Prejuicios. El 31% de los argentinos cree que la gente que vive en las villas está mejor que ellos porque no paga los servicios

Evitaba decir que vivía en la villa 21-24 de Barracas y usaba la dirección postal de un primo para que le llegara la correspondencia. Fernando Maldonado conoce todas las aristas de la discriminación porque la sufrió, y todavía la sufre, en carne propia.

No es el único. Actualmente cerca de 930.000 familias viven en las 4.416 villas o asentamientos del país. Según el Relevamiento de Asentamientos Informales de Techo, realizado en 2016, el 50% de los vecinos de estos barrios dijo haberse sentido discriminado alguna vez.

De chico solo conocía la villa. Ese era su casa, su lugar. La primera vez que sintió que había "algo malo" en eso, fue cuando en la escuela dijo en donde vivía. "Ahí recién me di cuenta de que para la gente es un delito vivir en la villa. ¿Sabés qué lindo sería si las empresas y las universidades dieran más becas y trabajos a las personas de estos barrios?", se ilusiona Fernando.

Según el informe de Voices! realizado en exclusiva para LA NACION en abril pasado, el 77% de los argentinos reconoce que los pobres son discriminados y el 31% afirma que "la gente que vive en las villas está mejor que yo porque no pagan los servicios".

A los jóvenes de estos barrios la Policía los detiene por su aspecto, los rechazan en los trabajos por su lugar de residencia y la sociedad les tiene miedo por su aspecto. Esta condena social es una barrera con las que chocan sus oportunidades de futuro.

"La gente discrimina por desconocimiento y te dice que sos un villero. Si venís y caminás un poquito el barrio te das cuenta de que la mayoría de los jóvenes del barrio estudian y trabajan, quieren mejorar su realidad y se esfuerzan. Nadie quiere salir a robar", explica Fernando con una larga lista de logros que se crió en la villa 21-24 y hoy es universitario, profesional y un caso excepcional de movilidad social ascendente.

Historias como la suya son las que inspiran al proyecto Redes Invisibles de LA NACION, que busca derribar los prejuicios hacia los jóvenes más vulnerables, mostrando que cuando existe una red de personas e instituciones que les brindan oportunidades, logran salir adelante.

"No tienen que sentir lástima de las personas que viven en un barrio marginal. Nos tienen que dar una mano, así como me la dieron a mí y mirá hasta donde llegué", agrega Fernando.

Para Luis Vedoya, Gerente General de Creer Hacer, existen muchos prejuicios que limitan a las personas que viven en las villas. "Creo que tratarlos de chorros, drogadictos, vagos y borrachos. También que tienen hijos para cobrar planes, viven de subsidios y no hay cultura del trabajo. Si eso fuera cierto, la villa 21-24 sería una especie de Ciudad Gótica en la que nada funcionaría", señala de forma irónica.

Las estadísticas oficiales muestran que el promedio de personas por familia en las villas y asentamientos es de 3,3, o sea, menos de dos hijos por familia. Este dato echa por tierra la creencia de que allí todas las familias tienen varios hijos para cobrar los planes.

Juan Ignacio Maquieyra, titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, se planta frente a los prejuicios y rescata la cultura del trabajo que hay en estos barrios. "Los vecinos que viven en la Rodrigo Bueno son los que construyeron Puerto Madero. Muchas de las mujeres que viven en villa 20, trabajan como personal doméstico en los barrios cercanos o en los countries. Manejan remises, taxis, son recolectores de basura, mozos o cocineros. Es gente que trabaja en una economía muy vinculada con el resto de la ciudad", sostiene.

Servicios precarios

Fernando tiene lindos recuerdos de su infancia en la villa 21-24 de Barracas pero también reconoce las dificultades de crecer con la inquietud de no saber si ese día iba a haber luz, agua o gas. "La luz se corta seguido porque la traen en un transformador grande hasta la entrada del barrio y desde ahí los vecinos se enganchan. Con el agua pasa lo mismo. A veces se rompe un caño y el agua se mezcla con los residuos de las cloacas. Esa es el agua que usamos para bañarnos y para tomar. A nadie le gusta vivir así", señala.

Desde el IVC y Techo afirman que todos los vecinos quieren pagar por los servicios pero falta urbanizar los barrios. A nivel nacional, solo un 2% de los asentamientos informales tiene acceso a la red cloacal pública, un 8% tiene agua potable y un 28% posee conexión formal de luz, según el último relevamiento de Techo de 2018.

Fernando retruca: "No saben lo caro que nos sale no poder pagar los servicios. Cuando llueve acá se inunda todo, se generan cortocircuitos y perdemos todos los electrodomésticos. Compramos agua envasada o garrafas, lo que nos termina saliendo más caro que el servicio regular", dice con firmeza.

Durante este año, el IVC espera mudar a 4000 familias en la villa 20, la Rodrigo Bueno y la villa Fraga. "Les damos una casa con un crédito hipotecario a 30 años conectadas a todos los servicios de luz, agua y gas. A partir de ahora van a tener los mismos derechos y responsabilidades que el resto de los vecinos de la ciudad", sostiene Maquieyra.

"Me llama la atención que la gente se solidarice cuando hay una catástrofe como una inundación o una erupción en el país pero no lo hace con la gente que vive inundada todo el año en las villas y asentamientos. Humanizar las estadísticas es el único camino posible para generar conciencia. Hay que contar las historias de carne y hueso", concluye Gregorini.