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Discapacidad: ¿Por qué se renueva el certificado?
Son los más vulnerables de todos. Las personas con discapacidad que viven en contexto de pobreza, son los que más sufren la falta de acceso a derechos básicos como salud, educación y trabajo. Algunas ni siquiera acceden al certificado único de discapacidad (CUD). "Sí, en algunos casos sucede por desconocimiento, porque están alejados, porque les resulta inaccesible la junta o porque no quieren. No obstante, desde la Agencia se trabaja en la mejor difusión, comunicación y articulación con las provincias y CABA para favorecer el acceso a este documento público porque entendemos que es un instrumento de inclusión", explica Alejandra Frey, Directora Nacional de Políticas y Regulación de Servicios. Agencia Nacional de Discapacidad.
Con el objetivo de identificar a la población con CUD en contextos desfavorables desde este organismo se hicieron modificaciones al protocolo de evaluación del CUD para saber cuántas son, qué necesidades tienen y cómo el Estado puede llegar a ellos.
-El Indec reveló que son 3.571.983 las personas con discapacidad en el país. De éstas, ¿cuántas tienen el certificado?
Son dos conceptos distintos. El último estudio del Indec señala que el 10,2% de los argentinos tiene algún tipo de discapacidad, . Estas son personas que se autoperciben con algún tipo de dificultad pero que no necesariamente fueron evaluadas por una junta interdisciplinaria que certifique la existencia de discapacidad . Y en este momento, en nuestro Registro Nacional de Personas con Discapacidad, son 1.216.671 las personas certificadas activas, que tienen el CUD vigente. El trámite para certificar es voluntario, nosotros no vamos a buscar personas con discapacidad pero sí buscamos favorecer el acceso de aquellos que lo requieren.
-Hay muchas personas que se quejan porque tienen una discapacidad permanente y tiene que ir igual a renovarlo. ¿Cuál es el sentido de esto?
La respuesta es que nosotros nos corrimos del paradigma médico y que la reevaluación es necesaria porque todas las personas cambiamos a lo largo de nuestra vida y porque entendemos a la discapacidad como un concepto dinámico y multidimensional. Con el paso del tiempo podemos tener cambios en nuestro funcionamiento, en las necesidades prestacionales, agravamientos o haber mejorado en algún aspecto. Por eso tiene sentido que la persona tenga la posibilidad de ser reevaluada para conocer la situación en la que se encuentra y a su vez esto le permite al Estado contar con datos para el diseño y ejecución políticas publicas basadas en las necesidades de esta población.
- Es una mirada más integral de las persona con discapacidad…
Claro, más humana. Es una mirada centrada en la persona y en su contexto en armonía con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que en nuestro país tiene jerarquía Constitucional.
-¿Por qué fue necesario modificar el protocolo de evaluación?
En marzo de 2018, el Ex Servicio Nacional de Rehabilitacion se integra a la Agencia Nacional de Discapacidad, conformando la actual Dirección Nacional que incluyó dentro de los objetivos la actualización del protocolo de evaluación y valoración de la discapacidad. Este protocolo releva toda la información que la junta evaluadora interdisciplinaria requiere al momento de evaluar a una persona para decir si certifica o no discapacidad. Esta modificación permitió incluir variables como el género, la dependencia , el origen de la discapacidad y aporta información acerca de contextos desfavorables. Desde el 3 de septiembre de 2018 (fecha de implementación del Nuevo Protocolo en todo el país) hasta la actualidad, han certificado un total de 216.000 personas. Estamos trabajando en el análisis de estas nuevas variables de las cuales próximamente tendremos información a nivel país.
-¿Qué variables se tienen en cuenta para definir que una persona está en situación de vulnerabilidad social?
En una primera instancia es declarativo de la persona hacia la junta evaluadora y se les pregunta por aspectos vinculados a la vivienda, si tiene trabajo, aspectos educativos y si tiene cobertura médica. Con el fin de poder contrastar la información declarada por la persona y cargada en el protocolo, realizamos una prueba piloto de abordaje territorial en el municipio de Lanús en aquellos casos que arrojaron información de contextos desfavorables.
-¿Cómo los recibió la gente y con qué se encontraron?
Capacitamos a las trabajadoras sociales para que pudieran ir casa por casa. Fuimos a relevar 93 casos de los cuales el 35% se negó a abrirnos la puerta. El equipo de trabajadoras sociales en sus visitas domiciliarias, constató la existencia de mayores dificultades que las declaradas, como por ejemplo que había más miembros con discapacidad en el mismo grupo familiar. Vimos muchas necesidades a nivel salud, por ejemplo prótesis o algún tipo de ayuda técnica e intentamos atender esas necesidades rápidamente a partir de la articulación entre los estados Municipal, Provincial y Nación. También ayudas técnicas que resolvimos desde la Ley de Cheques o faltantes de medicación.
-¿Hubo algún otro hallazgo en los datos que les sirvió para trabajar en la prevención?
El origen de la discapacidad , adquirida o congénita, era información que no se relevaba. A un año de la aplicación del nuevo protocolo, lo que hoy nos arrojan los datos preliminares es que un 40% de las personas que certificamos tienen discapacidad adquirida, y de ese 40%, un 10% es producto de un accidente de tránsito y 60% por enfermedades. Eso lo que nos muestra es que hay mucho por trabajar en prevención de situaciones potencialmente discapacitantes.
-Cuando se creó la Agencia Nacional de Discapacidad hubo una fuerte crítica por la baja indiscriminada de pensiones no contributivas. ¿En qué quedó este tema?
Hay mucha confusión en este tema, incluso dentro del mismo Estado. No es lo mismo invalidez que discapacidad. No hay que confundir el Certificado Médico Obligatorio (CMO) para obtener una pensión contributiva que el certificado de discapacidad. La invalidez es laboral pero eso no quiere decir, necesariamente, que tengas una discapacidad. Porque la discapacidad no está dada por una condición de salud sino que es un concepto genérico que no solo abarca el concepto de salud sino el perfil de funcionamiento de esa persona.
-¿Cuál fue la confusión entonces?
Lo que se distorsionaron fueron las pensiones no contributivas que eran vitalicias, y no se volvían a evaluar. Pero vos cambiás como personas. Si vos cobrás una pensión, no quiere decir que necesites cobrarla toda la vida. Frente a una situación de vulnerabilidad, era el recurso más rápido para tener ingresos y una cobertura. Lo que es obligación del Estado es saber si vos has otorgado un servicio a alguien que lo necesita. Cuál es la mecánica, cómo se define, eso tenemos que revisarlo porque estás tocando a una población sensible. Lo que sí se ha hecho es solicitar a las personas que estaban cobrando la pensión no contributiva que se acerquen para hacer otro certificado médico obligatorio. El objetivo es que no la cobre una persona que tenga como diagnóstico alergia porque quizás lo que necesita es otra cosa.
-¿Cuáles son los principales prejuicios que ven a nivel social en relación a la discapacidad?
En nuestra sociedad lo diferente ha sido motivo de prejuicios, burlas y discriminación por desconocimiento, por miedo. La Argentina ha hecho enormes avances en materia de Derechos Humanos, y uno de ellos es no solo haber adherido como país a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad , sino haberle otorgado jerarquía Constitucional por la Ley 27.044. Este hito es a mi entender el camino para deconstruir este imaginario y entender que la discapacidad es transversal a nuestra vida. Lo distinto, lo diferente es parte de todos nosotros.
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