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El Senado tiene un proyecto para ayudar a combatir el abuso infantil
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La iniciativa busca que se puedan investigar de oficio las denuncias de violencia sexual contra menores de 18 años; cuenta con media sanción y permitiría más condenas
El caso de las redes de pedofilia denunciadas en clubes del fútbol argentino permitió visibilizar un delito con cifras tan impactantes como silenciadas para la población en general. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años, con el círculo familiar como escenario recurrente. "Significa que en nuestro país hay potencialmente 1.97 millones de víctimas", alerta Paula Wachter, directora de Red por la Infancia, ONG que brinda ayuda y orientación a los familiares de los chicos agredidos.
"La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es uno de los delitos más sub reportados, invisibles e impunes", destaca Wachter, quien luchó para proteger a sus propias hijas y hace años busca difundir esta problemática y lograr cambios efectivos para combatirla. Con ese fin, junto a la diputada nacional Carla Carrizo, dieron forma a un proyecto de ley para superar una de las barreras que hoy separan a las víctimas de la justicia, que ya tiene media sanción y que aguarda a ser debatido por la Cámara de Senadores, adonde ingresó hace casi cinco meses.
La iniciativa modifica el artículo 72 del Código Penal, para que el abuso sexual en menores de 18 años deje de ser un delito de acción privada y pase a ser uno de acción pública. "Es un pequeño cambio con un alto impacto para la infancia", resume Carrizo, del bloque Evolución Radical y presidenta de la Comisión Bicameral para la designación del Defensor del Niño. Se trata de que, ante una denuncia, la justicia pueda actuar de oficio, sin necesitar el consentimiento de los padres o tutores. "No queda a criterio de la familia si ese niño puede ejercer su derecho a una vida libre de violencias, el Estado debe garantizarlo", agrega Wachter.
El proyecto que los senadores tienen en sus manos –el 29 de noviembre ingresó a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales– va en sintonía a lo dispuesto por el nuevo Código Civil, que reemplazó la figura de la patria potestad por la de responsabilidad parental. "El niño –indica Wachter– es titular de derecho, no es patrimonio de la familia, y no se puede anteponer el vínculo familiar sobre su integridad".
Por la redacción vigente del artículo 72, frente a una denuncia de este tipo, la justicia sólo actúa si hay una ratificación del responsable parental, algo que ocurre en muy pocos casos. En gran medida, esto se explica porque la mayoría de los abusos ocurren en el ámbito familiar y de allegados. "Sólo uno de cada 10 denuncias termina en condena. O sea, para el 90% de los niños que son víctimas en Argentina, no hay justicia", asegura Carrizo. Por eso, pidió que el Senado trate con urgencia la modificación, que fue respaldada por una amplia coalición de entidades que bregan por los derechos del niño, y que Diputados aprobó en noviembre de 2017 por clara mayoría. La Red por la Infancia lanzó una petición en la plataformaChange.org para juntar firmas bajo la consigna "pedile a los senadores que aprueben la ley".
Wachter grafica la situación con un ejemplo: "Hoy, si alguien atropella con un auto a tu hijo, el Estado no te pregunta si lo dejás investigar, lo hace, es su obligación porque se atentó contra un ciudadano. Pero si hay un abuso sexual a tu hijo, la Justicia te pregunta si puede investigar, porque en el fondo se considera que es algo de la esfera privada, donde el Estado tiene que ir pidiendo permiso para ver si garantiza o no derechos". Desde su propia experiencia, afirma que "va a depender en gran medida del adulto protector llevar adelante por sí mismo el proceso, sortear las barreras; en un proceso que revictimiza permanentemente y garantiza la impunidad de los agresores".
Una agenda para la infancia
Entre noviembre de 2016 y febrero último, el programa "Las Víctimas contra las Violencias", del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, atendió los casos de 2094 menores que sufrieron abuso sexual (68,6% de los contactos recibidos). Del total, 7 de cada 10 fueron niñas y, de ellas, el 38% tenía menos de 11 años. La forma frecuente de victimización sexual fue el tocamiento seguido de violación. En el 64% de los hechos, los agresores estaban en el ámbito familiar (padre, padrastro, tío, abuelo), pero trepa al 80% si se suman los allegados (vecinos, amigos). Más allá de esto, los expertos estiman que apenas se denuncia el 10% de los episodios y que la condena llega en uno de cada mil.
Wachter y Carrizo insiste en que si bien las cifras son impactantes y que es mucho lo que falta para un abordaje integral desde el Estado, se vienen dando pasos valiosos. "Lo más importante es visibilizar la magnitud. Creo que ese es el gran cambio cultural. Pasó con las mujeres y está pasando con la infancia", evalúa la diputada, para quien ambos temas suponen comprender que "lo privado es público cuando se trata de derechos". Wachter considera esencial ese debate:"En la medida en que no hablamos de abuso, lo estamos permitiendo, estamos tapando una realidad que atraviesa a todas las clases sociales y tiene consecuencias nefastas".
Una tarea urgente para el futuro Defensor del Niño
La opinión de cuatro candidatos sobre cómo abordar el abuso infantil
Buscar maneras de llevar justicia y reparación a las víctimas de abuso sexual infantil será una de las tareas del defensor del Niño de la Nación cuando finalmente sea nombrado, algo que se espera suceda este año. El puesto está vacante desde 2006 y se le suman 19 provincias donde tampoco fue designado. "Argentina hoy tiene infancias fragmentadas, distintas según las provincias; en algunas está más protegida, en otras, no tiene ni voz ni voto", sostiene la diputada Carla Carrizo, titular de la Comisión Bicameral encargada de seleccionar a uno de los 68 postulantes para ejercer la defensoría nacional. En diálogo con La Nación, cuatro candidatos opinaron sobre cómo mejorar el abordaje del abuso infantil, destacando la escaza formación de los operadores judiciales y la necesidad de garantizar el derecho del niño a ser oído.
El foco en la justicia
Marisa Herrera, especialista en derecho de Familia e investigadora del Conicet, resalta la urgencia de trabajar en políticas de prevención, donde destaca el rol y la capacitación de los docentes, por ser la escuela uno de los principales lugares para detectar los abusos. También subraya el trabajo que debe hacerse para, una vez en el ámbito judicial, no revictimizar a los chicos.
Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, considera que un gran desafío es capacitar a los funcionarios judiciales. "En los expedientes de abuso vemos de qué manera actúan no solo los jueces sino los equipos técnicos de los juzgados, encargados de oír al niño", sostiene Pulido. "No son escuchados, no es tenido en cuenta lo que dicen. Es un problema gravísimo", advirte la candidata. "En esa encrucijada estamos en el Poder Judicial y el defensor tiene mucho que decir", concluye.
Juan Facundo Hernández, abogado orientado en Derechos Humanos y también parte del Colectivo de Derechos de Infancia, insiste en el desinterés por la voz de la víctima. "Un chico de 4 o 5 cinco años, aunque la cámara Gesell donde lo entrevisten esté acondicionada, algo que no siempre pasa, difícilmente le cuente mucho a una persona que vio dos o tres veces", indica. En cambio, señala que "en un espacio de terapia, ante un profesional que está matriculado y obligado a decir la verdad, o en la escuela, ese chico sí puede contar muchas cosas, y sin embargo no se tiene en cuenta en sede judicial".
Para Laura Musa, ex diputada y directora de la Fundación SUR, "que el niño sea oído es que lo sea sustancialmente, y para eso hay que tener buena escucha y deben estar formados todos por los que atraviesa el menor, con su silencio primero y con sus complicaciones para comunicarse". Por eso, plantea que hay que "exigir rigurosidad a quienes van a estar cerca de los niños y sus dificultades".
Dónde pedir ayuda:
Línea 137 - Atiende las 24 horas
Programa de Víctimas contra las Violencias 0800-222-1717 /08002221717@jus.gov.ar
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