Pensiones por invalidez. Muchas familias excluidas volvieron a cobrar pero deben enfrentar deudas: “Pagué lo que debía de luz”
Tras un fallo judicial, el Gobierno anunció ayer la restitución del beneficio; hasta agosto había suspendido a 110.000 beneficiarios; en algunas provincias ya volvieron a percibir la prestación que otorga la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)
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LA NACIONLorena Oliva
Cuando el jueves 9 de este mes, Vanesa Vega volvió a cobrar la pensión por discapacidad de su hijo Alejo, lo primero que hizo fue comprarle pañales. Lo siguiente y último fue pactar un plan de pagos con la empresa de electricidad para que no le cortaran la luz. “Ahí se me fue toda la plata. No sé cómo voy a hacer para pagar todas las deudas de estos meses”, dice preocupada.
Vanesa debía cinco meses de luz. Los cinco meses en los que dejaron de pagarle la pensión a pesar de que nunca la citaron para una auditoría. “Cuando vi que no había cobrado, me acerqué a la ANSéS con todos los papeles. Gasté 36.000 pesos en las fotocopias que me pidieron. Las recibieron y me dijeron que esperara”, relata.
Pero la espera fue angustiosa y larga. “La pasamos muy pero muy mal. Me endeudé mucho”, cuenta esta mujer de 49 años, jefa de familia y portadora de la Enfermedad de Fabri, una mutación genética que le trae problemas óseos y afectó su corazón y su riñón. “Soy una bomba de tiempo, y más ahora, que con el recorte, ya no pude pagar toda mi medicación ni dializarme lo suficiente”, agrega.
Vanesa dice que lleva años haciendo changas cada vez que puede: hace tamales, limpia casas o se dedica a la venta ambulante. “Pero cada vez puedo hacer menos. El papá de Ale nos ayuda, pero nada alcanza”, explica con impotencia.
El 9 de este mes, Vanesa vio que le habían depositado 265.000 pesos a su hijo. Ella también tiene CUD, desde hace más de 10 años, y también cobra pensión aunque la tiene prácticamente tomada por las deudas.
“Desde que nació Alejo, saqué tantos créditos en las ANSES para pagar remedios y terapias que lo que cobro se me va en saldar esas cuotas”, dice. El préstamo más reciente fue hace dos años para comprarle una silla de ruedas a su hijo de 8 años, que tiene parálisis cerebral y autismo. Todavía la está pagando.
Los cinco meses en los que estuvo sin cobrar su pensión y la de su hijo fueron un tsunami de nuevas deudas y decisiones desesperadas para garantizarse lo mínimo: comer, comprar pañales y alguna medicación básica para ella y para Alejo.
“Dejó la escuela para trabajar”
Para sobrevivir, pidió prestado, dejó de pagar la luz y hasta una prótesis que le colocaron para dializarse y que venía pagando en cuotas. De todo lo que la familia tuvo que hacer en estos meses, dice que lo que más le duele, es haber visto a Benjamín, su hijo mayor de 18 años, dejar el último año del secundario para salir a trabajar y aportar dinero para la casa.
Vanesa y Alejo son dos de los 36 damnificados que integraron el amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Catamarca junto a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (Apyfadim), a la que asiste Alejo, para pedirle a la Justicia el restablecimiento del cobro de sus pensiones por discapacidad.
El tribunal a cargo de Guillermo Díaz Martínez hizo lugar al reclamo y el 12 de septiembre ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) la restitución del cobro.
La decisión había sido apelada por el organismo pero ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Nación que la Justicia Federal había ordenado la restitución del cobro de unas 3644 pensiones suspendidas en la provincia y que el Gobierno acataba la decisión.
En paralelo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Azul, presentaron un amparo para la restitución de las pensiones a nivel nacional. Estas actuaciones fueron derivadas al tribunal catamarqueño para unificar el reclamo y también ayer se conoció la resolución acerca de que la medida de restitución ahora tiene alcance nacional.
A principios de agosto, el Gobierno había anunciado la suspensión de 110.522 pensiones no contributivas por discapacidad en todo el país como resultado de la auditoría que había empezado en febrero de este año. Esta medida generó fuertes reclamos de organizaciones y damnificados, que denunciaban no haber sido auditados en forma previa al cese del beneficio.
En Catamarca, Dalmacio Mera, el defensor del Pueblo catamarqueño, explica que, a través de Apyfadim, tenían conocimiento de casos en los que la suspensión había sido arbitraria. “El procedimiento administrativo nunca se había realizado porque no estaba ni la notificación ni la convocatoria y de un día para el otro se les había dejado de depositar el subsidio”, explica.
El amparo judicial había sido la única forma de reclamo posible dado que, según agrega Mera, actualmente la Andis no tiene sede en esa provincia. “Desalquilaron el edificio que ocupaban”, dice el funcionario.
“Es lo único seguro que tenemos”
Alejo tiene 8 años y no va a la escuela. Formalmente cuenta con dos obras sociales: OSEP, la de los empleados públicos provinciales a través de su papá, que no vive con su mamá, y la del Programa Federal Incluir Salud, conocida como PROFE, por tener la pensión por discapacidad.
Sin embargo, en los hechos no tiene cobertura de ninguna de las dos. “Los de OSEP me dicen que tengo que renunciar a la pensión para tener cobertura. Y es lo único seguro que tenemos. El problema es que PROFE no me cubre nada, ni los pañales, ni los remedios, ni las terapias”, explica Vanesa.
De lunes a viernes, Alejo asiste a Apyfadim de manera gratuita. Ahí desayuna, almuerza, se alfabetiza y realiza talleres. También ahí usa su silla de ruedas nueva, la que está pagando su mamá. “En casa tenemos una vieja que ni las ruedas le andan, pero en Apyfadim necesitaba tener una buena silla para poder hacer todo”, explica Vanesa.
Griselda Bazan es presidenta de Apyfadim, organización sin fines de lucro que actualmente trabaja con 76 personas con discapacidad motriz de entre 5 y 60 años. “Esta provincia se presenta como inclusiva y ni siquiera transporte público adaptado tenemos”, se queja.
Bazan explica que la organización que encabeza se ha convertido en la única oportunidad educativa de los chicos que, como Alejo, no cuentan con un acompañante para ir a la escuela, ya sea porque sus obras sociales no se lo cubren o porque no tienen obra social. “Las escuelas te los reciben pero si no van con acompañante, cuando los vas a retirar encontrás que la mochila está tal como la dejaste: no les dan actividades”, denuncia.
Vanesa dice que a su hijo le encanta ir a Apyfadim. “Me cuentan que aprende rápido”, se enorgullece. La mujer sueña con poder comprarle otra silla de ruedas para su casa. “Tenemos una plaza cerca y no lo puedo llevar”, se lamenta. “Ahora que volví a cobrar, fui a averiguar si puedo sacar otro préstamo -concluye-, pero me dijeron que no”.
Más información:
- Para contactarse con la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (Apyfadimm) de Catamarca, podés llamar al 0383 450 8015.
- Si querés conocer cuáles son las prestaciones, servicios y derechos que tienen las personas con discapcidad, podés navegar por la guía que armó el equipo de Fundación LA NACION.
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