teléfonos celulares donde se ve que en algunos lugares los detenidos iniciaron un fuego en el sector de celdas. Otros internos se subieron a los techos. En el lugar se encuentra el procurador penitenciario adjunto, Ariel Cejas Meliare.
Según pudo saber LA NACION, un grupo de presos explicó que no quiere hablar con autoridades penitenciarias ni con representantes del Poder Ejecutivo, la exigencia que presentaron es tener una comunicación con funcionarios de la Cámara Federal de Casación Penal, que a principios de mes había resuelto que los jueces y tribunales adopten recaudos para revaluar los casos de detenidos con prisión preventiva, dando prioridad a las personas "con mayor riesgo para la salud frente a un eventual contagio de coronavirus".
Además, el máximo tribunal penal del país, el 14 de este mes, recomendó a los tribunales federales y nacionales que otorguen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a los presos en prisión preventiva por delitos no violentos, condenados a penas de menos de 3 años, que estén en condiciones de tener salidas transitorias, mujeres embarazadas y miembros de los grupos de riesgo a raíz del coronavirus.
Otro grupo de presos pidió la presencia del secretario de Justicia y virtual viceministro, Juan Martín Mena, según fuentes penitenciarias.
En la cárcel de Villa Devoto no hubo internos que hayan dado positivo de Covid-19. Sí hubo un caso de un agente penitenciario infectado con el virus. "Inmediatamente se procedió a adoptar el aislamiento preventivo del personal penitenciario que prestó servicios junto al agente, según los protocolos sanitarios establecidos. Además, se reforzaron los controles y supervisión médica a la población penal alojada, como así también, la desinfección del sector donde se encontraba cumpliendo tareas el agente", dijeron fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Las fuentes consultadas afirmaron a LA NACION que desde que comenzó el brote de Covid-19 se creó un comité de crisis para coordinar las acciones de prevención, detección y asistencia con el fin de evitar el ingreso, la transmisión y la propagación del virus en y desde los establecimientos penitenciarios.
"Como medida extraordinaria, se dispuso que los profesionales de la salud deben detectar en forma temprana casos sintomáticos respiratorios y/o febriles para su aislamiento preventivo. A partir de allí se realiza un pronto diagnóstico temprano diferencial, en el que se evaluará la posibilidad de estar en presencia de un caso Covid-19 u otras patologías, lo que permita un tratamiento preciso y oportuno según los resultados obtenidos. Las personas que deban realizar al aislamiento deberán ser informadas de las razones de su aislamiento. Cuando sea necesario disponer su aislamiento, las personas trans serán alojadas con los debidos cuidados en los espacios determinados según su género autopercibido. Con respecto a las madres con niños, se les brindará un lugar específicamente acondicionado para ello. Para el diagnóstico diferencial se debe tener especialmente en cuenta la definición de caso Covid-19. La definición de caso probable, sospechoso y confirmado de coronavirus es dinámica y puede variar según situación epidemiológica", se explicó en un documento oficial.
Ayer, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, se reunió por videoconferencia con integrantes del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles (SICC), jueces, fiscales, defensores, y representantes de otras organizaciones para analizar la situación del sistema penitenciario federal, en el marco de la pandemia.
"En el encuentro se evaluó el impacto de las medidas que impone la cuarentena en las unidades penitenciarias federales. Los participantes intercambiaron opiniones y acordaron trabajar de forma articulada para atenuar las dificultades que afectan a los internos", según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un comunicado de prensa. Losardo estuvo acompañada por Mena y el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto.
Ayer, además, la Cámara Nacional de Casación Penal en lo Criminal y Correccional porteña sacó una acordada donde recomendó a los jueces del fuero que, "con base en la doctrina que emana de los reiterados precedentes de este tribunal, extremen los recaudos para coadyudar a la más pronta disminución de la superpoblación carcelaria, atendiendo prioritariamente, en la medida que el caso así lo permita, la situación de los internos que conformen los grupos de riesgo descriptos por la autoridad sanitaria.
La reunión, de la que participaron el presidente Daniel Morin y los vocales Patricia Llerena, Gustavo Bruzzone, Horacio Días, Eugenio Sarrabayrouse, Jorge Rimondi, Pablo Jantus, Mario Margariños y Alberto Huarte Petite, se hizo por el sistema de videoconferencia para analizar pedidos hechos por la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público de la Defensa.
"Advertimos que nos encontramos ante una situación de extrema gravedad, que tenemos una función específica como miembrtos de un poder del Estado, que esta cámara en su calidad de órgano revisor último de las decisiones adoptadas en el ámbito penal nacional tiene una doctrina uniforme en el sentido de que la regla es la libertad durante el proceso así como también respecto de la efectiva aplicación de los institutos vinculados a la libertad anticipada en el marco de la ejecución penal, que el objetivo de descomprimir las cárceles cuando no concurran los requisitos que la autoricen también puede ser obtenido mediante la utilización del encarcelamiento domiciliario y, por último, que la economía procesal aparece como un elemento de juicio relevante a la hora de decidir", explicaron los camaristas en la acordada firmada ayer.
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