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El tesoro sin dueño de un galeón
Fue rescatado del fondo del Atlántico y se lo disputan una empresa de "caza tesoros" y el Gobierno español
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TAMPA (EEUU), (EFE).- La procedencia del fabuloso tesoro valorado en 500 millones de dólares encontrado por la empresa Odyssey en el fondo del océano Atlántico sigue siendo un misterio y es posible que nunca se llegue a identificar al "Cisne negro".
El trabajo diario de una veintena de personas que limpia minuciosamente una a una las miles de monedas de plata y los objetos diversos que Odyssey rescató de las profundas aguas del Atlántico no ha servido para identificar todavía el buque.
Mientras tanto, en los tribunales de Florida se libra una sórdida batalla legal entorno al pecio extraído por Odyssey en la operación denominada "Cisne negro" y que España reclama con firmeza.
"Estamos deseosos de saber el nombre del buque de donde hemos extraído el tesoro, pero no hemos encontrado pruebas definitivas. Y quizás nunca podamos establecer la identidad del barco," asegura Greg Stemm, cofundador y copresidente de Odyssey, una empresa "caza-tesoros" que desde hace diez años cotiza en bolsa.
En una entrevista con Efe en la sede de Odyssey en Tampa (Florida), Stemm, de 50 años, se mostró seguro y convencido de que las leyes internacionales están de su parte en el conflicto legal con España.
Es más, lo que no entiende es la actitud de las autoridades españolas, a las que en noviembre de 2006 Odyssey les ofreció participar directamente en el rescate del tesoro.
"Desde hace diez años hemos sugerido que el Gobierno español establezca un régimen legal para la gestión de tesoros arqueológicos y finalmente ahora se va a hacer", afirma Stemm, quién no oculta que se siente dolido por lo que denomina falsas acusaciones y reproches de los políticos españoles.
"Es necesario que España tenga ese régimen de gestión de sus tesoros arqueológicos y que se establezcan todas las implicaciones legales, no sólo en aguas territoriales españolas sino en las internacionales, allá donde haya un buque español hundido", destaca.
La tranquilidad de Stemm se fundamenta en que el tribunal federal de Tampa competente en jurisdicción marítima concedió a Odyssey el estatus de descubridor y depositario de todos los yacimientos recuperados del pecio en disputa con España.
La denominada ley de Almirantazgo y la Convención del Mar establecen que el 90 por ciento del valor de lo recuperado corresponde a la empresa o personas que llevaron a cabo el rescate.
La posición legal de España se fundamenta en que o bien el pecio fue extraído en aguas territoriales españolas o se trata de un yacimiento arqueológico de bandera española, en cuyo caso la propiedad del tesoro correspondería al Gobierno español.
"Hemos reiterado que el pecio está en aguas internacionales y así lo hemos explicado en toda la información suministrada al tribunal. Su hubiésemos encontrado un yacimiento en aguas territoriales españolas no lo habríamos tocado", agrega Stemm.
El cofundador en 1994 de Odyssey, junto a John C. Morris, asegura que en la información que han entregado al juez Steven D. Merryday del tribunal federal de Tampa están todos los detalles y que el Gobierno español puede acceder a ello siempre y cuando firme un acuerdo de confidencialidad para evitar que se conozca el lugar exacto del yacimiento.
"Sería irresponsable -agregó- difundir ningún dato que permitiera la localización del sitio arqueológico. No hay manera de protegerlo en aguas internacionales y cualquiera con unos mínimos recursos pudiera tener la tentación de tratar de rescatar más objetos de valor".
Stemm insistió en que su empresa hará todo lo posible por identificar el buque naufragado y que podría ser, entre otros, el Santa María de las Mercedes, una fragata española que se hundió en 1804 durante un asalto de una escuadra británica.
Los objetos que se recuperan y luego se venden o subastan tienen más valor si cuentan con una procedencia determinada, según el copresidente de Odyssey, quién rechaza cualquier intento de su empresa de ocultación de información.
"En España quizás no se percatan de que somos una empresa que cotiza en bolsa y como tal estamos obligados a actuar con toda la legalidad y aportar informaciones veraces. De lo contrario corremos el riesgo de ir a la cárcel", subraya Stemm.
La complicada pugna legal, que se puede prolongar hasta nueve meses, seguirá mañana, miércoles, cuando el abogado que representa los intereses españoles, James Goold, aporte más información solicitada por el tribunal de Tampa.
Para ese momento, es posible que las monedas y objetos de valor recuperados en la operación "Cisne negro" estén ya disponibles para salir a la venta y a subasta, una ocasión histórica que los coleccionistas de todo el mundo esperan con avidez.
