Controlarán que las colegios privados no discriminen: “Ahora las familias no van a pasar por lo que nosotros sufrimos”

“¿El nene es violento? ¿Qué tiene?”, le preguntó la directora de un colegio privado porteño a Ariadna, mamá de Benjamín, en medio de una entrevista de admisión a primer grado.

A Benjamín, de 7 años, le gusta la música y ver obras de teatro, se enoja si se cambia su rutina y se maravilla con los caballos. Fue diagnosticado con el síndrome de Prader Willi, lo que explica su retraso madurativo y sus problemas para movilizarse, es amado por su familia y tiene el pelo siempre despeinado, libre.

Ese día, en esa escuela, Benjamín estaba sentado al lado de su madre y frente a la mujer que hacía preguntas sin mirarlo. Cinco minutos después, esa mujer les decía que no, que no había cupo para un niño con discapacidad. Y esa misma respuesta, de diferentes maneras, es la que recibiría en otras 30 escuelas privadas porteñas más.

Lo que cuenta a LA NACION Ariadna González Naya ocurrió hace siete años. Benjamín, hoy de 14, finalmente cursó la primaria en un colegio especial y no en una escuela común, como pretendía su familia. Su historia se parece mucho a la de cientos de niñas, niños y adolescentes que por su diagnóstico les rechazaron la posibilidad de ingresar en escuelas privadas comunes de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de las consultas y denuncias de los padres, el Ministerio de Educación porteño jamás medió para ayudarlos.

Eso, hasta ahora. Es que el Gobierno porteño, desde este mes, tiene la obligación de aplicar las políticas públicas que acordó junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que no se discrimine a los chicos con alguna discpacidad.

Esas políticas fueron consensuadas y trazadas entre la cartera de Educación porteña y ACIJ, luego de que esta organización demandara a la Ciudad hace cuatro años con un documento que incluía, entre decenas de casos, el de Benjamín.

La demanda de ACIJ y las familias había sido presentada en 2019 junto a una medida cautelar para que se actúe prontamente. En septiembre del 2020 se dio lugar a la cautelar, y la justicia dispuso una serie de acciones más urgentes, como los canales de denuncia y el protocolo sugeridos por la organización.

En junio 2022 la Justicia dictó sentencia y le ordenó al Gobierno porteño tomar medidas para que las escuelas privadas no rechacen a chicos con discapacidad. Ante esto, ese mismo mes, la Ciudad apeló con este argumento: “La sentencia es arbitraria, ya que la Justicia resolvió sin elementos probatorios y omite los informes del GCBA”.

“Pero sí había pruebas. Los actos de discriminación no eran aislados, eran sistemáticos y reiterados”, explica a LA NACION la abogada Celeste Fernández, directora adjunta de ACIJ, y confirma que finalmente, en noviembre de 2023, se firmó el acuerdo, y en febrero de este año fue homologado oficialmente.

En las últimas semanas de marzo, la Ciudad terminó de cumplir con el trazado de las normas convenidas y su instrumentalización para que, por ejemplo, la cartera de Educación les brinde un acompañamiento a las familias en el proceso de inscripción o denuncia ante un caso de discriminación.

Desde el Ministerio de Educación porteño, liderado por Mercedes Miguel, prefirieron no hacer comentarios al respecto al ser consultados por LA NACION sobre el acuerdo.

De qué se habla cuando se pide inclusión

Antes de este convenio, ya existía un marco normativo que aseguraba la no discriminación y la inclusión en el sistema educativo común público y privado de los chicos con discapacidades. A nivel nacional, está la Resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación. En el ámbito de la Ciudad, eso está garantizado por la Ley 2.681, de 2008. Además, es un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional de Naciones Unidas ratificado por la Argentina.

“Si bien las situaciones de discriminación pueden ocurrir tanto en escuelas de gestión pública como privada, en estas últimas las negativas se dan más. Se invoca su derecho de admisión, además de que tienen mecanismos de inscripción más discrecionales y menos transparentes”, indica Fernández.

“Antes de este convenio no había nada que controlara realmente la no discriminación. Las familias estaban libradas a su suerte cuando buscaban escuela para sus hijos. Iban a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Ciudad (DGEGP) para preguntar en qué colegio común podían inscribir a sus hijos y les daban una lista de colegios especiales. Ya desde un primer momento estimaban que era imposible que ingresaran a uno común”, explica Fernández y destaca los puntos principales del acuerdo:

• El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Escuelas Privadas, garantizará el acompañamiento y la asesoría legal a las familias con chicos con discapacidades en el proceso de inscripción en el régimen escolar común privado.
• Aplicar las sanciones a aquellos establecimientos que discriminen.
• Capacitar a los supervisores de las escuelas para que se formen en el derecho de la educación inclusiva y así puedan acompañar a las familias; además para que controlen el cumplimiento de las regulaciones del Ministerio de Educación en ese sentido.
• La difusión de la guía para las familias que quieran que sus hijos con discapacidad accedan al sistema privado de educación.
• La disposición y difusión de canales de denuncia:

• De manera presencial en la sede el Ministerio de Educación, de lunes a viernes de 10 a 14, en Perette e Islas Galápagos, donde cuentan con personal capacitado para la atención de personas sordas e intérprete en lengua de señas. También en las Unidades de Atención Ciudadana (UAC), situadas en las sedes de las comunas.
• Por correo electrónico: denunciasmatriculacion.dgegp@bue.edu.ar
• Por teléfono: 0800-333-3382 - Opción 5 (lunes a viernes de 9 a 17).
• La denuncia mediante videollamada en la plataforma BA Cara@Cara, con la asistencia -en caso de ser requerida- de intérpretes en lengua de señas.
• A través de la plataforma de Trámites a Distancia.

Si bien Benjamín hoy cursa el 1° año del secundario en una escuela especial, Ariadna rescata: “Con este convenio las familias que ingresen al sistema escolar no van a pasar por lo que nosotros sufrimos. Que haya un organismo de control es un paso importante. Cuando una tiene un hijo con discapacidad te dan un diagnóstico médico, cómo tratar su salud y chau. En el resto de los ámbitos de su vida no hay una hoja de ruta, no tenés guía, es un trabajo artesanal y todo es soledad”.

Por qué se debería “incluir”

“Cuando mi hijo tenía 6 años, como 40 escuelas me dijeron que no podía entrar apenas escuchaban ’autismo’. No me daba cuenta de que eran excusas, pensaba que la equivocada era yo”, cuenta a LA NACION Natacha Gedwillo, que es mamá de Iñaqui, un niño de 13 años con una condición del espectro autista y quien también, como Benjamín, hoy se encuentra cursando en un escuela especial.

Ariadna y Natacha coinciden en preguntarse cuánto les habría ayudado la educación común a sus hijos y cuánto esa inclusión a sus compañeros sin discapacidades.

“Benjamín estuvo un año en un colegio común, en lo que sería un preescolar. Los compañeros lo adoraban, sabían cuando él estaba bien, cuándo estaba mal, respetaban sus tiempos. En la escuela especial esa interacción que había empezado a lograr con compañeros no existe. No se festejan los cumpleaños, con lo importante que es eso para un chico, aunque parezca una tontería”, ejemplifica Ariadna.

Si bien ambas coinciden en que “la educación común no siempre es la adecuada para todos los chicos con discapacidades” ya que depende del tipo de diagnóstico que tengan, destacan que sería importante que haya una suerte de diálogo entre las dos formas de enseñanza.

“La educación común y la educación especial siempre fueron por carriles separados y creo que deberían integrarse. Si en la especial saben más sobre lo que puede servirle a Iñaqui para aprender los números, en la educación común está con otros pares, que son diferentes y que al relacionarse con él le pierden el miedo y en un futuro, cuando se encuentren con personas como él, no van a relacionarse de manera agresiva o esquiva, que es lo que se hace ante lo que uno no conoce”, dice Natacha sobre su hijo, que ve con ella series de Netflix y es muy observador.

Los profesionales de ACIJ que estudian lo que es educación inclusiva y que se pusieron al hombro el convenio con la Ciudad, afirman que aún falta mucho por recorrer. “El sistema pide que los pibes se acomoden al sistema, cuando debería ser al revés”, dice la abogada y admite que hay resistencia de docentes y directivos a la hora de recibir alumnos con discapacidades por diversas razones, pero que “muchas veces es por desconocimiento y falta de herramientas”.

Por eso señala que “hay un déficit de políticas públicas, un Estado que se fugó, y una formación docente que debería reformularse para que ambos sistemas, el especial y el común dialoguen para que el chico aprenda”.

Ariadna habla de un caso. Una docente de grado se enojó con la maestra de apoyo de uno de sus alumnos. Como el niño tiene un retraso madurativo, la maestra le explicaba de otra manera matemáticas. El resto de los niños comenzó a preguntarle a ella lo que no entendían.

“En vez de trabajar juntas para encarar cómo enseñar determinados temas, trabajaban aisladas y es una pena. No todos los chicos aprenden igual, tengan una discapacidad o no”, dice Ariadna.

Natacha suma: “Ante esta gran crisis de la educación, en la que los chicos no aprenden matemáticas, no entienden textos, la discapacidad propone ver la enseñanza de otra manera. No todos los chicos son iguales, ni mi hijo, ni los chicos sin discapacidades. Hay que permitir esas diferencias para resolver los problemas, para entender al otro”.

MAS INFORMACIÓN

• Guía para las familias que quieran que sus hijos con discapacidad accedan a la educación privada: se puede descargar desde aquí.
• Información sobre educación inclusiva: www.porunaeducacioninclusiva.org

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