Fútbol para Todos: revocan el sobreseimiento de Aníbal Fernández en la causa que investiga supuestas coimas
El ministro de Seguridad está sospechado de pedir dinero a cambio de permisos para la transmisión de partidos durante el gobierno de Cristina Kirchner; la acusación también alcanza a exfuncionarios
LA NACION
La Cámara Federal revocó los sobreseimientos del ministro de Seguridad Aníbal Fernández y otros 18 imputados en el caso conocido como el capítulo argentino del FIFAgate, y encomendó al juez de primera instancia Daniel Rafecas a seguir investigándolos por el presunto cobro de coimas en el marco del programa Fútbol para Todos.
El funcionario nacional, entonces jefe de Gabinete, había sido denunciado junto al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, entre otros, por defraudación al Estado.
Se vieron afectados por este fallo, además de los exfuncionarios, el excoordinador de Fútbol Para Todos Pablo Paladino y a Ana Malecki, Silvina Arancibia, Juan Miguel Ripoll, Leonardo Elleberg, Alberto Pomato, Marcelo Bombau, Bruce Barret Churchill, Daniel Alejandro Nofal, el expresidente y ex director de la empresa Torneos Alejando Burzaco, Jacobo Bracco, Michael Alan Hartman, Eduardo De Abelleyra, William Langden Wedum, Carlos José García, Frederick Vierra y Ronald Kolders.
La denuncia fue formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), investigada por el fiscal Gerardo Pollicita e instruida por Rafecas, que sobreseyó a los 19 acusados hace casi dos años. Pollicita apeló ese fallo y ahora la Cámara Federal, con las firmas de Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, revocó los sobreseimientos.
Rafecas había considerado que no se identificó el perjuicio al Estado y que, además, se trataba de una decisión política no justiciable.
El fiscal había sostenido que el estudio pericial en el que Rafecas basó su decisión de sobreseer a los imputados “no arrojó resultados concluyentes para el esclarecimiento de los hechos, y que de la alegada imposibilidad de los peritos de establecer el valor mercado de los derechos televisivos investigados no puede colegirse que “no se verificó perjuicio alguno para el Erario Público”.
Fernández y el resto de los acusados están bajo sospecha por estafa en las operaciones de compra de los derechos de trasmisión de ocho campeonatos adquiridos a Torneos y Competencias con plata del plan Fútbol Para Todos. El monto del delito ascendería, según la acusación, a más de 33 millones de dólares.
El dictamen que los acusó años atrás los señalaba por “obligar abusivamente al Estado de pagar en un plazo menor a dos años U$S 33.050.000 a la empresa “TyC International B.V.”.
La investigación resulta de una causa mayor del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, el FIFAGate, el escándalo deportivo que explotó en 2015 en el máximo ente del fútbol mundial por sobornos, fraudes y lavado de dinero.
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