Las políticas públicas son insuficientes para incluir a los jóvenes

En las últimas décadas, las políticas públicas mostraron, en general, ser deficitarias en términos de una estrategia integral y sostenida de apoyo a los sectores jóvenes para la superación de los problemas educativos y ocupacionales.

No fueron pocos los esfuerzos gubernamentales orientados a mejorar las condiciones de inclusión de los jóvenes. En efecto, se introdujeron medidas de promoción del empleo, se realizaron reformas educativas que llegaron a ampliar la educación obligatoria al nivel secundario completo y se llevaron adelante programas de capacitación para jóvenes excluidos del empleo y de becas escolares para familias pobres.

Sin embargo, no parece haber bastado este conjunto de reformas laborales, nuevas carreras educativas y planes intensivos de capacitación y empleo asistido.

En este marco, corresponde arriesgar un conjunto de criterios que parece necesario seguir si se quiere dar respuesta efectiva a la problemática de inclusión juvenil en la Argentina actual.

En primer lugar, hace falta insistir en que los problemas de inclusión laboral de los jóvenes no sólo requieren de un contexto general de crecimiento económico para ser enfrentado con éxito. Sin crecimiento, no se genera empleo genuino, pero con sólo crecer no se garantiza empleo genuino para todos. Sin empleo para todos, los jóvenes tendrán escasas oportunidades disponibles y estarán sujetos a alto desempleo y a ocupar puestos de trabajo poco atractivos, mal remunerados y con escasas perspectivas de progreso.

En segundo lugar, el sistema educativo tiene una función central e indelegable en el proceso de adquisición por parte de los jóvenes de las capacidades y actitudes necesarias para una inserción dinámica en el mercado de trabajo. En los mercados modernos se está produciendo un cambio que exige una preparación cada vez más avanzada para poder optar a los puestos de trabajo que emergen.

Con ello se refuerza la necesidad de mejorar la calidad educativa que, sin dudas, es un desafío obligado; particularmente urgente para los jóvenes que provienen de hogares pobres que deben superar la desigualdad en el acceso a las oportunidades.

En igual sentido, es necesario promover la inclusión en el sistema educativo formal desde temprana edad en un nivel inicial obligatorio y de calidad que permita reforzar más precozmente los recursos del hogar en su interacción con la escuela; y estrategias de retención escolar en niños y jóvenes, particularmente aquellos provenientes de sectores de menores recursos.

Propiciar estrategias que recuperen la heterogeneidad social del espacio escolar, sin descartar la conformación de espacios sociales alternativos al escolar de formación y socialización en los que se incentive la diversidad en los niños y adolescentes que participan, pero también en los recursos humanos adultos educadores u orientadores.

En tercer lugar, parece necesario poder definir un conjunto de políticas dirigidas a dotar a los jóvenes de formación profesional y mecanismos de apoyo y orientación para la búsqueda de empleo.

En esta línea, los sistemas de formación profesional deben participar de estas políticas proponiendo trayectos formativos flexibles y fuertemente determinados por las señales de mercado y la detección sectorial de demandas ocupacionales, garantizando al mismo tiempo la calidad y el reconocimiento oficial de contenidos y prácticas pedagógicas.

Al respecto, cabe destacar que el modelo tradicional de formación (con énfasis predominante en la oferta, sobre la base de cursos formales dirigidos a una demanda de especialización supuestamente existente en el mercado de trabajo, con base institucional pública y gestión centralizada), ha demostrado ser un modelo insuficiente para atender las motivaciones y necesidades de capacitación de los jóvenes.

Dicho modelo no fue concebido para captar jóvenes y menos aún, los de origen pobre; no sólo por los ingresos, sino por suponer un nivel de conocimiento escolar básico no siempre existente en esos grupos y por no considerar los obstáculos que estas poblaciones tienen para participar de un proceso de capacitación y formación (responsabilidades familiares de cuidado, responsabilidades domésticas, falta de acceso a la información, necesidad de ser aceptados socialmente, vestimenta, alimento, transporte, carencia de modelos de rol que propicien la inclusión, entre otros).

En este sentido, parece crucial planificar políticas integrales que resuelvan las asimetrías en el acceso por parte de jóvenes pobres a la participación plena en acciones de formación y promoción del empleo, que reconstruyan el sentido de la educación y el trabajo como fuente de movilidad social e inclusión.

Estas fórmulas, ofrecen posibles respuestas al problema individual de la exclusión de beneficios sociales y económicos de la educación, pero no alcanzan para romper con los procesos de selección social. Entonces cabe preguntarse cómo aproximarse a los valores de igualdad para lograr, a la vez, una formación del más alto nivel posible para el mayor número de personas.

Una respuesta realista a la cuestión está condicionada por las capacidades de expansión de los sistemas educativos y empleo, y por las posibilidades de armonizar los requerimientos laborales con las modalidades de formación profesional. En todo caso, la subordinación de la práctica educativa a los requisitos y normas del aparato productivo introduce una nueva serie de tensiones en el sistema, de las cuales sobresale la pérdida de autonomía del sistema educativo en la determinación del contenido de la enseñanza.

Los autores son investigadores del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA).

Por Agustín Salvia y Ianina Tuñón

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