La coparticipación, clave para el financiamiento educativo

Para poder cumplir con las metas de la nueva ley de educación nacional hay que discutir la coparticipación federal, es decir, los recursos que el gobierno nacional distribuye entre las provincias. Si no, en breve la ley de financiamiento educativo empezará a resultar insuficiente.

Este fue uno de los temas que se plantearon ayer en la presentación del informe anual del monitoreo de la ley de financiamiento educativo, que durante todo el año pasado realizó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), junto con asociaciones civiles, entre ellas, la Fundación Diario LA NACION.

La principal conclusión del informe del Cippec, que se presentó en la Biblioteca Nacional -y que LA NACION ha ido publicando en partes-, es que se logró garantizar el cumplimiento de las metas de financiamiento que estaban previstas para el año 2006, tanto en el nivel nacional como, en términos generales, en el nivel provincial. Y ya está asegurado el cumplimiento nacional para este año. La norma plantea llegar a 2010 con una inversión en educación equivalente al 6% del PBI.

Debate pendiente

Aunque la coparticipación incluye la distribución de recursos a las provincias por todo concepto, una parte de esos fondos está asignada específicamente a educación, una novedad que introdujo la ley de financiamiento educativo, vigente desde 2006.

Hugo Yasky, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), dijo que "la coparticipación es un debate pendiente". Si no, se necesitará la "reformulación de la ley de financiamiento educativo".

En cuanto a los tiempos, Yasky señaló que se debería empezar a discutir el año que viene, "para tener definido el tema en 2009 y aprobar a fines de ese año una nueva ley de financiamiento". Una modificación de esta ley podría plantear que el gobierno nacional hiciera un mayor aporte, según el sindicalista. Hoy, mientras la Nación aporta el 40% de los recursos para educación, las provincias contribuyen con el 60 por ciento.

Por su parte, el ministro de Educación y candidato a jefe de gobierno porteño, Daniel Filmus, que comentó el informe, hizo hincapié en que desde 2002 se duplicó la inversión en educación en valores reales, al pasar de 2379 a 5555 millones de pesos, y señaló que tal inversión no tiene antecedentes en el país.

"Estoy de acuerdo respecto de rediscutir la coparticipación, que va más allá de lo educativo. Este año incorporamos a la provincia de Buenos Aires en el Fondo de Compensación Salarial, porque a pesar de hacer el esfuerzo relativo mayor, con un presupuesto del 35% para educación, tiene una inversión por alumno menor", estimó Filmus.

El ministro agregó que "hay una decisión de apoyar a la provincia porque, por más que aumente el presupuesto educativo, va a tener dificultades", debido al "techo que le marca la coparticipación".

Al aprobarse la nueva ley de educación el año pasado, ¿veían que podía no bastar con la ley de financiamiento para cumplir con las metas? "Lo veíamos -respondió Yasky-, pero creemos que primero debe estar la definición política de qué educación queremos y, en función de eso, garantizar los recursos, y no al revés, como siempre se hizo."

Yasky, que acompaña la política educativa del ministro Filmus, se refirió ayer a la ley de financiamiento como "un ejemplo de definición de políticas públicas" que permitió una evolución favorable, aunque sostuvo que "queda mucho por hacer".

Axel Rivas, director de Educación del Cippec, que presentó el informe, expresó que uno de los objetivos del monitoreo es el de "defender el derecho a la educación a través del cumplimiento del financiamiento".

Entre los desafíos futuros, el informe del Cippec plantea discutir si los recursos de la ley de financiamiento son suficientes para alcanzar las metas educativas establecidas, como la obligatoriedad de la educación secundaria, la jornada completa y la universalización de la sala de 4 años, a las que se suman los reclamos salariales docentes. Rivas señaló que "la ley es un gran paso pero no modifica estructuralmente la desigualdad, sólo compensa, porque el problema es fiscal y político".

Por Por Laura Casanovas <br/> De la Redacción de LA NACION

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