Pablo Molero: “Al traspasar la gestión de la discapacidad a Salud, este Gobierno nos dice que su abordaje no es integral sino sanitario”

La disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) anunciada a fines de diciembre es, para el sacerdote Pablo Molero, un gesto consecuente con la mirada del Gobierno sobre este colectivo. “Podés tener un organismo en lo más alto del poder, pero si está como un florero sin flores, es lo mismo que nada”, dice Molero, como metáfora de lo que considera una falta de interés por parte del Gobierno de Javier Milei en generar políticas que mejoren la situación de las personas con discapacidad.

Molero lleva más de tres décadas vinculado con este colectivo al ser el responsable de la Comisión de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires. Además, preside el Foro Permanente de Discapacidad, que nuclea a más de 400 organizaciones. Fue parte del comité asesor de la Comisión Nacional de Discapacidad, organismo antecesor de la Andis, y también integró el directorio del Sistema Único de Prestaciones que lideraba la Andis y tenía como función supervisar el sistema de prestaciones.

A la luz de todo ese recorrido, el sacerdote considera que la transformación de un organismo autárquico como la Andis en una secretaría dentro del Ministerio de Salud, tal como anunció hace pocos días el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no solo le quita presencia a la discapacidad dentro de la agenda pública sino que dificulta la mirada integral sobre el tema, tal como recomiendan organismos internacionales como Naciones Unidas.

En una conversación con LA NACION, Molero abogó por un discurso social más cuidadoso con la discapacidad. “Cuando me dicen que no puede haber tantas personas con discapacidad en la Argentina porque no tuvimos una guerra, yo les recuerdo que la pobreza es una guerra y que a más pobreza, mayores chances de discapacidad”, sostiene.

–¿Cómo evalúa la decisión del Gobierno de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad?

–Creo que es un retroceso. Los documentos internacionales que entienden sobre el tema suelen pedir que el organismo que se ocupe de promover políticas integrales esté en los niveles más altos de decisión por una cuestión de relación con los otros ministerios. En sus primeros años, la Comisión Nacional de Discapacidad, el organismo anterior a la Andis, participaba en las reuniones del Gabinete. Eso era bueno porque era una posibilidad de influir sobre las decisiones que se fueran tomando en el país.

–¿Qué se pierde al transformar un organismo autárquico en una secretaría dentro del Ministerio de Salud?

–Presencia. Es cierto, la presencia tiene que ver muchas veces con el interés que tenga también el Gobierno sobre este tema. Vos podés tener a ese organismo en los niveles más altos, pero si está puesto como un florero sin flores es lo mismo que nada. Pero al ponerlo en una secretaría, ya para cualquier planteo, primero tenés que pasar por el ministerio. Creo que fue una manera de meterlo en algún lugar.

–Podría haber sido cualquier lugar pero fue el Ministerio de Salud. ¿Cómo lo interpreta?

–Desde el Gobierno, el tema discapacidad solo se miró desde lo prestacional. En la cabeza de ellos, todo pasa por lo sanitario, lo que habla de que hay bastante ignorancia sobre el tema. La discapacidad no se define solamente desde el tema de salud, sino desde su relación con el medio ambiente, lo social, etcétera.

–¿Puede un gobierno permitirse ser ignorante sobre este tema? Se supone que cuenta con los recursos más que suficientes para dar con especialistas idóneos que lo rescaten de esa ignorancia.

–En la teoría te diría que tenés razón, pero en la práctica se permiten la ignorancia. En dos años, lo único que hicieron fue ensuciar la condición de las personas con discapacidad. Las relacionaron con el tema de las pensiones mal dadas. Hay una clara decisión de no saber del tema, porque no quieren saber. El mensaje que promueven es “discapacidad es igual a curro”. El Presidente usó la condición de discapacidad para insultar gente.

–Cuando Manuel Adorni habló sobre el tema, mencionó la eliminación de 16 cargos políticos y una reducción de la estructura jerárquica de casi el 50%.

–Eso enseguida, en la sensibilidad de la gente es “están ahorrando dinero del Estado, está bien lo que están haciendo”. Ahora, yo me pregunto, ¿eran necesarios esos 16 puestos o no? Si yo quiero abrir un kiosco, quizás me alcanza conmigo y otra persona. Ahora, si quiero tener un supermercado, no me va a alcanzar con dos personas. Pero si lo que quiero hacer de la discapacidad es simplemente dos cosas, entonces doy de baja un montón de gente. Otra cosa que dice Adorni es que la autonomía que tenía este organismo le daba pie a cuestiones de poca transparencia. ¿Qué tengo que pensar? ¿Que todo aquel que tiene autonomía la va a usar para robar? Yo le recuerdo a la gente que el que roba no es un organismo. Los que roban son los funcionarios a cargo de un organismo. Le recuerdo a Milei que los que están procesados son funcionarios nombrados por este gobierno.

–Siguiendo con estos mensajes que bajan desde el Gobierno a la gente, también está la controversia acerca de la cantidad real de personas con discapacidad.

–Es que se suelen mezclar los certificados únicos de discapacidad con las pensiones por discapacidad, que son dos cosas completamente distintas. En nuestro país, el certificado de discapacidad no es obligatorio. Cuando en 1997 se sanciona la ley de prestaciones hubo un mayor crecimiento de certificaciones porque para que vos tuvieras una prestación, tenías que tener el certificado de discapacidad. Pero al día de hoy hay mucha gente con discapacidad sin certificado. Hoy en día nos pasa. La Comisión de Discapacidad del Arzobispado tiene en el Bajo Flores un servicio gratuito de atención a niños con discapacidad de hasta 11 años. Cuando los profesionales le plantean a una madre que sería bueno que su hijo sacara el certificado de discapacidad por tales y tales motivos, todavía tenemos gente que dice, “No, yo a mi hijo no se lo saco. Mi hijo no es discapacitado”.

–¿Qué le responde a quienes dicen que en la Argentina no puede haber más de un millón de personas con discapacidad porque nunca ocurrió una catástrofe, o no tuvimos una guerra?

–Yo los invito a hacer el siguiente razonamiento. Durante más de 20 años tuvimos más del 30% de nuestra población en la pobreza. Es un piso conservador, porque tuvimos mucho más. Y cuando hay pobreza, hay mayores condiciones para tener discapacidad.

–¿Por qué?

–Porque son personas con dificultades para alimentarse de manera adecuada, o que carecen de la atención médica que necesitan cuando se enferman, ni hablar si se accidentan y no pueden recuperarse. Todo eso aumenta las chances de discapacidad. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales.

–A nivel internacional se estima que el promedio de personas con discapacidad en cada país oscila alrededor del 12%

–Exacto. Y en nuestro país somos 47 millones de argentinos aproximadamente. Tomando ese 30% de población en la pobreza del que te hablaba antes, si aplicás la proporción del 12%, solo ahí ya tenés más de 1.200.000 personas con discapacidad. En Chile la estimación es del 11% y no tuvo tampoco ninguna guerra ni nuestros niveles de pobreza.

–Siguiendo con su razonamiento, dentro de la población que vive en la pobreza hay más de 12% con discapacidad. Pero dentro de la población con discapacidad, es muy probable que la pobreza supere la media nacional, ¿no?

–Así es. Cuando me dicen que no pueden ser esos números, porque no hubo una guerra, yo siempre digo que la pobreza es una guerra. Una guerra silenciosa a la que nos hemos acostumbrado. La pobreza es no tener agua, no tener medicación a tiempo, atención a tiempo, no poder comer como corresponde, son muchos los condicionamientos. Es una catástrofe que hemos naturalizado. Y si hoy en día tenés trabajadores pobres, imaginate si no tenés trabajo. Y entre las personas con discapacidad falta el trabajo.

–Usted está muy en contacto con este colectivo. ¿Qué realidades está viendo?

–Mirá, yo te puedo hablar de lo que veo desde el pequeño servicio que tiene la Comisión del Arzobispado en el Bajo Flores, que es para chicos de 0 a 11 años. Veo continuamente gente tocando la puerta para ver si la podemos atender. Los mandan del hospital o de la escuela. Hay gente que va a buscar atención de salud. A veces se anotan en hospitales y tienen que esperar dos años para ser atendidos. La gente está olvidada. Y a un chico que no es atendido desde el primer momento se le va a complicar la vida.

–El hecho de que el nuevo organismo esté dentro del Ministerio de Salud, ¿podría dificultar la mirada integral recomendada por los organismos internacionales?

–Cuando discutíamos con el exinterventor de la Andis, Diego Spagnuolo, el tema de las pensiones, él nos decía: “Ustedes quieren dar a la gente nada más que pensiones, los anulan. Nosotros vamos por el trabajo”. Yo le dije que me alegraba. La pregunta es: ¿dónde está el trabajo? Dudo que la secretaría nueva tenga algún plan pensado más allá de lo sanitario.

–Nuestro país adhirió a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en nuestro país y promueve, entre otros derechos humanos, el de la autonomía y la vida independiente. ¿Se puede llevar una vida autónoma e independiente sin trabajo?

–La Convención es una cosa enorme, porque toca toda la vida de las personas con discapacidad. Las personas necesitan trabajo, necesitan educación, necesitan medicación, poder formar su vida, tener una familia. Pero si no hay trabajo, no hay autonomía. Yo puedo haberme rehabilitado. Puedo haber hecho la capacitación laboral. Pero si después no tengo dónde trabajar, se acabó. Dependo de mis padres y eso no es para siempre.

–Hoy en día, hay muchas familias preguntándose, justamente, “¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté?”. ¿Qué le responde a esas familias?

–Es una respuesta muy difícil. Les diría que traten de desarrollar a su hijo en lo máximo posible. Si bien hay casos severos que pueden ser muy complejos, yo creo que hay otras maneras de pensar el futuro de ese hijo sin que termine en un hogar. Con los apoyos necesarios, muchas personas podrían seguir viviendo en sus casas. Pero todo eso implica dinero y un verdadero compromiso con el tema. Ahora, si la familia tiene que recorrer 100 hospitales para lograr una rehabilitación para ese hijo, es muy difícil.

–En lo cotidiano, ¿cómo podemos contribuir como sociedad?

–Todavía hay gente que sigue pensando que no hay que gastar dinero en esto. Mucha gente. Hay funcionarios y hasta médicos que dicen “¿cuándo se va a curar esta persona?” o “¿cuándo va a dejar de ser un gasto esta persona?”. Yo respeto la forma de pensar de los demás, pero cuando se habla de excluir gente, no puedo estar de acuerdo. Porque va en contra de la dignidad de esa gente. Yo creo que podríamos empezar siendo más cuidadosos con lo que decimos.

Más información:

• Si querés conocer cuáles son las prestaciones, servicios y derechos que tienen las personas con discapcidad, podés navegar por la guía que armó el equipo de Fundación LA NACION.

Por Lorena Oliva

• Discapacidad
• vida independiente
• Discriminación

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