Enfrentamiento en La Matanza: “Las tomas violentas y conflictivas son casos aislados”
Tras lo ocurrido el domingo en un predio de la localidad de González Catán, Juan Maquieyra, director de Techo Argentina, explica que el 70% de los barrios populares del país se conformó a partir de “ocupaciones de tipo hormiga”; además, llamó a no desfinanciar un programa nacional de urbanización de villas y asentamientos
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LA NACIONMaría Ayuso
Cinco muertos y cinco heridos de gravedad fue el doloroso resultado del enfrentamiento ocurrido ayer dentro de un predio tomado en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. La magnitud de lo ocurrido hizo que el tema se instalara en el centro de la agenda mediática. En ese contexto, cabe preguntarse: ¿cuán frecuentes son los hechos violentos en contextos de tomas de terrenos? La problemática del acceso a la vivienda en los sectores populares, ¿es una prioridad para la política pública? ¿Qué acciones debería implementar el Estado para evitar futuras tomas?
“Más del 70% de la conformación de los barrios populares de la Argentina se dio de una manera que se conoce como ‘ocupación de tipo hormiga’: una familia o un grupo de familias se asientan en un lugar que estaba abandonado, donde nadie está haciendo uso de la tierra, y después van convocando a otras”, reflexiona Juan Maquieyra, director de la organización social Techo Argentina.
Y agrega: “Es decir, la gran mayoría de estos barrios creció, a lo largo de la historia de nuestro país, de forma pacífica. Esto es importante para no quedarnos con el estereotipo de la toma masiva y con situaciones conflictivas, que son los casos que suelen salir en los medios pero son los menos. Son casos más bien aislados y cuando uno recorre los barrios lo ve de primera mano”.
Según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), publicada el 6 de diciembre, cuatro días antes de la asunción de Milei, en la Argentina hay 6467 villas y asentamientos: ocupan una superficie de 648 kilómetros cuadrados y, en ellos, viven unos cinco millones de personas. Casi un tercio de estos barrios están en la provincia de Buenos Aires: 2065.
El relevamiento de la cantidad de barrios populares es una tarea que inició Techo en 2009. Se llamaba Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI) y la organización lo realizó hasta 2016. En 2017 se convirtió en una política de Estado que, en los últimos años, dependió formalmente de la Secretaría de Integración Social y Urbana, aunque siempre con Techo como unidad ejecutora.
¿Qué alternativas a la toma de tierras pueden ofrecer los gobiernos a los sectores populares que no tienen forma de acceder a una vivienda? Para Maquieyra, ex responsable del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), toda política orientada a solucionar el problema del hábitat en esta población, tiene que tener en cuenta tres componentes. En primer lugar, “una gestión del suelo bien planificada, desarrollada y sustentable”, con un Estado que intervenga en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) “generando suelo urbano con posibilidades de ser adquirido o recibido, según el caso, por familias que puedan desarrollar allí sus viviendas, accediendo a servicios básicos y con conectividad con los lugares de trabajo”.
Según Renabap, el 66% de los habitantes de los barrios populares no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta con agua potable, el 97% no cuenta con red cloacal y el 99% no accede al suministro de gas.
En segundo lugar, que se ofrezcan alternativas de vivienda, construcción y desarrollo, que sean “accesibles para los sectores populares”. Y da un ejemplo: “Desde Techo estamos desarrollando viviendas progresivas que permiten recibir o adquirir una primera etapa de una vivienda, que puede ser un ambiente grande con un baño, por ejemplo, a partir del cual la familia puede progresar a lo largo de los años. Hoy en general se piensa la vivienda de manera muy tradicional, como que tiene que ser construida en ladrillos o con determinados componentes y eso problematiza mucho la posibilidad de que estas políticas tengan escala, porque la cantidad de esas viviendas que el Estado y las familia pueden desarrollar son pocas”.
Por último, considera clave la cuestión del financiamiento: “Tienen que desarrollarse incentivos como para que tanto los fondos públicos como privados puedan canalizarse a las familias, permitiéndoles desarrollar sus viviendas. Estos pueden ser subsidios para aquellas que no tengan ninguna posibilidad, pero también créditos para el desarrollo y mejoramiento de los hogares. Cualquier solución necesita del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado para tener sustentabilidad y escala”.
Con respecto a cómo ve el panorama a corto y mediano plazo y a la posibilidad de que haya nuevas tomas, responde: “Estamos entrando en un año que será difícil en términos económicos y es muy importante que no se desfinancie el Fondo de Integración Social y Urbana, que surgió cuando se creó el Renabap y que es una de las herramientas que tenemos hoy para desarrollar estos barrios y que no se sigan deteriorando”.
Fuera de la agenda
El Renabap es fruto de la ley 27.453 de 2018 (votada por amplía mayoría de sectores políticos), más conocida como ley de Barrios Populares, que promueve la inclusión social y urbana de quienes viven en villas y asentamientos del país. Con ese objetivo, establece que los terrenos habitados que no pertenezcan al Estado nacional serán declarados de utilidad pública y, en consecuencia, expropiados. La norma también frenó los desalojos de los barrios incluidos en el registro hasta 2022 y, hace dos años, mediante un decreto, se extendió ese plazo por 10 años más, es decir, hasta 2032.
Formar parte del Renabap no sólo les otorga a los barrios un paraguas de legitimidad sino que también es el primer paso para que, mediante obras de infraestructura, el Estado los integre al tejido urbano. Además, sus habitantes pueden acceder a un Certificado de Vivienda Familiar, lo cual, además de ampararlos ante un eventual intento de desalojo, les permite tener un domicilio formal, un paso fundamental para acceder a diferentes derechos, desde tramitar servicios básicos, hasta generar el CUIT o el CUIL y, con eso, recibir prestaciones en materia de salud, educación y previsionales.
Respecto a la situación actual del Fondo de Integración Social y Urbana, Maquieyra explica: “Uno de los componentes de la ley ómnibus reorienta el 30% del Impuesto País, que estaba destinado a este fondo, al Pami y al Anses. Si bien entendemos que el Ejecutivo tenga intención de fortalecer a estos organismos, es clave determinar por ley de dónde van a provenir los fondos para los barrios populares”.
Sobre la prioridad que tiene esta realidad en la agenda, el director de Techo reflexiona: “Sólo hablamos de los barrios populares cuando suceden conflictos violentos, que es lo que menos sucede, porque la vida de los barrios populares es la de gente que trabaja, que festeja cumpleaños, que llora y se alegra por las mismas cosas que los vecinos de otros barrios, pero sólo son noticia cuando sucede algo como lo del fin de semana”.
Y concluye: “Si queremos una Argentina donde cada persona pueda desarrollar con plenitud su libertad, lo necesario y urgente es poner el foco en aquellas en situación de indigencia, pobreza y marginalidad habitacional. Para eso hay que ser innovadores, creativos, involucrar al Estado y al sector privado. Hay que hacer un ejercicio de coordinación desde las políticas públicas de hábitat fenomenal y lamentablemente este tema casi no está en agenda. Se necesita tener una política que permita que los chicos y chicas que nacen hoy en barrios populares puedan crecer y desarrollarse libremente”.
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