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PARIS.– Este martes, en la segunda jornada de su juicio ante el Tribunal de la Corte en lo Criminal de París, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados de haber asesinado a sangre fría a Federico Martín Aramburú el 19 de marzo de 2022, no comparecieron por los hechos, sino para echar luz sobre su propia identidad. Tras las cautelosas confesiones realizadas el día anterior —uno alegando legítima defensa y el otro negando cualquier intención de matar—, la audiencia se centró en los informes periciales de personalidad. Un ejercicio que, de manera metódica, dejó en relieve un pasado donde la violencia ocupa un lugar central, mucho antes de la trágica noche en que el exrugbier argentino perdiera la vida.
La sala Voltaire del Tribunal de la Corte en los Criminal de París volvió a llenarse en esta segunda jornada del proceso. Quienes asistieron pudieron ver con claridad cómo, a medida que los peritos psicológicos trazaban el perfil de los cuatro acusados, también iba cobrando forma, de manera implícita, el relato de una radicalización de larga data.
La mañana comenzó con Romain Bouvier, interrogado sobre los numerosos objetos incautados en su domicilio: una decena de armas de fuego, más de 1200 municiones, una estatuilla de Adolf Hitler, un disco vinculado a la organización de estudiantes de extrema derecha radical Grupo Unión Defensa (GUD) y un ejemplar de Mein Kampf.
Ante el presidente del tribunal, el acusado justificó la presencia del libro alegando su valor bibliográfico —describiéndolo como una “edición muy rara, en alemán y con caracteres góticos”—, antes de confirmar su antigua afición por las armas antiguas, que coleccionaba, y por el tiro, actividad que practicaba varias veces al año en una propiedad privada. Al ser cuestionado sobre su relación con Loïk Le Priol, insistió en que existía una relación de igualdad entre ambos, negándose rotundamente a haber sido en algún momento el “subordinado” de su coacusado.
El tono medido de esas explicaciones contrasta con un elemento incluido en el expediente y reportado por varios medios: durante su prisión preventiva, uno de los dos hombres habría sido sorprendido al teléfono presumiendo, de forma cruda, de las últimas cuatro balas que había disparado en el cuerpo de la víctima. Ese contraste resume por sí solo la tensión de esta segunda jornada: por un lado, unos acusados preocupados por proyectar una imagen controlada, casi académica; por el otro, pruebas procesales que recuerdan la brutalidad del crimen.

La pericia psicológica de Loïk Le Priol ocupó gran parte de la tarde. Excomando de la marina expulsado del ejército en 2017 y repatriado de Yibutí dos años antes por sufrir un trastorno de estrés postraumático severo, el hombre describió una trayectoria marcada por las crisis: un grave accidente de auto en 2015 —el mismo año en que cometió actos de violencia en una reunión contra un ex presidente del GUD— y un aumento de la ansiedad tras el estallido de la guerra en Ucrania, lo que —según él—, le habría llevado a sentarse sistemáticamente de espaldas a la pared cuando está en una “terraza” (el exterior) de un bar o un restaurant. También se abordó su relación con Lyson Rochemir, su antigua pareja y actualmente procesada por complicidad en el intento de asesinato: la pareja se habría separado poco después de la muerte de Aramburú.
Según diversos informes de la audiencia, lo que más llama la atención es la discrepancia entre la apariencia de ambos hombres en el banquillo de los acusados y lo que revela su expediente. Con sus anteojos y su camisa clara, Loïk Le Priol parece más un estudiante que el veterano militar que fue. Mantuve la voz calma en todo momento, sobre todo al reiterar que admite haber disparado, mientras sostiene su línea de defensa —la legítima defensa— y asegura que nunca dejará de pedir perdón. Por su parte, Romain Bouvier adoptó un tono pausado y múltiples argumentos para justificar cada uno de los objetos hallados en su casa, como si intentara aclarar un malentendido en lugar de asumir un compromiso ideológico.
Lyson Rochemir, por su parte, dejó traslucir una mayor carga emocional. Tras negar rotundamente su complicidad, se desmoronó con la voz entrecortada al confesar el vértigo que le produce la cadena perpetua que se enfrenta a los 29 años. Una pena que, de ser impuesta, superaría todo el tiempo que ha vivido en libertad. Antony Sorrentino, el único que reconoció plenamente los hechos que se le imputan, mantuvo un perfil más bajo durante los debates. El informe pericial sobre su personalidad dibuja el retrato de un padre de familia y empresario sin vínculos ideológicos significativos con el GUD, organización a la que solo perteneció durante un año.
Frente al banquillo de los acusados, los familiares de Federico Martín Aramburú siguen los debates con una intensidad que no ha decaído desde la apertura del juicio. María, la viuda del exrugbier, lucha por contener las lágrimas cada vez que se menciona a los tres hijos de la pareja, y clava su mirada en cada uno de los acusados con una dureza implacable. El padre de la víctima, que viajó especialmente desde Argentina a pesar de su avanzada edad, permanece sentado junto a su familia con los auriculares de la traducción simultánea puestos, mientras a pocos metros de él se desarrolla el relato detallado de la vida del hombre que mató a su hijo.
El abogado de la familia, el letrado Yann Le Bras, no ha dejado de enmarcar estas pericias de personalidad en el contexto más amplio que defiende desde el inicio del juicio: el de una agresión que degeneró, de forma totalmente desproporcionada, en una auténtica cacería humana. Ya había señalado, antes de que comenzara el proceso, la falta de justificación alguna para que la pelea inicial en el bar Le Mabillon derivara en una persecución armada por las calles del Barrio Latino. La defensa, por su parte, continúa alegando miedo en lugar de premeditación, rechazando cualquier intención homicida en el momento de los disparos.
En todo caso, lo que esta segunda jornada de audiencia revela, más allá de las trayectorias individuales, es la esencia de un entorno. El Grupo Union Défense, disuelto por decreto en 2024, ha estructurado la mayor parte de las relaciones entre los acusados: un espacio de socialización, pero también la matriz de varios episodios de violencia organizada. Un modus operandi —la expedición punitiva, filmada y reivindicada de forma implícita— que plantea interrogantes sobre cómo este movimiento pudo mantenerse durante años al margen de la justicia antes de resurgir, armado, en una calle de Saint-Germain-des-Prés.

Porque esa es, precisamente, la pregunta que acecha este juicio, cuya duración se prevé hasta el 26 de septiembre: ¿cómo es que dos hombres bajo control judicial, con prohibición de portar armas y de relacionarse entre sí, llegaron al extremo de vaciar sus cargadores contra un hombre desarmado? Según la reconstrucción de la acusación, fueron cuatro disparos en cuatro segundos por parte de uno (Bouvier) y seis por el otro (Le Priol), de los cuales tres fueron por la espalda. En la red, la “fachosphère” (fachósfera, en francés) sigue invirtiendo los papeles, presentando a Le Priol como la víctima de una agresión que habría salido mal. Por su parte, los debates sobre su personalidad dibujan una trayectoria más antigua y documentada: la de un compromiso con la ultraderecha donde la violencia nunca fue un accidente, sino una práctica recurrente entre expediciones punitivas, el culto a la fuerza y derivas paranoicas.
La audiencia se reanudará en los próximos días con las pericias psiquiátricas de los acusados, antes de dar paso a las declaraciones de los testigos directos de la noche del 19 de marzo de 2022.


