Con un promedio de vida de 40 años: por qué la comunidad travesti trans es la más vulnerable de la Argentina

Esta semana Alejandra Ironici, reconocida militante santafecina por los derechos de la comunidad trans, fue asesinada en su casa. Su cuerpo fue encontrado en su habitación con signos de extrema violencia y esta mañana se confirmó que recibió 46 puñaladas y que el agresor prendió fuego parte de su cuerpo para intentar borrar sus huellas.

Alejandra tenía 43 años, era trabajadora del hospital Iturraspe y, en 2012, se convirtió en la primera mujer trans de su provincia en lograr −antes de que se habilitara ese trámite por ley−, el cambio de identidad de género en su DNI por la vía administrativa, es decir, sin recurrir a la Justicia. El hombre acusado de matarla era su pareja: fue imputado por el delito de transfemicidio, agravado por el vínculo y violencia de género.

La muerte de Alejandra vuelve a poner sobre la mesa las violencias y vulneración de derechos que históricamente atravesaron a la comunidad travesti trans de la Argentina. La expectativa de vida aproximada es de 40 años, aunque hay informes donde desciende a los 35 (por eso, las que tienen más de esas edad son consideradas sobrevivientes). La principal causa de muerte es el VIH o enfermedades asociadas, como la tuberculosis, neumonía o pulmonía (64%), mientras que la segunda son los trans y travestidicios (15%). Por otro lado, seis de cada 10 abandonan sus estudios secundarios a causa de la discriminación y el 83% fue víctima de graves actos de violencia y discriminación policial.

La exclusión que sufren desde edades muy tempranas, el estigma y la imposibilidad de acceder a un empleo formal, empuja a la inmensa mayoría (el 70%) al trabajo sexual como principal medio de subsistencia, muchas desde niñas: casi el 30% comenzó entre los 11 y 13 años; el 46% lo hizo entre los 14 y los 18; y un 24% luego de los 19. De adultas, el 87% dejaría la prostitución si tuviese acceso a otro empleo, pero las puertas se les siguen cerrando. Los datos se desprenden del informe La Revolución de las Mariposas, elaborado por varias organizaciones que trabajan en la temática.

Para entender más acerca de esta problemática, LA NACION conversó con Gonzalo Goberna Sicardi, presidente de la asociación civil 100% Diversidad y Derechos, comunicador social, consultor y docente universitario.

–¿Son las mujeres trans y travestis el grupo poblacional más vulnerado de la Argentina? ¿Por qué?

–Sí, es así. Tienen, como muchas veces escuchamos mencionar, un promedio de vida que no supera los 40 años, cuando el general está por encima de los 75. La vulneración estructural de derechos básicos como a la educación, al trabajo, a la salud, a la justicia, a la vivienda o al deporte, tienen base en la identidad como factor de exclusión. El solo hecho de ser y de expresar su identidad de género implica para las mujeres trans y travestis un destierro social. Las convierte prácticamente en sujetos sin derechos. Ciudadanos de última clase. Y lo particular es que el Estado en vez de convertirse en garante de derechos, es muchas veces uno de los principales actores que los vulnera. ¿Cómo se expresa esto materialmente? En la expulsión de la familia, del sistema educativo, en la dificultad para obtener un trabajo registrado, la persecución policial, la dificultad de acceso al sistema sanitario y a servicios sociales esenciales.

En la esfera educativa, si bien las investigaciones reflejan un avance durante los últimos 15 años, más del 60% de las mujeres trans no terminó el ciclo secundario. Con respecto a su situación laboral, poseen empleos precarios y de elevada inseguridad, con una informalidad que, en casi todas las investigaciones, se estima alrededor del 80%.

–¿Esos son los principales factores que explican que, en la actualidad, vivan la misma cantidad de años que una persona en la Edad Media?

–Es precisamente la vulneración a los derechos básicos, la violencia y la exclusión estructural que viven las mujeres trans y travestis, lo que lleva a su bajísimo promedio de vida. No hay suficientes datos oficiales que puedan dar cuenta de la gravedad de la situación de esta población y el acceso o no al cambio registral también dificulta la construcción de los datos oficiales. Según el Registro Nacional de las Personas (Renaper), hasta ahora, en total 12.655 personas tuvieron o tienen su DNI conforme a la Ley de Identidad de Género. De ellas, 335 fallecieron y 12.320 están vivas. Entre aquellas 335, se destaca que el promedio de edad era de 40 años y el 75% murió antes de los 53. Pero hay que tener en cuenta que solo son datos de las personas que realizaron el cambio registral. No olvidemos, además, el contexto macro: vivimos en una sociedad cisheteropatriarcal donde una mujer es asesinada cada 30 horas.

–En los últimos años fue instalándose con más fuerza el concepto de trans o travesticidio social, ¿qué implica?

–Hablamos de travesticidio social porque la gran mayoría de las muertes de travestis son el resultado final de una cadena de eslabones compuesta por vulneraciones a sus derechos fundamentales. Es decir, detrás de estas muertes encontramos que previamente había una exclusión de varios de los ámbitos que nombramos previamente: familiar, laboral, educativo, de la salud, etcétera. Por eso decimos que estas muertes tienen un alto componente social, porque esas exclusiones previas empujan a las personas trans a contextos de extrema vulnerabilidad en los que luego suelen ocurrir estos crímenes.

–¿Cuán conscientes somos como sociedad de la vulneración histórica de derechos que sufre este colectivo?

–A partir de la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario, de la de Identidad de Género y, el año pasado, de la de cupo e inclusión laboral (conocida como Diana Sacayán-Lohana Berkins), al menos en el ámbito parlamentario se evidenció una toma de conciencia sobre la urgencia de la población trans y travesti por parte de los legisladores. Claramente no todos, pero sí en su mayoría. Ahora bien, el estigma y la discriminación siguen a la orden del día. Las políticas afirmativas o leyes como las enumeradas, por sí solas no son suficientes para erradicar la violencia transfóbica. Se necesita un compromiso real de la sociedad en su conjunto y fuertes políticas públicas en educación, salud, trabajo, medios de comunicación, justicia y deporte. Sobre todo en momentos en los que vivimos, donde volvemos a escuchar personajes en el mainstream mediático que retroceden años de trabajo y desconocen la existencia de las identidades trans ridiculizándolas y deshumanizándolas.

El derecho a una vivienda digna también es uno de los más vulnerados en todo el país para esta población. Un ejemplo: en Neuquén y Río Negro, el 45% de las mujeres trans manifestó tener problemas para alquilar, fundamentalmente a causa de la discriminación.

–Quienes se oponen a este tipo de normas o, por ejemplo, a la reparación histórica de las sobrevivientes de más de 40 años, argumentan que “privilegian a un grupo específico de la sociedad”. ¿Qué les responderías?

–Las medidas afirmativas, como la ley de cupo laboral o la reparación histórica, tienen como objetivo dar una respuesta concreta y efectiva a un sector que precisamente no es privilegiado. Por el contrario, estas normas vienen a reconocer la vulneración de un derecho y proponen una medida que devuelva, en este caso, a la población trans travesti la posibilidad de vivir una vida mejor, como la de cualquier otro ciudadano.

–¿Cuál es el panorama en otros países respecto a la calidad y expectativa de vida de esta población?

–En América Latina no hay países que se destaquen por tener considerablemente mejores índices respecto de la expectativa de vida. Si bien algunos en distintas regiones del mundo reconocen el derecho a la identidad de género, no todos lo hacen como la ley argentina y siguen imponiendo requisitos de carácter judicial o médico. La discriminación hacia las personas trans lleva siglos y revertir esa situación no alcanza solamente con leyes, sino que requieren cambios sociales. Pero la magnitud del daño que se le hizo a población travesti trans es tal que van a necesitarse varias generaciones para pensar en una igualdad real con las personas cis.

–Saliendo específicamente de la población travesti trans, ¿cómo ves hoy la problemática de los crímenes de odio en la Argentina contra la comunidad LGBTIQA+?

–En lo que va del 2022 hay registrados 10 crímenes de odio. La violencia se ha recrudecido y la Justicia sigue siendo lenta en las respuestas. Lo que sí logramos desde las organizaciones es visibilizar y exigir reparación y justicia por esas muertes. Figuras como el travesticidio o el crimen de odio ahora son reconocidas.

Más información

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Dónde pedir ayuda

Línea 144. Se puede llamar gratis desde todo el país, durante las 24 horas, para recibir atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género.