Le armaron una causa, estuvo detenido y hoy ayuda a otras víctimas de condenas injustas

Cuando Claudio Castro revive la mañana del 18 de diciembre de 2014, se quiebra. Sentado en el living del departamento que hoy alquila con su novia en pleno Once, explica que en ese momento empezó para él la peor de las pesadillas: ser víctima de una causa armada.

Cuando tenía 32 años lo acusaron de haber asesinado a un policía, y durante el mes que estuvo detenido pasó de todo: desde torturas, hasta la desesperación de pensar que le iban a dar prisión perpetua por un crimen que no había cometido. Dice que las secuelas de esa experiencia son muchas: no sólo afectó su salud mental, sino que también golpeó con fuerza a su familia.

Mientras ceba un mate, recuerda cómo a eso de las seis de la mañana, en la casa donde dormía con su hermano Danilo y dos amigos en el barrio Crucecita, en Avellaneda (donde nació y se crió), lo despertó un ruido de estruendo. “Me asomé a la ventana y vi que enfrente estaba la policía reventando un portón donde vendían droga. Pensé que era por eso todo el lío. Pero de pronto escucho que rompen la puerta y las ventanas de mi casa”, describe. En la penumbra, se encontró rodeado de pistolas que lo apuntaban.

“Hacía unos tres días habían matado a un capitán de la policía en el barrio, pero nunca me imaginé que nos venían a echar la culpa a mi hermano y a mí. Cuando nos empezaron a gritar ‘asesinos de policías’ me di cuenta en la que nos estaban metiendo”, dice Claudio, que tiene 36 años y quince hermanos.

En el comedor los pusieron de rodillas, les pegaron piñas en los oídos y patadas en el estómago. “Tirado en el piso los veía patearme a mí y a los de al lado. Las botas me quedaron grabadas”, confiesa con la voz quebrada. “De repente escucho un sonido de metal y alguien que dice ‘acá hay un arma’. Nos la habían plantado. Querían que firmáramos un papel diciendo que era nuestra: nos cagaron a palos, pero no firmamos nada”, aclara.

Durante un mes, estuvo detenido en tres comisarías diferentes. En la primera, les dieron la “bienvenida”. “Nos tuvieron desde las nueve de la mañana a las seis de la tarde de rodillas, pegándonos cada diez minutos, arrastrándonos del pelo por todo el lugar. Había un cordel con bolsas, como en las películas, para los ‘submarinos secos’ –una forma de tortura en la que se las coloca en la cabeza hasta producir el ahogo - . Pensé que de ese día no pasaba”, admite Claudio.

Y agrega: “En un momento nos separaron y el comisario me dijo: ‘Mirá que los demás hablaron, va a ser mejor que cuentes cómo fue la cosa’. Yo le decía que no sabía qué quería que le cuente, porque no había hecho nada. Él me amenazaba: ‘Ahora vas a ver, te voy a meter adentro y voy a mandar a un preso a que te clave un puñal en el pulmón: te vas a morir ahogado con tu propia sangre’”.

Claudio, que no tenía antecedentes penales, que hasta ese momento había celebrado la presencia de la policía en su barrio, sentía que estaba viviendo una pesadilla.

“Me acuerdo de mirar por la ventana y ver un cartel de una aseguradora que decía ‘que no se te venga el mundo abajo’. Parecía que me estaban jodiendo”, sostiene. “Siempre fui una persona llena de proyectos, me considero un tipo solidario, y no llegaba a entender por qué había terminado ahí. ¿Quién me iba a creer? Para mí era desesperante, por lo que uno ve en la tele: no hablaba el mismo léxico que los otros presos y pensaba que me iban a lastimar”.

Sobre el defensor oficial que le tocó, Claudio asegura: “Parecía que nos quería dejar adentro. Le pedía que se fijara en unas cámaras de seguridad que había en el barrio para que viera que en el momento del asesinato nosotros estábamos en mi casa, y él decía que era imposible, que no andaban. Le dije también que revisara mi celular, porque esa noche había estado chateando con unas amigas, pero nos decía que tampoco se podía”.

Ya se imaginaba con el pelo blanco, detrás de las rejas: “Sentía que me iban a dar una cadena perpetua por algo que no había cometido. Me habían dicho que iba a ser una condena de 35 años como mínimo, por haber matado supuestamente a un capitán de policía”.

Su familia, vecinos y organizaciones como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el CELS, se movilizaron pidiendo justicia, tocando puertas. Según Claudio, esa reacción rápida le salvó la vida.

“El juez de Garantías revisó la causa y vio que no había nada que nos conectara a nosotros con el homicidio. Incluso nos habían plantado un arma que se había caído en la pericia: no había sido la que se había usado para matar al policía”, dice Claudio. Y detalla: “El mismo día que a nosotros nos detienen, detuvieron a cinco pibes con el arma que se había utilizado para el asesinato: pero no había vuelta atrás, todo el “empapelamiento” ya estaba hecho entorno a nosotros”.

El 9 de agosto fue el juicio: duró una hora y media, y se declaró que los acusados eran inocentes, dejándose al descubierto que se trataba de una causa armada. “El fiscal dijo que desistía de la acusación y que creía que esa causa nunca tendría que haber llegado a juicio”, recuerda Claudio. “Nos declararon absueltos y nos dijeron que nos podíamos ir a casa. Ahí se acabó todo el infierno”.

Claudio describe lo que le pasó como “una forma de disciplinar” que tuvo un vecino policía, con quien su hermano había tenido varias discusiones – y sido amenazado en más de una oportunidad- por una medianera. El subcomisario que les armó la causa y que era amigo de ese vecino, fue luego detenido por regentear la prostitución callejera en Lavallol.

Por otro lado, hace énfasis en la presión mediática que hubo en aquel momento por encontrar rápidamente un culpable del crimen.

Cuando recuperó la libertad, Claudio formó la Coordinadora contra la Impunidad Policial, una organización que brinda contención y acompañamiento a familiares y víctimas de causas armadas. “Todos los viernes nos reunimos para ayudar a familias que pasan por este flagelo: las causas armadas son muy graves porque no solo le arruinan a la vida a la persona inocente que es acusada, sino que destruyen todo el núcleo familiar”, afirma.

Todo lo que pasó se refleja en el “miedo y la paranoia” que le quedaron. “Me estuve tratando en una organización que brinda asistenta psicológica porque esto me dejó muy deprimido. No podía dormir, me levantaba a la noche y me acercaba a la puerta creyendo que del otro lado había policías que me iban a reventar”, cuenta.

Hoy, encuentra en acompañar a otros parte de la sanación. “No somos abogados pero ya entendemos un montón de causas. Y los familiares tienen un espacio de contención, donde se encuentran con otras personas que están pasando por lo mismo y se dan cuenta que no están solos. Eso les aliviana la carga”.

Algunos casos que esperan respuesta

. Jorge Enrique Gonzáles Nievas: Fue detenido el 18 de julio de 2006, acusado de haber cometido un asesinato durante un robo. Un testigo lo había identificado en la comisaría durante un reconocimiento fotográfico, pero luego, en una ronda en persona, no lo reconoció. Fue condenado a 25 años de cárcel. Su sentencia está pendiente de revisión por parte de la CSJN por un recurso presentado por la Defensoría ante la SCBA. Innocence Project Argentina y el CELS se presentaron como amicus curiae, alertando sobre las contradicciones e irregularidades en la investigación.

. Cristina Vázquez: El 28 de julio de 2001, cuando tenía 19 años, fue acusada de robarle y matar a una vecina, junto con una conocida y su novio, en Posadas, Misiones. Los tres fueron condenados a prisión perpetua. Desde la Asociación Pensamiento Penal se presentaron como amicus curiae: señalan que no se siguieron líneas de investigación claves y que diez pruebas científicas avalan que Cristina no tuvo relación con el hecho. Además, hay testigos que acreditan que la mujer se encontraba en Garupá (a más de 20 kilómetros de Posadas) al momento de lo ocurrido. El Superior Tribunal de Justicia de Misiones concedió el recurso extraordinario para que su caso pase a la CSJN.

. Clemente Vera: Fue acusado de haber participado, en julio de 2011, del robo, abuso sexual con acceso carnal y homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, dos estudiantes francesas que viajaron como turistas a Salta. En agosto de 2017, Innocence Project Argentina, junto con el abogado José Humberto Vargas, presentaron un recurso de queja ante la CSJN contra su condena a prisión perpetua - esta revisión está pendiente-, asegurando que no hay pruebas en su contra. El padre de Cassandre también los acompaña en el reclamo.

. Joel Napal: El 15 de octubre de 2009 un joven fue asesinado en el marco de un robo delante de su mujer embarazada y su hijo de dos años. Joel se encontraba en una esquina a 25 cuadras del lugar y fue detenido por "averiguación de identidad". Tenía 20 años y ningún antecedente penal. A pesar de que varios testigos declararon que lo vieron en un ciber en el horario en que ocurrió el homicidio y que en la causa no hay un sólo indicio concluyente de que haya sido el autor del homicidio, en 2011 fue condenado a prisión perpetua. La sentencia se encuentra pendiente de estudio por parte de la CSJN. El CELS busca que se revoque y se declare su inocencia.

. Gonzalo Sánchez: El 20 de febrero de 2013, en la localidad de Martín Coronado, un grupo de hombres ingresaron a la casa de un agente de la Prefectura Naval Argentina. Cuando se daban a la fuga, el agente tomó su arma reglamentaria y se inició un enfrentamiento armado en el que recibió un impacto que le causó la muerte. Gonzalo Sánchez, de 23 años, fue implicado en la causa a partir de una investigación poco transparente que realizó un policía de bonaerense. Se lo condenó a la pena de 16 años de prisión. Actualmente, se espera que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires revise el caso. El CELS, junto a la defensoría de Casación provincial, buscan que se declare su inocencia.