Fútbol Para Todos: por qué revocaron los sobreseimientos de Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich

La Justicia revocó hoy el sobreseimiento dictado por el juez Daniel Rafecas a tres ex jefes de Gabinete del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de una investigación por supuestos sobreprecios en la compra de derechos de TV del Programa Fútbol Para Todos. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional falló en contra de Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich, quienes desde su función en el Poder Ejecutivo eran los dueños políticos del programa que estatizó las transmisiones deportivas entre 2009 y 2017 y obligó al magistrado a seguir investigándolos.

La decisión judicial, firmada por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, también involucra a otros funcionarios del gobierno kirchnerista, como Pablo Paladino y Juan Gabriel Mariotto, quienes se desempeñaron como director del programa y de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), respectivamente.

También abarca a los integrantes del directorio de la empresa Torneos (ex Torneos y Competencias) y Torneos y Competencias B.V., subsidiaria holandesa de la productora argentina usada para firmar los contratos con el Ejecutivo argentino. Entre esos hombres de negocio se encuentra el ex CEO de la compañía, Alejandro Burzaco, quien permanece en Estados Unidos a disposición del Departamento de Justicia de ese país y a la espera de su sentencia en el marco del FIFAgate.

Se vieron afectados por este fallo, además de los exfuncionarios, el excoordinador de Fútbol Para Todos Pablo Paladino y a Ana Malecki, Silvina Arancibia, Juan Miguel Ripoll, Leonardo Elleberg, Alberto Pomato, Marcelo Bombau, Bruce Barret Churchill, Daniel Alejandro Nofal, el expresidente y ex director de la empresa Torneos Alejando Burzaco, Jacobo Bracco, Michael Alan Hartman, Eduardo De Abelleyra, William Langden Wedum, Carlos José García, Frederick Vierra y Ronald Kolders.

En concreto, la Cámara le ordena a Rafecas seguir investigando la denuncia original del fiscal Gerardo Pollicita, quien había cuestionado la firma de ocho contratos entre la productora porteña, su subsidiaria holandesa y el gobierno argentino por un total de US$ 30,05 millones. El detalle:

• Copa América 2011 - U$S 3.200.000
• Superclásico de las Américas 2011 (Argentina-Brasil)- U$S 1.200.000
• Amistoso Argentina-Brasil 2012 - U$S 450.000
• Superclásico de las Américas 2012 (Argentina-Brasil) - U$S 600.000
• Copa Mundial 2014 - U$S 18.000.000
• Copa América 2015 - U$S 8.000.000
• Sudamericano sub-20 2013 - U$S 600.000
• Copa Mundial Sub-20 2013 - U$S 1.000.000

Según el trámite original del defensor público, ese gasto entrañaba sobreprecios por varios millones de dólares que, de probarse, hubieran implicado el delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública”. El fallo original de Rafecas se basa en un dictamen de peritos contables, que no pudieron estimar un valor para los derechos de TV adquiridos por el gobierno en su momento y, por lo tanto, no lograron establecer la existencia de sobreprecios.

“No se advierte avance alguno en la pesquisa respecto a las diferencias que podrían existir entre los valores que figuraban en los contratos celebrados entre Alejandro Burzaco y la Jefatura de Gabinete de Ministros con aquellos que le eran informados al Directorio de “Torneos y Competencias”, correspondiendo a la instrucción efectuar el rastreo de las sumas dinerarias implicadas a fin de arrojar mayor luz a la cuestión y determinar si se ocultó dinero, cómo se ocultó y qué finalidad se le dio”, dicen los camaristas en el fallo, al que accedió LA NACION. Traducido: el tribunal de Alzada le pide al juez que investigue si el dinero que el Gobierno dijo que había pagado efectivamente ingresó a las arcas de Torneos (aquí o en Holanda).

Los tres camaristas abundan y le recuerdan al juez que el objetivo de la investigación es dilucidar si el Estado argentino se perjudicó por los negocios entre un privado (Torneos) y los entonces funcionarios del gobierno: “Resulta crucial para esta pesquisa establecer si ha mediado algún acuerdo espurio que pudiera haber tenido como perjudicado al Estado Nacional o también, independientemente de aquella comprobación, respecto del cual hubieran obtenido beneficios indebidos tanto los funcionarios públicos como los empresarios involucrados, existiendo aún otros caminos por recorrer a fin de llegar a su dilucidación”.

El tribunal de segunda instancia que le ordenó hoy a Rafecas continuar con la investigación también reclama que se tomen en cuenta las declaraciones de Burzaco como testigo del FIFAgate. El ex CEO de la empresa Torneos afirmó en su testimonio bajo juramento que “pagó US$ 4 millones en sobornos a Jorge Delhon y Pablo Paladino de Fútbol Para Todos entre 2011 y 2014″, y que “no sobornó a ningún otro funcionario público”. Delhon se suicidó en noviembre de 2017, horas después de esa declaración del empresario televisivo, al arrojarse a las vías de un tren.

Las primeras informaciones sobre los supuestos sobreprecios en los contratos firmados por el Poder Ejecutivo con Torneos, enmarcados dentro del Fútbol Para Todos, aparecieron en una denuncia de la Procuraduría contra la criminalidad económica y lavado de activos (Procelac) y en una presentación judicial realizada por la diputada Graciela Ocaña. La investigación de Rafecas es un desprendimiento de la causa original por desvíos en el Fútbol Para Todos, que instruyó la jueza María Servini, y en la que tanto Capitanich como Fernández fueron procesados y enviados a juicio oral. Abal Medina recibió la falta de mérito.

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