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Martínez de Giorgi cerró el caso $LIBRA solo un día después de que el fiscal pidió los sobreseimientos
LA NACION accedió al dictamen de Taiano, que sostiene que no había delito por investigar y que es la base del fallo del juez; se presentó el jueves y el viernes al mediodía el magistrado firmó la sentencia de 60 hojas con la que cerró la causa
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró el caso $LIBRA el viernes pasado. Sobreseyó a Javier y a Karina Milei, y al resto de los acusados, con un fallo de 60 hojas basado, fundamentalmente, en un dictamen del fiscal del caso, Eduardo Taiano, que hasta el momento no se conocía. El dato más notable es su fecha: está firmado el día anterior a la sentencia de los sobreseimientos.
LA NACION accedió a su contenido y ratificó la fecha de presentación con fuentes oficiales.
Esto quiere decir que el jueves, el juez recibió el dictamen, una presentación espontánea que no dice responder a consulta alguna, en la que, de forma inesperada, Taiano decide no seguir adelante con la investigación que tenía delegada. Y un día después, Martínez de Giorgi sobresee a todos los acusados. El juez hubiera podido limitarse a decir que, sin impulso fiscal, no podía seguir adelante. Pero eligió adentrarse en la revisión completa de las pruebas de la causa y en el análisis jurídico de las figuras penales adjudicadas al Presidente, a su hermana y al resto de los acusados. En 26 horas, revisó las 58 hojas del dictamen fiscal y tuvo lista la sentencia final para su causa.
Taiano firmó su dictamen a las 11:32 del jueves y Martínez de Giorgi suscribió su fallo a las 14:29 del viernes. La sentencia estaba escrita desde al menos las 13:30 de ese día, que fue cuando la firmó el secretario de la causa.
Fuentes del juzgado dijeron a LA NACION que Taiano ya le había avisado a Martínez de Giorgi que iba a presentar su dictamen y que el juez quiso dejar firmada su sentencia el viernes mismo porque “tenía un viaje programado”.
Por decisión del propio Martínez de Giorgi, Taiano era el único capaz de impulsar esta investigación porque el 3 de julio pasado el juez les quitó a las presuntas víctimas del caso la condición de querellantes (acusadores particulares) que tenían desde el 20 de marzo de 2025. Esa decisión fue confirmada el 4 de septiembre pasado por la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día de integración con los nuevos jueces nombrados por el propio Milei.
Los cinco inversores desplazados de la causa apuestan ahora a un último recurso: que la Cámara Federal de Casación revise esta situación y los reponga como querellantes. Llegan en una situación de debilidad a ese tribunal porque la Cámara Federal no les concedió el recurso (no les habilitó el camino) y, por ende, fueron “en queja”. Por eso, lo primero que deberá hacer ahora la Casación es resolver si les abre o no el recurso. Ayer, Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores, presentó un “pronto despacho” para apurar esa decisión del tribunal. Con la expectativa de que le den la razón, Marchetto -patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik- apeló en paralelo el cierre de la causa.
El dictamen de Taiano
En su dictamen del jueves pasado, Taiano hizo un resumen de las pruebas reunidas hasta el momento en el expediente y concluyó que no había “sustento fáctico alguno” para continuar con la investigación. Según el fiscal, no hay delito posible y no vale la pena seguir investigando.
El inversor Marchetto, en su presentación de ayer, se quejó de que Taiano no hubiera esperado siquiera pruebas que él mismo había ordenado y que estaban en trámite. “Al momento de dictarse el sobreseimiento existían medidas ya ordenadas y todavía en curso, peritajes pendientes de ampliación y personas directamente vinculadas con acontecimientos relevantes que ni siquiera habían sido escuchadas”, afirmó.
Para Marchetto, “la contradicción resulta evidente” porque “si la propia investigación todavía procuraba determinar quién controlaba determinadas billeteras, reconstruir movimientos de activos, completar extracciones forenses y esclarecer relaciones personales y económicas entre los protagonistas, difícilmente pudiera afirmarse simultáneamente que se encontraba agotada toda posibilidad razonable de atribuir relevancia penal a los hechos”.
El presunto inversor damnificado destacó que una de las pruebas pendientes, dispuesta por el fiscal y no terminada, fue la ampliación de un análisis sobre “los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco”, un jubilado argentino y un trader colombiana que recibieron cinco millones de dólares de Hayden Davis. Marchetto dijo: “El sobreseimiento no puede convertirse en el mecanismo mediante el cual se declare irrelevante aquello que la propia investigación todavía no terminó de investigar”.
En su presentación del jueves, Taiano dedicó 40 páginas a repasar todas las pruebas reunidas en la causa y analizó luego la relación de los acusados con los delitos que se les habían imputado.
En cuanto a Karina Milei, sostuvo que “los denunciantes señalaron que habría recibido una suma de dinero para facilitar las reuniones del Presidente de la Nación con los empresarios extranjeros Hayden Davis, Julian Peh y Bartosz Lipinski”, pero que “lo cierto es que de la prueba incorporada al expediente no ha sido factible acreditar esa sospecha preliminar”.
El fiscal, que en representación de la sociedad es quien impulsa las investigaciones penales, dijo que “no se puede sostener una imputación con meras suposiciones e inferencias sin sustento fáctico alguno que den cuenta de la posible comisión de un delito” y afirmó que, en este caso, “no se ha podido probar un intercambio indebido, es decir, una conexión entre un beneficio ofrecido o pactado y una actuación funcional concreta”.
En cuanto a la supuesta estafa adjudicada a Javier Milei y el resto de los acusados, el fiscal sostuvo que no estaban “configurados los elementos requeridos por la norma para afirmar la comisión” del delito de estafa, dado que “el proyecto efectivamente existía; que el token fue efectivamente lanzado; que el ecosistema blockchain involucrado era real; que las empresas participantes tenían existencia concreta y que la operatoria desarrollada se ejecutó públicamente a través de herramientas abiertas y trazables en blockchain”.
Según el fiscal, “podrá discutirse la conveniencia económica del proyecto, el éxito posterior de la iniciativa o incluso la razonabilidad especulativa de adquirir el token”, pero “nada de ello convierte los hechos en una estafa”.
En cuanto a los dos hombres que recibieron los millones de Davis, Taiano dijo que “se detectaron movimientos de dinero por parte de dos personas que habrían sido identificadas como Flavio Camilo Rodriguez Blanco y Orlando Mellino, días antes del lanzamiento de $LIBRA”. Pero afirmó: “Lo cierto es que, de los informes de la UFECI, del análisis de trazabilidad efectuado por el Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina y del análisis producido por la DATIP no fue posible relacionar a los nombrados con las maniobras denunciadas, como así tampoco acreditar que estos tuvieran un vínculo o relación con las personas investigadas”.
Para descartar los otros delitos adjudicados a Milei (abuso de autoridad, violación de sus deberes de funcionario, negociaciones incompatibles con su cargo), el fiscal se apoya en informes originados por organismos dependientes del propio Poder Ejecutivo.
Taiano dice que “no debe perderse de vista que la resolución del titular de la Oficina Anticorrupción en el marco del expediente SISA 22.632, concluyó que el nombrado [Milei] no había cometido infracción alguna a la ley 25.188 de Ética Pública en el Ejercicio de la Función Pública”. El fiscal afirma: “En definitiva, las circunstancias valoradas y las conclusiones arribadas por la Oficina Anticorrupción, organismo encargado de interpretar los alcances de la ley de ética pública, me eximen de efectuar mayores consideraciones respecto del delito reprimido en el artículo 248 del CPN [abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos].”
Y añade: “Aunado a ello, es menester destacar que tanto la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de Presidencia [secretaría cuya titular es Karina Milei] fueron contundentes al informar que no se registraron actos administrativos y que no constan registros sobre un acuerdo confidencial entre Hayden Davis y el presidente de la nación Javier Milei relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, específicamente con el objeto de brindar asesoramiento en Blockchain y Criptomonedas, que habría sido firmado por los nombrados días previos al lanzamiento del Token “$Libra”.
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