Los chicos “invisibles”: cómo es crecer sin DNI en la Argentina

Hasta los 19 años, Aarón no tuvo Documento Nacional de Identidad (DNI). No lo perdió ni se lo robaron, nunca lo tuvo. Sus padres no lo inscribieron al nacer y el Estado no se ocupó de encontrarlo. Fue invisible.

De su paso por el colegio primario y secundario solo quedaron diplomas sin valor que le prepararon sus docentes para que él recibiera algo el día de la colación. "En la escuela primaria, en Parque Chacabuco, me pedían el DNI pero mi mamá mentía. El secundario, en Flores, lo fui haciendo con la promesa de que llevaría el documento. A los 17, una preceptora se preocupó mucho por el tema y me dio el teléfono de Microjusticia Argentina, una organización que me ayudó a tramitarlo", relata Aarón Samaniego Tito, mientras sostiene orgulloso el certificado de documento en trámite.

Los especialistas consultados por LA NACION, consideran que si bien mejoró la legislación que facilita el acceso al documento, la falta de un registro nacional que centralice la información demuestra que queda un largo camino por recorrer para evitar que muchos queden afuera.

En este sentido, Alejandra Martínez, abogada y presidenta de Microjusticia, una fundación que facilita el acceso a la justicia a la población más vulnerable, detalla con crudeza: "Hay casi 1.000.000 de argentinos que no están registrados. No viajan, no pueden ir a hospitales, no pueden tener una SUBE".

Luego de 10 años de investigar el tema, Martínez asegura que "sobreviven todos los días y se acostumbran a vivir así. Trabajan en negro y los ‘descartan’ cuando no sirven más. La invisibilidad facilita la trata y la explotación. Siempre hay abusadores atrás de las personas indocumentadas".

La inscripción del nacimiento constituye el primer acto de reconocimiento legal de la existencia del niño o niña y es esencial para volver efectivos todos sus derechos, desde el de tener una identidad hasta poder recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde Unicef, afirman que "la carencia del registro de nacimiento estimula una sociedad excluyente, privativa de derechos que induce a la vulnerabilidad y a la explotación de la población infantil".

El caso de Aarón lo confirma. Su primer viaje fuera de la ciudad de Buenos Aires lo pudo hacer recién hace un mes para ir a visitar a su abuela que vive en Jujuy, cuando tuvo el certificado del trámite. No sabía lo que era un ómnibus ni un avión. "En la escuela me perdí todas las excursiones ni pude hacer las pasantías que nos ofrecían las empresas en los últimos años. Cuando iba a Quilmes a visitar a mi mamá, la policía me paraba en el Puente La Noria y me pedía el documento. Yo les explicaba siempre lo mismo y me retenían una hora o dos hasta que me dejaban ir. Para ir a mi fiesta de egresados necesité que los abogados que tramitaban mi documento me dieran una constancia", detalla el joven. Aunque él preguntaba por qué no tenía DNI, sus padres nunca le explicaban muy bien la causa.

"Hay un prejuicio muy fuerte de que la gente no se inscribe por vagancia, por antecedentes penales o por migración ilegal. Es un mito. La gente no se inscribe, en la mayoría de los casos, porque pertenece a la franja más pobre y vulnerable del país, con mayor presencia de madres adolescentes, de baja instrucción, escasez de recursos y precariedad del empleo", afirma Martínez, quien desde Microjusticia y junto a la ONU, realizaron un informe de próxima publicación, sobre el registro tardío de los nacimientos en Argentina y sus consecuencias.

Por estas razones, la abogada explica que no hay que culpar a estas familias y que ese prejuicio social también se debe derribar entre los que trabajan en los registros civiles y juzgados.

La Argentina se rige por la ley 26.413 de Estado Civil y Capacidad de las personas, de 2008. Si bien es de caracter nacional, cada provincia dicta sus propios reglamentos e instructivos. No existe un mecanismo de supervisión ni coordinación establecido para el intercambio de datos entre las autoridades provinciales y del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Tampoco hay una base nacional con la información sobre los nacimientos registrados.

Luego de los 18 años, solo se puede obtener con resolución judicial, un proceso de muchos años que implica contratar un abogado, conseguir documentación, tener testigos, hacerse un chequeo médico para constatar género y edad y afrontar costos económicos altísimos para esta población indocumentada que pertenece a las franjas más pobres y vulnerables del país.

"Si no tenés DNI, no sos nadie", dice Marisol Alarcón, de 23 años y madre una niña de 2 años. Vive en La Matanza y se benefició con la llegada del programa El Estado en tu barrio. Con el asesoramiento del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de las Políticas Públicas (Iadepp), logró obtener su DNI cuando su hija tenía pocos meses de vida. Había intentado hacerlo muchas veces, pero la vencieron los horarios del registro civil, la documentación que le requerían, los costos de cada viaje y las trabas que le ponían.

"Me mandaban de una oficina a la otra, me pedían varios documentos y yo no los tenía", aclara Marisol. Trabajó siempre en "negro" en varios talleres textiles que se aprovechaban de su situación y la explotaban. "Ahora voy a rectificar la partida de nacimiento de mi hija para que aparezca mi número de documento donde hoy dice NN", agrega.

Iadepp nació la Nochebuena de 2001, cuando Jorge Alvarez Nuñez compartió una cena en el barrio La Cava, en San Isidro y detectó "que había gente que estaba al costado de la sociedad" y sintió la necesidad de hacer algo. "La única solución es que el Estado facilite el acceso al documento. No se puede responsabilizar a las personas. Los registros civiles deben ser más flexibles, entender a la gente, sus tiempos, su contexto, su historia. Deben tener más sensibilidad social", sostiene.

Brenda González vive en Moreno, tiene 26 años y dos hijos de 10 y 3 años. Ninguno de ellos tenía documento hasta que, en 2018, también junto a Iadepp, inició el trámite. "No quería que ellos pasen por lo que yo pasé. Nunca tuve un trabajo en blanco ni acceso a la AUH para mis hijos. Cursé primaria y secundaria sin documento porque la directora de la escuela era del barrio", cuenta.

Cuando Brenda iba a hacerse los controles de embarazo, en el hospital le reclamaban el documento, pero ella, como miles de mujeres indocumentadas, se disculpaba, prometía, callaba y seguía así. Esa situación además las mantenía afuera de muchos programas que las ayudarían a tener una mejor calidad de vida para ellas y sus familias.

Fuentes oficiales del Renaper, aseguran que renovarán el decreto que amplía el plazo de inscripción hasta los 18 años y continuarán con todos los programas que aseguren inclusión y acceso a derechos. Ante la consulta sobre las políticas públicas a implementar para facilitar el acceso a la identidad, aseguraron que no pueden adelantar esa información hasta después del 1° de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández presente su plan de gobierno en el Congreso Nacional.

"El Ministerio del Interior inició, hace años, un proceso fuerte con la revolución tecnológica del DNI y con unidades móviles que lo acerquen a la gente. Este verano hicimos cerca de 40.000 documentos en todo el país y eso se va a seguir ampliando porque queremos asegurar el derecho a la identidad", sostuvieron.

Milagros Elizabeth Martínez no conocía lo que era trabajar en blanco, salir de viaje ni atenderse en el hospital sin reclamos. Dejó el secundario a los 15 años, un poco cansada de transitar la escolaridad sin documento y sufrir discriminación por cada cosa que no podía hacer por estar indocumentada.

Al igual que Aarón, sus padres no sabían explicarle por qué no la habían inscripto. A los 19 años conoció el programa Garantizar tu Identidad, que realizaba la Fundación Iadepp junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y le facilitaron su tramitación.

"Cuando tuve a mi hija no tenía aún mi documento. La anotaron con el apellido que aparecía en el carnet de la obra social que usaba para atenderme. Ahora estoy tramitando la rectificación de su partida de nacimiento para que aparezca mi nombre correctamente en su DNI", explica Milagros, que tiene 22 años.

Esa es justamente una de las razones por las cuales muchos bebés no son inscriptos. Sus madres suponen que al no tener DNI ellas, no pueden hacerlo, desconociendo que ese no es un impedimento. Para los expertos consultados, esto es producto de la falta de información y asesoramiento que deberían dar los registros, las escuelas y los hospitales a estos padres.

Milagros hoy está pensando en estudiar peluquería y encontrar un trabajo en blanco. Se abrió un mundo nuevo para ella y su hija. Van al hospital sin tener que dar excusas y pueden hacerse todos los controles necesarios. Tiene la SUBE y ya anotó a su hija en el jardín de infantes de su barrio, donde empezará sala de 3. Sueña con hacer algún viaje juntas en el futuro, sin las trabas que vivió ella durante su infancia

Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, el área de Identidad y Ciudadanía a cargo de Soledad Patané viene trabajando hace mucho tiempo para que el Censo 2020 incluya la pregunta si las personas tienen DNI. "Hace tiempo que estamos asesorando a los legisladores para incluir los preceptos de los decretos posteriores a la ley, que amplían el plazo de inscripción por vía administrativa hasta los 18 años, para que no tengamos que depender cada año de que el Ejecutivo lo renueve. Mucha gente llama a la Defensoría para consultarnos cómo obtener su documento y eso demuestra que la gente quiere hacerlo, pero el Estado no se lo facilita", explica Patané, en consonancia con Iadepp y Microjusticia.

Aarón está muy cerca de recibir su documento. Sueña con trabajar en blanco y poder ir a la universidad. Le gusta mucho la actuación y el teatro y planea entrar en la Universidad Nacional de la Artes (UNA) para estudiar arte dramático. Su mamá murió, pero el joven asegura que estaría muy feliz de verlo progresar de esa manera. Ella había intentado inscribirlo antes de 2008, cuando él era pequeño, pero en ese tiempo había que hacer un juicio que costaba dinero y llevaba mucho tiempo. Su familia no podía afrontarlo. Hoy todo fue más rápido y más accesible gracias a las nuevas leyes vigentes y a la ayuda de las organizaciones que trabajan para ayudar a devolver derechos vulnerados.

La escuela y el hospital son las primeras alarmas. Aunque la salud y la educación son derechos fundamentales, la falta de documento limitan el acceso a ellos. María Eugenia Mamani es maestra de 7° grado hace 10 años en la escuela Ejército del Norte, en la ciudad de Perico, Jujuy. A ella le toca dar los diplomas y reunir la documentación para el certificado de estudios que necesitarán presentar los alumnos para cursar la escuela secundaria.

En 2017, María Eugenia le insistía a una de sus alumnas para que trajera su documento y ella le traía su certificado de vacunas. "Llamé a la madre y me confesó que ella no tenía documento y que entonces no podía anotar a sus hijos. Desconocía sus derechos, lo que sucede con mucha gente más aún si viven alejadas de los medios de comunicación", cuenta María Eugenia. Esa situación la motivó a buscar ayuda y se encontró con Microjusticia Argentina, la fundación que le llevó el Renaper a la escuela. Allí comprobaron que había muchos más casos como el de esa alumna y facilitaron la regularización de la documentación de más de 276 chicos del pueblo.

En la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, otra docente cuenta una historia parecida. Alejandra Martines está jubilada como directora, tras 39 años de trabajo, pero sigue trabajando como profesora de una escuela secundaria. "El tema de los documentos siempre me preocupó, el hecho de que no tuvieran identidad me llevó a hablar con las mamás para saber dónde habían nacido e iba a los hospitales para ubicar las constancias de parto. Buscaba toda la documentación de esos chicos que venían transcurriendo sus años de escolaridad sin ser nadie para la ley", explica.

Al jubilarse comenzó a trabajar en la Secretaría de Educación de Merlo y presentó un proyecto sobre los chicos indocumentados para poder trabajar desde el gobierno municipal. "Siempre hubo chicos indocumentados. Me preguntaba por qué no había nadie que se preocupara por eso, por qué el Estado no tenía injerencia, por qué no hacían un archivo", cuenta. Describe que muchas mamás tienen a sus hijos en las casas, pierden los papeles, se mudan mucho, viven en lugares que se inundan o son muy húmedos y terminan perdiendo la documentación. "Desde que entré a la secretaría, más de 200 ya tienen el documento hecho", cuenta Alejandra.

Por Teresa Sofía Buscaglia

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