Inocentes presos: la desesperante experiencia de una condena por error
Información falsa dada por policías, confesiones obtenidas por la fuerza, manipulación de las ruedas de reconocimiento y deficiencias en la custodia de las pruebas son algunas de las prácticas que permiten que existan las causas armadas y las condenas erradas en el país
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LA NACIONMaría Ayuso
Marcos Milla tenía 19 años cuando fue condenado a prisión perpetua por un crimen que no cometió. El suyo no es un caso aislado. De hecho, son muchas las historias de inocentes que terminan presos, producto de un sistema policial y judicial lleno de lagunas.
Una vez ahí, detrás de unos barrotes injustos, los sentimientos que los atraviesan son parecidos: viven en un infierno en el que los días pasan en cámara lenta y al que no le ven salida; se desesperan al pensar que nadie les va a creer, que van a "peinar canas" tras las rejas; sufren al imaginar que nunca van a volver a dormir en sus casas, con sus seres queridos, y no pueden dejar de preguntarse: ¿por qué a ellos?
Cuando lo detuvieron, Marcos era un chico que no sabía ni leer ni escribir, que había vivido toda su vida en la villa Palito, en las entrañas de La Matanza, sin DNI, luchando contra su adicción al paco desde los 12 y sobreviviendo de lo que pedía en la calle. Había tenido problemas con policías en otras oportunidades, pero asegura que siempre se hizo cargo de sus actos.
Esa vez, en cambio, la "ligó de arriba". Fue acusado de participar de un hecho que ocurrió el 22 de noviembre de 2013, cuando cuatro jóvenes se subieron a un colectivo de la línea 97 a robar. Les sacaron a los pasajeros lo que pudieron y antes de huir le dispararon al chofer, quien murió horas más tarde.
Después de pasar casi cuatro años preso, el 30 de octubre de 2017 Marcos fue absuelto y recuperó la libertad. Lo consiguió gracias al trabajo de organizaciones sociales, un cura villero y la Defensoría ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), que demostraron su inocencia y dejaron al descubierto las irregularidades que habían salpicado toda la investigación policial.
"Si no fuera por ellos, mi suerte habría sido otra: no salía más", dice Marcos. "Pasé muchas cosas adentro. Y viví mucha agresión física por parte de la policía y de los mismos internos. Mirá: me lastimaron por todos lados", cuenta, mostrando las cicatrices que le dejó el encierro.
Pero también están las otras, las que no se ven. Sentado junto a su novia, Emilce, el joven agrega: "Le pedí a ella que me sacara un turno con el psicólogo. A veces cuando me levanto todavía pienso que estoy allá, en la cárcel, y digo: '¿En serio pasó todo esto?'. Hoy quiero estudiar, conseguir un trabajo y estar con mi familia".
Algunos de los que "caen" tienen un perfil similar al de Marcos: chicos que viven en villas y asentamientos, generalmente con antecedentes penales. Esos son carne de cañón, pero están los que jamás habían pisado una comisaría, mucho menos una cárcel.
Aunque no hay cifras oficiales de cuántas personas están o estuvieron detenidas por delitos que no cometieron, por causas armadas o condenas erradas, los organismos estatales y las organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajan para liberarlas reciben decenas de casos por año. Coinciden en que esas historias son apenas la punta del iceberg: se trata de una problemática invisibilizada y serían muchos más los casos que no llegan a ver la luz.
La Defensoría ante la SCBA, por ejemplo, lleva desde el 2000 un registro que suma 313 causas armadas por la policía y el servicio penitenciario. Por otro lado, el CELS investigó 19 casos desde 2014; el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal de la Asociación Pensamiento Penal, unos 100 (algunos de los cuales fueron desestimados), mientras que Innocence Project Argentina recibe unas 130 consultas por año (aunque muchas no cumplen con sus estándares de admisibilidad).
Patrones sistémicos
Según los especialistas, hay una serie de malas prácticas enquistadas en el funcionamiento de la policía y el Poder Judicial: patrones sistémicos que son el caldo de cultivo para que un "perejil" termine tras las rejas. Estos van desde información falsa dada por policías y atribuida a testigos de identidad reservada o informantes anónimos, confesiones obtenidas a la fuerza, la manipulación de ruedas de reconocimiento hasta la manera en que se producen, custodian y valoran las pruebas.
Además, advierten que en nuestro país el sistema judicial está pensado de forma tal que llevar adelante la revisión de una condena resulta sumamente engorroso.
"Otro problema es que muchos jueces son sumamente complacientes con este tipo de irregularidades, sobre todo en la utilización desmedida del "testigo bajo reserva de identidad" que fue un instituto pensado y creado para las investigaciones dirigidas al crimen organizado, como el narcotráfico, y no para el delito común, quedando en estos casos, el imputado y su defensa, sin ninguna posibilidad de cuestionar la credibilidad de los dichos que lo incriminan", señala Mario Coriolano, defensor ante la SCBA.
Desde el CELS definen las causas armadas como aquellas en que la policía fragua pruebas (por ejemplo, "plantando" drogas o armas) para imputar un delito inexistente, o donde las investigaciones son dirigidas contra una persona que en realidad no cometió el hecho. "Por otro lado, hay casos en que las técnicas de investigación son realmente muy deficientes, propias de una policía desprofesionalizada, que no permiten dar con el verdadero autor del crimen", explica Florencia Sotelo, abogada de la organización. Casi todos los casos que reciben, son del conurbano bonaerense.
Sotelo considera que hay que poner el foco en las prisiones preventivas, que deberían ser una herramienta excepcional, pero en la práctica se dictan con rapidez y pueden prolongarse hasta cuatro años o más: "La posibilidad de que un juez dé marcha atrás en esos casos es casi nula, porque implicaría reconocer un error judicial muy grave: haber encarcelado a una persona que no es culpable".
Claudio Castro la sacó barata: hoy puede contar su historia en el departamento que alquila con su novia en pleno Once. Pero cuando revive la mañana del 18 de diciembre de 2014, se quiebra. Recuerda cómo a eso de las seis, en la casa donde dormía con su hermano Danilo y dos amigos, lo despertó un ruido de estruendo. En la penumbra, se encontró rodeado de pistolas que lo apuntaban.
"Hacía unos tres días habían matado a un capitán de la policía en el barrio, pero nunca me imaginé que nos venían a echar la culpa a mi hermano y a mí. Cuando nos empezaron a gritar 'asesinos de policías' me di cuenta en la que nos estaban metiendo", dice Claudio, que tiene 36 años, quince hermanos y es del barrio Crucecita, en Avellaneda.
En el comedor los pusieron de rodillas, les pegaron piñas en los oídos y patadas en el estómago. "De repente escucho un sonido de metal y alguien que dice 'acá hay un arma'. Nos la habían plantado", aclara.
Durante un mes, estuvo detenido en tres comisarías diferentes. En la primera, les dieron la "bienvenida". "Nos tuvieron de las nueve de la mañana a las seis de la tarde de rodillas, pegándonos cada diez minutos, arrastrándonos del pelo por todo el lugar. Pensé que de ese día no pasaba", confiesa Claudio.
Él, que no tenía antecedentes penales, que hasta ese momento había celebrado la presencia de la policía en su barrio, sentía que estaba viviendo una pesadilla. "Me acuerdo de mirar por la ventana y ver un cartel de una aseguradora que decía ‘que no se te venga el mundo abajo’. Parecía que me estaban jodiendo", cuenta. "Siempre fui una persona llena de proyectos, me considero un tipo solidario, y no llegaba a entender por qué había terminado ahí. ¿Quién me iba a creer?".
Su familia, vecinos y organizaciones como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el CELS, se movilizaron para pedir justicia, tocando puertas. Según Claudio, esa reacción rápida le salvó la vida. El 9 de agosto fue el juicio: se declaró que los acusados eran inocentes, dejando al descubierto que era una causa armada.
Claudio lo describe como un "ajuste de cuentas" impulsado por un vecino policía, con quien su hermano había tenido varias discusiones -y sido amenazado por una medianera. El subcomisario que les armó la causa, que era amigo de ese vecino, fue luego detenido por regentear la prostitución callejera en Llavallol.
Cuando recuperó la libertad, Claudio formó la Coordinadora contra la Impunidad Policial, una organización que brinda contención y acompañamiento a familiares y víctimas de causas armadas. "Estas son muy graves, porque no sólo le arruinan la vida a la persona inocente que es acusada, sino que destruyen a todo el núcleo familiar", afirma.
Los motivos que pueden disparar el armado de una causa son diversos. Servir como "correctivo" o amenaza por parte de la policía para jóvenes de barrios vulnerables, con el fin de encubrir las responsabilidades de aquella fuerza; ser un método para resolver conflictos personales -como le pasó a Claudio-, o una manera de dar una respuesta rápida ante casos mediáticos son algunos de los más frecuentes.
"Hay una ficción de que solo se condena a culpables. Pero todos los sistemas son falibles y estamos sorprendidos de la cantidad de casos que conocemos de inocentes encarcelados", subraya Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina, la filial local de una organización que nació en Estados Unidos y que trabaja para revertir condenas erradas.
Y agrega: "El sistema no tiene mecanismos establecidos para revisar las condenas irregulares, al extremo de que todos los incentivos son para que no se produzca una revisión". Un ejemplo: para que el inocente condenado pueda tener un sistema más flexible de cumplimiento de la condena se le exige que reconozca un delito que no cometió.
Pagar la boleta
"Mi celda era un cuadrado de dos por dos donde estaba las 24 horas del día: un fuelle, una tele y nada más describe Marcos-. Como tenía perpetua, no me dejaban salir ni a trabajar ni al colegio, porque pensaban que me iba a fugar".
Esos años preso no se los devuelve nadie. Fue el sacerdote Basilicio Britez (el "padre Bachi"), párroco en villa Palito, quien, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza y un hermano de Marcos, le llevó su caso a Coriolano, defensor ante la SCBA.
Coriolano interpuso un recurso extraordinario, al denunciar que se trataba de una causa armada por la policía. Entre las irregularidades del proceso, destacaron que aunque el colectivo estaba lleno en el momento del hecho el único testigo era un agente de la Federal, quien señaló a Marcos en un reconocimiento realizado luego de que le mostraron una foto suya.
Esta es una de las prácticas que los especialistas señalan con preocupación: mostrar a los testigos, como una forma de inducirlos, fotos de los presuntos delincuentes antes de las ruedas de reconocimiento, sin ningún tipo de control o garantía. De hecho, en la comisaría a cargo de la investigación, se secuestraron álbumes con fotografías de jóvenes de la villa Palito, incluyendo menores de edad, las cuales habrían sido utilizadas para imputar falsamente delitos.
Una medida clave para demostrar la inocencia de Marcos y de los otros implicados en la causa fue tomada por la defensora de menores Carla Arrighi, quien citó a declarar a una pasajera del colectivo, cuyo nombre surgió de un informe de usuarios de la tarjeta SUBE pedido por la defensa. En la villa Palito circulaban datos sobre la identidad del verdadero homicida, y efectivamente la testigo lo reconoció como el autor.
Para Coriolano, la problemática de las causas armadas guarda relación con la inseguridad. "La otra cara de la injusticia y tragedia del inocente preso es la impunidad del culpable libre", dice. "El salvoconducto para no tener inocentes en la cárcel lo constituyen las garantías constitucionales y convencionales: cada vez que se debilitan, aumenta exponencialmente la posibilidad de que esto ocurra".
Por su parte, Indiana Guereño, directora del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal de la Asociación Pensamiento Penal, coincide: "Es muy cruel que quienes trabajan en el sistema penal lo hagan con indiferencia, con apatía, y las consecuencias que eso trae. Porque detrás de los expedientes hay personas".
Atados por métodos de investigación precarios
La existencia de reglas claras sobre los estándares de recolección, valoración y conservación de las pruebas en nuestro país es uno de los reclamos de los especialistas. En Estados Unidos, por ejemplo, la evidencia se preserva, lo que no ocurre en la Argentina, donde se destruye cuando está firme la condena (por lo cual, si hay un avance científico -como ocurrió en su momento con el ADN- mientras la persona está cumpliendo la pena, la prueba no se puede revisar).
Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina, agrega que los métodos de investigación que suelen usarse pueden ser muy precarios: "Las pruebas científicas son raras. Los criterios de producción de pruebas generalmente se basan en testigos, que pueden incurrir en errores o ser amenazados".
Uno de los casos en los que intervino Innocence Project Argentina fue el de Belén (ese no es su nombre real), una joven de 25 años que el 21 de marzo de 2014 fue a la guardia del Hospital Avellaneda de Tucumán, acompañada por su mamá, porque le dolía mucho la panza.
Allí, le diagnosticaron un "abdomen agudo". Pero luego tuvo un sangrado y la trasladaron a ginecología, donde los médicos indicaron que se trataba de un "aborto espontáneo incompleto sin complicaciones" y le hicieron un raspaje, explicándole a la madre de Belén que era un embarazo de entre 15 y 18 semanas.
La joven no sabía que estaba embarazada. Cuando recuperó la conciencia, se encontró rodeada de policías: en el ínterin habían encontrado un feto -del que en la autopsia se diría luego que tenía 32 semanas- en uno de los baños de la institución, dentro de un inodoro, y se acusó a Belén de que era su hijo.
Cuando le dieron el alta, la trasladaron a la Unidad Penitenciaria Femenina Nº 4 sin escalas. La condenaron a ocho años de cárcel por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía". Su caso tomó rápidamente alcance mediático.
Estuvo detenida casi dos años y medio. No había ninguna prueba que la vinculara en términos de filiación con el feto encontrado (nunca se les hizo un ADN); tampoco de que ella se hubiese provocado un aborto o matado a su hijo recién nacido arrojándolo por la cañería, como se la acusaba. Según denunciaron varias organizaciones sociales, la joven había tenido, además, una defensa negligente.
La abogada tucumana Soledad Deza se enteró de su historia por medio de la psicóloga que había atendido a Belén en el hospital. La primera vez que fue a la cárcel a buscarla no la dejaron pasar y le dejó una notita: "Te quiero ayudar". "Me recibió un domingo: era un día triste, frío, lluvioso, no me voy a olvidar más", recuerda.
Conmovida, Deza decidió saltar a escena. Tomó el caso, logró el cese de la prisión preventiva y, finalmente, su absolución el 27 de marzo de 2017. A la causa se sumaron 17 amicus curiae (una figura que se traduce como "amigo del tribunal" y permite acercar nuevos argumentos ante la corte), entre ellos el de Innocence Project, además de los pedidos de organizaciones internacionales para su liberación.
"Una de las cosas más llamativas de este caso es que el feto al que Belén le adjudicaron como hijo se perdió. Cuando el fiscal pidió que se le hiciera un estudio de ADN, desde el hospital dijeron que no estaba", explica la abogada. "La autopsia también había sido sumamente irregular: tenía serias contradicciones que por momentos indicaban que el feto tenía menos de 15 semanas de gestación y por otros, 32".
Deza sostiene que toda la causa se armó sobre la base de prejuicios: "Es llamativo que la fiscalía no haya investigado de dónde provenía ese feto, que puede haber sido de una mala praxis. No sé por qué ocurrió eso, pero sí que Belén cumplió el rol de perejil".
Por mensaje de texto, Belén cuenta: "Mi vida hoy es difícil. Pero tengo a mi pareja y juntos salimos adelante". Y agrega: "Hay que luchar para que no haya otra Belén".
Algunos casos que están siguiendo desde las organizaciones:
• Jorge Enrique Gonzáles Nievas: Fue detenido el 18 de julio de 2006, acusado de haber cometido un asesinato durante un robo. Un testigo lo había identificado en la comisaría durante un reconocimiento fotográfico, pero luego, en una ronda en persona, no lo reconoció. Fue condenado a 25 años de cárcel. Su sentencia está pendiente de revisión por parte de la CSJN por un recurso presentado por la Defensoría ante la SCBA. Innocence Project Argentina y el CELS se presentaron como amicus curiae, alertando sobre las contradicciones e irregularidades en la investigación.
•Cristina Vázquez: El 28 de julio de 2001, cuando tenía 19 años, fue acusada de robarle y matar a una vecina, junto con una conocida y su novio, en Posadas, Misiones. Los tres fueron condenados a prisión perpetua. Desde la Asociación Pensamiento Penal se presentaron como amicus curiae: señalan que no se siguieron líneas de investigación claves y que diez pruebas científicas avalan que Cristina no tuvo relación con el hecho. Además, hay testigos que acreditan que la mujer se encontraba en Garupá (a más de 20 kilómetros de Posadas) al momento de lo ocurrido. El Superior Tribunal de Justicia de Misiones concedió el recurso extraordinario para que su caso pase a la CSJN.
•Clemente Vera. Fue acusado de haber participado, en julio de 2011, del robo, abuso sexual con acceso carnal y homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, dos estudiantes francesas que viajaron como turistas a Salta. En agosto de 2017, Innocence Project Argentina, junto con el abogado José Humberto Vargas, presentaron un recurso de queja ante la CSJN contra su condena a prisión perpetua – esta revisión está pendiente-, asegurando que no hay pruebas en su contra. El padre de Cassandre también los acompaña en el reclamo.
•Joel Napal: El 15 de octubre de 2009 un joven fue asesinado en el marco de un robo delante de su mujer embarazada y su hijo de dos años. Joel se encontraba en una esquina a 25 cuadras del lugar y fue detenido por "averiguación de identidad". Tenía 20 años y ningún antecedente penal. A pesar de que varios testigos declararon que lo vieron en un ciber en el horario en que ocurrió el homicidio y que en la causa no hay un sólo indicio concluyente de que haya sido el autor del homicidio, en 2011 fue condenado a prisión perpetua. La sentencia se encuentra pendiente de estudio por parte de la CSJN. El CELS busca que se revoque y se declare su inocencia.
•Gonzalo Sánchez: El 20 de febrero de 2013, en la localidad de Martín Coronado, un grupo de hombres ingresaron a la casa de un agente de la Prefectura Naval Argentina. Cuando se daban a la fuga, el agente tomó su arma reglamentaria y se inició un enfrentamiento armado en el que recibió un impacto que le causó la muerte. Gonzalo Sánchez, de 23 años, fue implicado en la causa a partir de una investigación poco transparente que realizó un policía de bonaerense. Se lo condenó a la pena de 16 años de prisión. Actualmente, se espera que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires revise el caso. El CELS, junto a la defensoría de Casación provincial, buscan que se declare su inocencia.
Más información:
Innocence Project Argentina:Se inicia en respuesta a las repercusiones que tuvo el documental El Rati Horror Show, dirigido por Enrique Piñeyro, donde se cuenta el caso de Fernando Carrera, condenado erróneamente a 30 años de prisión y liberado por un fallo de la CSJN. Toma el modelo de la fundación norteamericana que nace en 1992 con la misión de liberar a personas encarceladas por crímenes que no cometieron. Además, el proyecto busca lograr reformas de políticas públicas y normativas para revertir las causas de condenas injustas; y formar a estudiantes en su clínica jurídica.
Defensoría ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: Nace en 1998 y fue la primera defensoría pública con competencia en toda la provincia. Cuenta desde el 2000 con una base de datos para el registro de casos de torturas, causas armadas, hostigamiento a defensores por cumplir con su trabajo y violación de plazos razonables de prisión preventiva. Su objetivo es tener un diagnóstico de situación, litigar estratégicamente y tomar medidas de prevención dialogando con los responsables e impulsando reformas legislativas o institucionales. Para dar una alerta temprana en los casos de causas armadas, integra en San Francisco Solano el dispositivo multisectorial "Casa de Justicia y Paz Padre Obispo Jorge Novack". Además, en noviembre lanzó una red de trabajo contra el armado de causas policiales en Villa Palito, La Matanza.
Observatorio de Prácticas del Sistema Penal de la Asociación Pensamiento Penal:Surge en 2014 para monitorear y mostrar las buenas y malas prácticas del sistema penal, con el objetivo de visibilizarlas y podar cambiar aquellas últimas. Intervienen en casos judicializados, por ejemplo presentándose como amicus curiae; actúan como veedores en los juicios; presentan informes de especialistas y brindan cursos de capacitación. A la hora de tomar un caso, priorizan los de personas en situación de vulnerabilidad y con graves problemas en la defensa.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): Si bien trabajan en la problemática de las causas armadas desde hace años, comenzaron a hacerlo a fondo a partir de 2014. La mayoría de los casos que reciben son del conurbano bonaerense. Consideran que el débil control político y la convalidación judicial de las actuaciones policiales son los factores que incentivan el fraguado de hechos y la invención o manipulación de pruebas por parte de los efectivos. Cuentan con una clínica jurídica e intervienen en las causas con diferentes formas de actuación.
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