Denunció la SIP presiones del Gobierno al periodismo

“Los medios y los periodistas son blanco de un estilo de relación con funcionarios del Gobierno que, en la mayoría de los casos, se define como presiones que inciden en forma importante en la información que se transmite al público.”

Así se expresó ayer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al presentar en conferencia de prensa un informe preliminar de su misión en la Argentina, en el que advierte sobre la existencia de presiones a los periodistas y a los medios de comunicación y transmite su preocupación por los criterios de asignación de la publicidad oficial.

La delegación de la SIP está encabezada por su presidente, el editor peruano Alejandro Miró Quesada, e integrada por tres ex presidentes de la entidad: el uruguayo Danilo Arbilla y los norteamericanos Robert Cox y Edward Seaton; por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, el guatemalteco Gonzalo Marroquín; el director de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti, y Roberto Rock, de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información en México.

Hoy la misión se trasladará a Neuquén, donde mantendrá encuentros con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, y con legisladores en la segunda etapa de la visita al país. Debido a un urgente viaje a Perú, Miró Quesada no pudo estar en la rueda de prensa.

La semana próxima, cuando los 1400 miembros de la SIP se reúnan en asamblea en Panamá, se conocerán las conclusiones finales sobre "el nivel de gravedad que está viviendo la prensa en la Argentina", según expresó ayer Arbilla, ante una pregunta de LA NACION sobre si la delegación tenía un diagnóstico de la situación de la libertad de prensa en relación con el poder político.

La misión no anticipó conclusiones. No obstante, el ex presidente de la entidad dijo que "los problemas con la prensa no se dan sólo en Buenos Aires, sino también en las provincias y, aparentemente, de manera seria".

Trotti informó que ayer el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, suspendió la reunión previamente acordada con la SIP y justificó la cancelación en que "no tenía nada que agregar a lo que ya había expresado el jefe de Gabinete, Alberto Fernández".

En relación con el trabajo de los corresponsales de medios extranjeros acreditados en nuestro país, Marroquín dijo que "existen dos fenómenos: el primero es una muy compleja posibilidad de acceder a la información dentro del Gobierno. Y el segundo, la preocupación de los corresponsales por un comunicado que les advierte que, en las siguientes semanas, se procesaría la exigencia de una visa de trabajadores, lo que es muy difícil de encontrar en otros países".

Agregó que ese requerimiento "significa que una empresa local tendría que contratar a un corresponsal. Es muy raro y puede generar muchas complicaciones para la cobertura de la prensa internacional".

Al consultarse a Robert Cox sobre su impresión sobre la relación del Gobierno y la prensa, en el contexto de la política de derechos humanos, el editor norteamericano recurrió a una lección de Thomas Jefferson: "Es famosa su reflexión sobre que si él tuviera que elegir entre un gobierno sin diarios o diarios sin gobierno, elegiría diarios sin gobierno. Me parece que si Kirchner tuviera esta opción, elegiría gobierno sin diarios. Como yo estuve en la Argentina durante la dictadura, sabemos bien lo que es un gobierno sin diarios".

Los fondos públicos

En el informe leído por Marroquín se destacó que la delegación de la SIP "comprobó que la asignación de publicidad oficial se aplica con un criterio que no es objetivo ni sigue pautas técnicas ni profesionales, planteándose situaciones desiguales", que según los testimonios recogidos, son "actos de discriminación" que "favorecen a determinados medios y castigan a otros".

Tras precisar que el gobierno nacional aplica un criterio distinto en la materia "que denomina de equilibrio" y que consiste en apoyar a los medios medianos y pequeños y "evitar favorecer a los medios más grandes", el informe destaca que el Gobierno argumenta que esto "no significa salvar medios". No obstante, agregó, "en forma pública, un funcionario del Comfer admitió que el Gobierno mantiene a más de un medio y ha evitado la desaparición de otros". Se refirió, así, a lo admitido por el interventor Julio Barbaro a LA NACION en la entrevista publicada el 6 de febrero último.

Arbilla apuntó un dato curioso en relación con la filosofía expuesta por Fernández: "El sabe, porque lo dijo, que cuando estaba en la actividad privada el sistema más justo para distribuir la publicidad oficial era el de las pautas con criterios técnicos, pero desde el Gobierno, no. Dijo que la política era la del equilibrio. Pero tratándose de recursos públicos, la SIP cree que con más razón hay que aplicar criterios técnicos".

En el informe, el organismo destaca la respuesta del jefe de Gabinete en el sentido de que "el Gobierno directamente no le da publicidad a determinados medios por entender que aplican políticas extorsivas". Marroquín agregó que Fernández aludió a "la revista Noticias entre los medios extorsivos". La publicación de Editorial Perfil sostiene una postura crítica en relación con el Gobierno.

Entre otras quejas recibidas por la SIP se encuentra la discriminación del Gobierno en las invitaciones a los viajes presidenciales, así como "el telefonazo" oficial y el maltrato.

Política comunicacional

En cuanto a la "estrategia comunicacional oficial", la SIP mantiene otra diferencia, pues Fernández sostuvo que "el Presidente habla directamente con la gente a través de discursos y en actos públicos. No le dan importancia preferencial a la intermediación de la prensa y los periodistas en el marco de la comunicación entre los gobernantes y los gobernados". Arbilla agregó en la rueda de prensa que el Gobierno perseverará en ese modelo comunicacional porque "no cree que sea una buena política la intermediación de la prensa, la que no es prioritaria".

En relación con el reclamo de autocrítica del periodismo, expresado anteayer por el jefe de Gabinete a la SIP, Arbilla subrayó que "en la Argentina los periodistas no han dejado de asumir algunas omisiones o conductas que, debido a las presiones, contribuyen a la desinformación de los ciudadanos, que es el objetivo principal. Hemos corroborado que los medios argentinos no esquivan la responsabilidad". No obstante, los entrevistados por la SIP admitieron "faltas propias de los medios y de los periodistas" en la relación del Gobierno con la prensa.

Consultados por LA NACION sobre si cierta autocensura en la prensa era por temor o por necesidad, Arbilla expresó que, dada la difícil situación de la Argentina, en varios casos obedecía a "razones económicas".

En cuanto al proyecto de ley de acceso a la información, que espera la sanción de la Cámara de Diputados, la SIP consideró que "la iniciativa no cubre los estándares mínimos internacionales y otorga un excesivo margen de discrecionalidad a la autoridad, que se asume como propietaria de la información que le pertenece al ciudadano".

La misión evitó comparar la situación de la prensa argentina con la de otros países. Marroquín indicó que "cada país tiene procesos distintos. Pero la ONU ha detectado que América latina está pasando por procesos de difícil gobernabilidad, lo que ha generado efervescencia sociopolítica y el papel de la prensa está bajo presión".