Crímenes de odio: qué son y cuáles son las cifras en la Argentina

Tiene 20 años y el domingo a la tarde caminaba tranquilamente hacia su casa, por las calles de Madrid, cuando fue atacado por ocho encapuchados. Después de golpearlo e insultarlo, le bajaron los pantalones y le marcaron con un cuchillo la palabra “maricón” en los glúteos. Pero este episodio de violencia no es un hecho aislado. También España, en julio, el asesinato a golpes de Samuel Luiz, de 24 años, en La Coruña, conmocionó al país ibérico y al mundo entero. Samuel trabajaba de auxiliar de enfermería y era gay.

Los crímenes de odio no reconocen fronteras. En la Argentina, hay al menos entre 10 y 15 por año, además de decenas de ataques contra la población LGBTIQA+. Los datos corresponden al relevamiento de distintas organizaciones de la sociedad civil, ya que el Estado no lleva un registro. Los casos de Tehuel de la Torre (que lleva desaparecido desde marzo) y Enzo Aguirre son algunos de los más recientes. Se consideran que son de odio porque están motorizados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas y, si bien el asesinato es la forma más extrema de esta violencia, las agresiones pueden incluir desde golpes hasta discriminación en ámbitos como el sistema de salud o educativo. La efectiva implementación de la Ley Micaela (de capacitación obligatorio en género para los integrantes de los tres poderes del Estado) y de Educación Sexual Integral (ESI), son algunos de los principales reclamos de los referentes.

“Es importante entender que los crímenes de odio son un fenómeno social y que lo que pasó en España es algo que se replica a nivel global”, subraya Francisco Cotado, abogado del Área Jurídica de la organización 100% Diversidad y Derechos. En ese sentido, el especialista señala que si bien hay algunos casos que tienen más trascendencia que otros en la agenda mediática, “todos dan cuenta de que sigue habiendo muchos prejuicios sobre la orientación sexual y las identidades de género no hegemónicas”, es decir, las que no se adaptan a lo que se espera socialmente de las personas: que sean heterosexuales y cisgénero (que se identifiquen con el género que se les asignó al nacer). Las más afectadas son las mujeres trans, travestis y transexuales.

Crímenes de odio o por prejuicio son dos formas de referirse a este tipo de delitos. “Hay una discusión interesante entre los dos términos porque a la hora de ir a un juicio, por ejemplo, en el crimen de odio se hace foco en la sensación de una persona, algo que es muy difícil de probar”, detalla Cotado. Por eso, explica que se habla también de crimen por prejuicio, ya que eso permite hacer referencia “a los síntomas de una sociedad donde es el contexto el que me va a dar herramientas para mostrar tanto la motivación, como el que la víctima es fungible: podría haber sido esa persona como cualquier otra con sus características, ya que el crimen ocurrió por su pertenencia a un determinado grupo”.

Muertes evitables

Según el último Registro Nacional de Ataques y Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBTIQA+ y trans/travesticidios sociales, del Observatorio MuMaLá “Mujeres, Disidencias, Derechos” y de la agrupación Libres y Diverses, en 2020 hubo 13 crímenes de odio y 104 ataques contra integrantes de la comunidad LGBTIQA+. Por otro lado, se produjeron 99 trans y travesticidios sociales, como se conoce al “conjunto de exclusiones que se dan hacia la comunidad travesti trans”: desde la imposibilidad de acceder a la educación como al sistema de salud o a un trabajo digno, lo que repercute en que estas mujeres actualmente tengan una expectativa de vida de 35 años.

Del total de los crímenes y ataques de odio relevados por dicho observatorio, el 61% de las víctimas eran travestis y mujeres trans; el 26% gays; el 9% lesbianas; el 3% varones trans y el 1%, personas no binarias. Por otro lado, en el 84% de los casos se trató de violencia psicológica; en el 52% de violencia física; en el 26% de simbólica; en el 21% de económica y en el 4% de sexual. El 75% de las víctimas sufrió más de un tipo de violencia y el 38% necesitó de atención médica.

Con respecto a los agresores, el 32% eran desconocidos de la víctima; el 28%, conocidos (vecinos, compañeros de estudio o trabajo, entre otros); el 25%, miembros de alguna de las fuerzas de seguridad; el 7%, profesionales de la salud y el 3% de la educación, entre otros. Sobre los principales lugares donde se produjo la agresión, el 34% de los casos ocurrió en la vía pública; seguido por la vivienda de la víctima (16%) y las instituciones policiales (15%).

Por su parte, estadísticas de La Rosa Naranja muestran que durante el año pasado fueron asesinadas 10 mujeres travestis y trans por crímenes de odio: Roberta, Karly, Vanesa, Melody, Priscila, Alejandra, Yoelin, Francesca, Tamara y Alejandra eran sus nombres. En promedio, sus edades iban entre los 39 y 42 años. Además, relevaron 97 travesticidios sociales. “Se trató de muertes evitables, donde la discriminación y la exclusión social, política, económica, cultural, son responsables de lo sucedido”, denuncia Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja. Y agrega: “Nuestra comunidad siempre fue una población a la que se excluyó de todo derecho. Ignorar la extrema vulnerabilidad por la que atravesamos nos deja al desamparo y en el olvido, obteniendo solamente una violencia estructural que todavía sigue siendo sostenida”.

Tobaldi describe a los crímenes de odio como aquellos donde “un sujeto decide terminar con la vida de una persona que piensa que no sirve para nada”. “Recién estamos a mitad de año y ya llevamos relevados siete crímenes de odio. Es alarmante”, señala. Hace hincapié en cómo cada vez está más instalado el concepto del homoodio, lesboodio, transodio, entre otros, hacia las diversidades, en lugar de lo que antes se llamaba, por ejemplo, “homofobia”. “Fobia es cuando vos le tenés miedo algo, como a la altura. Acá estamos hablando de otra cosa”, subraya.

La referente reflexiona acerca de cómo “las sociedades no evolucionan de la misma manera que las leyes” y considera que en el proceso de conquista de derechos, la inclusión de las diversidades en todos los ámbitos de la sociedad juega un rol clave. “Desactivar esa violencia tiene también que ver con hacerle frente a una construcción cultural desde lo mediático, desde el colegio. Por eso la ESI es fundamental y hay muchos aportes que se pueden hacer en ese sentido”, sostiene Tobaldi.

Subregistrados

En la Argentina y, según explica Cotado, en 2012, la ley Nº 26791 modificó el artículo 80 del Código Penal, considerando como agravantes en los homicidios al odio por la orientación sexual, identidad o expresión de género de la víctima. “La reforma también incluyó el agravante por estos mismos motivos en los casos de lesiones graves”, agrega el abogado.

Para el especialista, sería clave que el Estado cumpla con su obligación internacional de llevar un registro de crímenes de odio, lo que le permitiría implementar políticas públicas con base en esa información. “Al no haber un criterio unificado por el Estado de los casos considerados como crímenes de odio, ese trabajo lo hace la sociedad civil que tiene distintos criterios. Hay un subregistro de estos delitos”, señala Cotado, y agrega que los casos donde una jueza o juez sentenció que hubo un homicidio o lesiones graves agravadas por odio, se cuentan con los dedos de una mano. El más conocido es el de la reconocida activista Diana Sacayán, que hasta el día de hoy no cuenta con sentencia firme.

Como los crímenes de odio son un fenómeno mundial tan grave como complejo, los distintos sistemas de protección de derechos humanos intentan darles respuestas. En nuestro caso, Cotado detalla que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos creó en 2013 la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBT+, que entró en funcionamiento en 2014 y, un año después, elaboró un informe sobre los distintos tipos de violencia hacia esa población, analizando el fenómeno de los crímenes por prejuicio.

En el ámbito local, en 2015 en la Argentino se creó la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las mujeres (UFEM) y personas LGBT+. “Viene haciendo un trabajo muy bueno elaborando protocolos e informes con esta perspectiva de diversidad sexual e identidad de género que sería importante que empiece a permear en distintos ámbitos del Estado y que sea transversal a todo el Poder Judicial”, señala el abogado. “Nosotros intervenimos en muchos casos de crímenes de odio, como el de Tehuel de la Torre, que aún no aparece, y el de Enzo Aguirre, asesinado en un departamento en Retiro. Con suerte tienen algún impacto mediático, pero que no quedan registrados como tales en las carátulas de los expedientes judiciales”, agrega.

Por eso, Cotado considera que sería fundamental que el Poder Judicial tenga una perspectiva transfeminista, contando con capacitaciones tanto para los operadores del sistema como en los ámbitos universitarios para la formación de sus futuros integrantes. “Las discriminaciones aparentemente más pequeñas son un eslabón que forman parte de una cadena más amplia que puede desencadenar en un crimen por prejuicio u odio. Por eso, el trabajo está en prevenirlas”, concluye.

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