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Frustrado acto de Alberto Fernández en el CCK por un controvertido decreto del sector editorial
Esta tarde el presidente iba a reconocer a Cadra como única institución para gestionar los derechos de reproducción de textos nacionales
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LA NACIONDaniel Gigena
Un nuevo faux pas tiene como protagonista al presidente Alberto Fernández. Esta tarde estaba previsto que participaría, de regreso de Chile y en el CCK, de un acto de reconocimiento al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra), asociación civil sin fines de lucro creada en 2002, que gestiona la reproducción de las obras de autores en el país y que preside Luis Quevedo, gerente de editorial Eudeba. La institución está integrada por dos mil socios, entre ellos, autores y traductores y más de cuatrocientas editoriales.
En el frustrado acto, el presidente Fernández, acompañado por el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el director nacional de Derecho de Autor, Walter Waisman, iba a anunciar la firma del decreto que le otorgaría a la institución la legitimación para obrar judicial y administrativamente, dentro del territorio nacional, a fin de regular los derechos intelectuales de reproducción de obras de los autores, sus herederos y los editores de obras literarias y científicas. El acto fue cancelado entre gallos y medianoche, “por un problema de agenda”, según informaron escuetamente desde el Ministerio de Cultura.
Se presume que los funcionarios y asesores del Gobierno se hicieron eco de las críticas en redes sociales que expresaron, entre otros, la titular de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche; el exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto; el historiador Ezequiel Adamovsky y la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (Abgra), María Silvia Lacorazza, que esta mañana, en X (exTwitter), comunicó que “mancomunadamente” habían logrado que el acto se suspendiera. Ayer, Lacorazza había dirigido al presidente una carta pública en la que le expresaba su preocupación por la firma del decreto, sin previa consulta a las asociaciones de bibliotecarios y a otros interesados.
“El gobierno está por dar a una entidad que no tiene el aval de los autores el derecho a cobrar en nombre de los autores incluso el material que se fotocopia con fines educativos. Los autores no deseamos ni autorizamos que esta entidad le exija pagos a las universidades”, remarcó Adamovsky en X.
Para algunos socios de Cadra, los críticos del centro (descripto como un “monopolio de gestión de cobranzas a entidades públicas y privadas”) responden a los intereses de los proveedores de internet, Google entre otros, que no suelen caracterizarse por pagar por el uso de contenidos ajenos que se difunden “libre y gratuitamente” en plataformas. Varios de los que reprueban el accionar de Cadra apoyaron la “ley Pinedo”, impulsada por los senadores Federico Pinedo y Liliana Fellner. En la página web de la Fundación Vía Libre se afirma que las políticas de propiedad intelectual “amenazan el ejercicio de la libertad de expresión”.
Entre otras funciones, Cadra autoriza la reproducción parcial de las obras protegidas por el derecho de autor, recauda el dinero que generan esas autorizaciones, distribuye lo recaudado entre los autores y editores de las obras reproducidas y ejerce acciones legales en defensa de los asociados. También cobra un canon a bibliotecas y universidades con las que ha suscripto “convenios especiales”. Y tiene acuerdos con entidades de más de cuarenta países. Forma parte de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción y cuenta con el apoyo y la cooperación del Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe.
“Si alguien gana dinero con un libro debe pagar. Si alguien fotocopia libros y vende dichas fotocopias debe pagar de alguna manera. Si los fotocopia y distribuye gratis, no debe pagar nada. Ese es para mí el principio básico”, opinó en X el escritor Sergio Olguín.
Luis Quevedo, presidente de Cadra y gerente de Eudeba indicó que la institución es un “puente” entre los contenidos y sus titulares. “Su tarea se vuelve fundamental porque un autor o una editorial no pueden, por sus propios medios, controlar la utilización de sus obras a nivel masivo -sostuvo-. Cada vez que se copia un libro, o se sube un PDF a internet, se crean ediciones piratas y se termina perjudicando a la industria editorial, en especial, el trabajo de creación de los autores. Cadra, además, permite que instituciones públicas y privadas, empresas y cualquier entidad que necesita un texto pueda obtenerlo en forma simple y legal”.
Al acto habían sido invitadas más de trescientas personas, entre ellos, escritores, editores, bibliotecarios, representantes diplomáticos y de la Sociedad Argentina de Escritores, el Centro PEN de Argentina y la Unión de Escritoras y Escritores.
LA NACION pudo saber que, tras la cancelación del acto y la postergación de la firma del decreto, las autoridades de Cadra “juntan apoyos” de organismos nacionales del sector editorial, y de universidades y bibliotecas públicas (el director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Juan Sasturain, es socio de Cadra). “El expediente tramita hace mucho tiempo”, informaron. También impulsan una campaña en redes sociales.
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