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Denuncian un caso de censura previa
La medida afecta al diario El Tribuno
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su "preocupación y absoluta disconformidad" por la censura previa impuesta en Salta por el juez provincial Guillermo Félix Díaz, que impidió al diario El Tribuno la publicación de cierta información referida a la investigación de un homicidio.
El magistrado ordenó a la empresa editora de El Tribuno y a su director periodístico abstenerse de publicar la fotografía de Francisco José Alvarez, a quien diversas actuaciones judiciales involucraron como presunto autor del crimen de José Antonio Morales, ocurrido el 22 de agosto de 1994, que adquirió un relevante interés en la opinión pública.
El impedimento se extiende a todo tipo de "frases, palabras, informes, comentarios y opiniones que importaran cuestionar la presunción de inocencia de la que disfruta el presunto responsable del hecho delictivo", señala la declaración de ADEPA.
La entidad advirtió: "El Tribuno reflejó en sus páginas tales acontecimientos y las opiniones que merecían, con el propósito de satisfacer el legítimo derecho a la información de la ciudadanía y su legítima potestad de ejercer el derecho a informar".
Contra la Constitución
ADEPA consideró que la decisión judicial constituye "una hipótesis manifiesta de censura, que vulnera los artículos 14 de la Constitución nacional y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Añadió que "conforme a tales preceptos constitucionales, si bien la libertad de prensa no es absoluta, sí lo es la garantía que prohíbe todo tipo de censura" y agrega que "se trata de uno de los pilares básicos de una democracia constitucional donde imperan el pluralismo y la disparidad de opiniones expuestas en forma desinhibida y con plena libertad".
La declaración recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó enfáticamente en 1985 que "todo acto de censura y medida preventiva como la dispuesta por el juez Díaz importan la violación y el desconocimiento de la libertad de expresión". Agrega que el mismo criterio reiteró el 3 de mayo de 1996 en el caso Martorell y el 5 de febrero de 2001 en el caso Olmedo Bustos.
Para la entidad periodística, que preside el doctor Lauro Laíño, subdirector de La Prensa, "a pesar de esta jurisprudencia categórica sobre la absoluta inviabilidad de la censura previa, incluso de carácter preventivo, subsisten ciertos resabios autoritarios que inducen a algunos jueces a asumir el rol de censores para proteger ciertos derechos individuales".
Señala, además, que ese rol fue descalificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando, al resolver el caso de la doctora María R. Servini de Cubría, dispuso dejar sin efecto la censura previa impuesta judicialmente a un programa televisivo de Tato Bores.
Ante la gravedad del caso, cuya reiteración conlleva el riesgo de aniquilar el desenvolvimiento de una prensa libre e independiente, ADEPA pidió la revocación de la censura previa impuesta al diario El Tribuno y expresó su deseo de que "en las instancias judiciales superiores se imponga la sensatez republicana y se restablezcan los valores democráticos de nuestra Constitución".
