Tras un fallo. El Gobierno restituyó las pensiones por discapacidad en todo el país

La noticia causó alegría y también dudas: el gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial una resolución que dispone la restitución a nivel nacional de las pensiones no contributivas por discapacidad que habían sido dadas de baja como consecuencia de un proceso de auditorías dispuesto por el gobierno de Javier Milei. No solo eso, se dispone, por orden judicial de la suspensión de estos procedimientos.

Hay que recordar que la suspensión de las pensiones para personas con discapacidad que no cuentan con otro tipo de ingresos es uno de los reclamos que se viene impulsando, en distintas movilizaciones, junto con la actualización de los valores del nomenclador (lo que cobran los prestadores por atender a estas personas) como así también la implementación de la dos veces aprobada Ley de Emergencia en Discapacidad.

Se reclamaba que los procesos de auditoría no habían sido transparentes, que se había citado a la mayoría de los beneficiarios con cartas documento que llegaron a otros domicilios y que automáticamente se habían dado de baja esas pensiones. Además, que en otros casos, se habrían aplicado criterios arbitrarios para fundamentar que esa persona no necesitaba ese apoyo económico o que bien podía trabajar formalmente.

El hecho de perder la pensión, significó para miles de personas, no solo no contar con ese ingreso mensual, de unos 300.000 pesos, sino que fundamentalmente los dejó sin la obra social Incluir Salud, que es la que cubría los tratamientos que requerían, quedando sin atención desde entonces.

La resolución que publicó el Boletín Oficial surge del cumplimiento de una medida cautelar colectiva presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Azul, de La Plata, que nuclea a familias de personas con discapacidad.

El fallo que ordenó al gobierno a restituir las pensiones a nivel nacional es consecuencia de un reclamo colectivo que se presentó en la provincia de Catamarca, cuya resolución se publicó ayer en el Boletín Oficial, donde manda a restituir las pensiones de personas afectadas por las auditorías en esa provincia.

Sin embargo, a diferencia de lo que se publicó ayer, la nueva resolución indica que el alcance ahora será nacional, siempre a partir de la orden del Juzgado Federal N°2 de Catamarca. La novedad es que, en la resolución, se le asignó una partida presupuestaria, algo que no ocurrió en otras medidas que el Gobierno se negaba a aceptar. Esta vez se indicó que se utilizarán los fondos asignados para las pensiones en el presupuesto nacional.

LA NACION consultó a los voceros de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sobre el alcance de la resolución y sobre cómo se iba a implementar, sin embargo no respondieron a la consulta.

El fallo

“En el marco de los mencionados procesos de auditoría, se ordenaron las suspensiones de los beneficios a las personas identificadas en el Anexo I, en razón de haberse acreditado, en todos ellos, al menos, una de las causales establecidas en el artículo 9° del Capítulo VI del Anexo I del Decreto N°432/97 y sus normas modificatorias y complementarias, a los fines de resguardar la correcta aplicación de recursos públicos”, cita la resolución del Boletín Oficial.

Y aclara que la medida se adopta en cumplimiento del fallo del juez de Catamarca que indica: “Resuelvo hacer extensivo a todo el territorio nacional la medida cautelar dictada en fecha 12 de septiembre de 2025 y en consecuencia ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que, en el plazo de veinticuatro (24hs) desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada (dec.843/2024) y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.

Y agrega: “El interventor de la Andis resuelve: “Restablécele el pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, suspendidas por los actos administrativos dictados oportunamente, respecto de las personas identificadas en el Anexo I, que forma parte de la presente, en cumplimiento de la medida cautelar dictada. (…) El pago de las prestaciones precedentemente ordenado, será efectuado de acuerdo al cronograma de pagos vigente establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El gasto que demande la presente medida será afectado a la partida específica del presupuesto del ejercicio del correspondiente año”, dice el texto que lleva la firma de Alejandro Alberto Vilches, interventor de Andis.

La presentación

Desde ACIJ, una de las asociaciones que impulsaron la medida cautelar a nivel nacional, Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, explica cómo fue el proceso judicial. “Cuando comenzaron las auditorías, en distintas provincias se presentaron reclamos colectivos por la quita de pensiones. Así fue como en Formosa hubo un fallo favorable al reclamo colectivo y en Catamarca también. Cuando nosotros impulsamos un reclamo nacional, con el CELS y la Asociación Azul, resultó que en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, ya estaba inscripto el de Catamarca, y el juez que intervino, de La Plata, remitió nuestra presentación a ese proceso colectivo. Es un mecanismo que tiene la Justicia para evitar que se multipliquen en distintas partes del país procesos similares, por un mismo reclamo. Entonces, se unificó nuestro reclamo y hace unos días, el juez de Catamarca se expidió y consideró que se debía hacer extensiva la medida cautelar a nivel nacional. Esa es la novedad y por eso ayer y hoy se publicaron estas dos resoluciones en el Boletín Oficial. La de hoy, tiene alcance nacional”, explicó.

Además de publicar la resolución, por orden judicial, el gobierno nacional apeló la medida. Esta regirá hasta que la instancia de apelación se expida. Mientras tanto, deberá volver a pagar las pensiones de las personas a las que les fueron suspendidas.

“No sabemos exactamente si se van a pagar en forma retroactiva los meses en que no se abonaron. Por lo pronto, según dice la resolución, se empezarán a pagar de acuerdo al calendario de Anses, desde noviembre. Habrá que ver qué ocurre con el reclamo de los meses no abonados”, explica Arcucci.

También genera duda la mención que hace la resolución a que los beneficiarios alcanzados serán los incluidos en el anexo 1, que no se publica, ya que son datos personales. “Creemos que, si se acató lo ordenado por el juez, deberían restituirse todas las pensiones. Uno de los puntos más cuestionados del sistema de auditorías, es que el 90% de las personas a las que les quitaron la pensión nunca recibieron la carta documento en la que se los citaba, ya que la mayoría fueron enviadas a direcciones distintas a las del lugar de residencia actual del beneficiario”, dice Arcucci.

“Si la resolución dice esto, el Gobierno lo va a tener que acatar. No sabemos cómo será, cómo se implementará y seguramente habrá que estar encima para que se cumpla y en los plazos. No sabemos mucho más que lo que dice la resolución”, apuntó Pablo Molero, director del Foro Permanente por la Discapacidad, luego de conocer la resolución.

Por Evangelina Himitian

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