Con la idea sola no alcanza

Extender la cantidad de años de escolaridad obligatoria no garantiza que los chicos terminen efectivamente el colegio, ni que reciban una enseñanza de mejor calidad. Al menos esa fue una de las enseñanzas que las transformaciones educativas dejaron en la Argentina y en América latina.

Por eso, el desafío que plantea el gobierno de Aníbal Ibarra no es menor, sobre todo si se tiene en cuenta que -según datos oficiales- de cada diez chicos que ingresan en los secundarios públicos porteños cuatro quedan en el camino. En otras palabras, el principal problema que se deberá afrontar es el de la deserción, que se acentúa especialmente en primer y segundo año.

Es cierto que, históricamente, la ciudad de Buenos Aires ha logrado los mayores índices de escolarización: en promedio, en el país sólo termina poco más del 40% de los alumnos que ingresan en el nivel medio.

De convertirse en ley este proyecto, la ciudad de Buenos Aires superaría al resto de la región en materia de obligatoriedad. Según un informe de la Unesco, en América latina hay países que estipulan un mínimo de seis años (como Honduras o Nicaragua), diez años (como la Argentina y Uruguay) y once (Guatemala y Perú), entre otros.

Estos datos dan cuenta de que aumentar la cantidad de años obligatorios no debe ser tan sencillo: no sólo hace falta mayor presupuesto, sino más infraestructura para albergar a una creciente población escolar y más docentes que dicten más horas de clase.

Cara y contracara

Sin dudas, la gran mayoría del sector educativo -docentes, directivos y académicos- apoyará el espíritu de la iniciativa, que es una idea positiva en medio de tantas malas noticias. Además, está probado que una mayor educación abre mejor las puertas al mercado laboral, aun en tiempos de crisis.

Sin embargo, en el corto plazo, hay síntomas de que no será fácil lograr el visto bueno de la Legislatura: el oficialismo no tiene mayoría propia y los partidos políticos no sólo están atomizados sino que también están sensibilizados con el presupuesto 2002, aún no aprobado. Por lo pronto, el PJ no va aprobar la ley sin antes realizar una "consulta amplia" a todos los sectores de la educación, afirmaron en el bloque a LA NACION.

Ya en 1997 Eduardo Duhalde había intentado algo similar cuando era gobernador bonaerense. Pero los senadores frenaron el plan por cuestiones presupuestarias. Y la idea terminó en un cajón.

Nadie se atrevería a decir que semejante cambio no sería deseable. La pregunta es si hoy es viable o si, como ha ocurrido con otros grandes anuncios, quedará sólo como una declaración de buenas intenciones.

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