Conseguir vacante escolar: trámite para algunos, odisea para otros

Llega fin de año y muchas familias empiezan a buscar escuela para sus hijos e hijas. Aquellas que optan por la educación de gestión privada no enfrentan mayores dificultades: solicitan entrevistas en las que están por su barrio, visitan sus instalaciones y averiguan sobre el nivel académico, los horarios y las cuotas mensuales. Para que la vacante esté asegurada, solo les queda elegir una y realizar los trámites de inscripción.

Pero cuando esa vacante es para un niño o niña con discapacidad, el proceso es radicalmente distinto: no es ni tan sencillo, ni tan lineal. Para estas familias conseguir un lugar en una escuela privada es una verdadera carrera de obstáculos, un sinfín de negativas y pretextos que conducen a la extenuación y al desgaste. Argumentos como "no hacemos inclusión", "no tenemos vacantes" y "su hijo o hija no es para esta escuela" están a la orden del día en las entrevistas de admisión.

Por kafkiano que parezca, muchos padres y madres deben recorrer 20, 30 y hasta más de 40 colegios hasta dar con uno que acepte a sus hijos. Con el cuerpo cansado, el ánimo por el suelo, la frustración por las nubes y el tiempo que se agota, terminan en una escuela especial o en una general que queda lejos de sus hogares. No se pueden dar el lujo de elegir dónde quieren que sus niños se eduquen.

Incluir estudiantes con discapacidad no es un acto de buena voluntad, sino una obligación de todas las instituciones educativas, públicas y privadas. Los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos ya lo dijeron: negar la matrícula por motivos de discapacidad es un acto de discriminación que viola el derecho a la educación inclusiva, reconocido por el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado con jerarquía constitucional en nuestro país.

Sin embargo, en un claro síntoma de anomia, los rechazos de inscripción se producen y reproducen una y otra vez en todo el país, frente a autoridades que miran para otro lado y toleran la ilegalidad. Recientemente, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA (CDH) iniciamos una acción judicial solicitando que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la implementación de mecanismos de control y reclamo eficaces, y la aplicación de sanciones para evitar las negativas de matrícula basadas en la discapacidad. Lo que la justicia decida en los próximos meses será fundamental para definir si la Ciudad avanza hacia un sistema educativo inclusivo o si las escuelas privadas porteñas continúan actuando al margen de la ley.

Son muchas las preguntas que surgen cuando escuchamos estas historias de rechazo. Podemos preguntarnos por qué nos escandalizaríamos si se excluyera de la escuela a una persona por su género, su apariencia o su cultura, pero nada nos sucede, en cambio, cuando se la excluye por su discapacidad. Podemos preguntarnos qué hace que concibamos esta práctica como algo natural y no como lo que es en verdad: un apartheid educativo que subsistió en el tiempo. Podemos preguntarnos si queremos escuelas que enseñen a segregar y docentes que seleccionen alumnos "modelo", o espacios de puertas abiertas en los que todos y todas se sientan aceptados, y docentes capaces de educar en contextos heterogéneos. Podemos preguntarnos cuál es el fin de la educación: si preparar para el mercado y la competencia, o enseñar a vivir con el otro.

Millones de niños y niñas (con y sin discapacidad) en todo el mundo están quedando fuera de las escuelas por no ajustarse a perfiles definidos como "normales" o "deseables". En el siglo XXI, la educación debe abandonar su impronta homogeneizante propia del siglo XIX y desaprender la exclusión, la estigmatización y el prejuicio para aprender el valor de la diversidad. Solo cuando logre hacerlo, podremos hablar de una ciudadanía global y construir una sociedad más justa e inclusiva en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades.

*Abogada y coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ.

Celeste Fernández

LA NACION

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