A seis meses de asumir, el gobierno de Raúl Alfonsín hizo el lanzamiento de las cajas PAN, el gran antecedente

La Argentina tuvo un plan social de amplio alcance nacional y larga duración que puede constituirse en un antecedente equiparable al plan de Jefes y Jefas de Hogar.

Se trató del Plan Alimentario Nacional (PAN), que implementó el gobierno de Raúl Alfonsín en mayo de 1984 y que distribuyó una caja de alimentos mensual a familias pobres durante cinco años.

El lanzamiento fue anunciado por el entonces ministro de Bienestar Social, Aldo Neri, secundado por el secretario de Promoción y vicepresidente del PAN, Fernando Alfonsín, y por el subsecretario de Salud y Acción Social, Enrique Nosiglia.

Recordando las circunstancias en que se llevó adelante este plan, Aldo Neri, actual diputado por la Capital Federal de la UCR, dijo a LA NACION que "el PAN, sin idealizarlo, fue un programa muy eficiente en el sentido de que lo tuvimos en marcha antes de cumplir un año de gobierno. La idea fue un compromiso de campaña que tomó en su momento Raúl Alfonsín y que marcó mucho la preocupación por el hambre en la Argentina".

Una caja PAN cubría el 30% de los requerimientos nutricionales de una familia de cuatro personas e incluía 2 kilos de leche en polvo, un kilo de fideos, un kilo de arroz, uno de porotos, dos kilos de harina de trigo, un kilo de carne enlatada, dos kilos de harina de maís y dos litros de aceite. Cada caja costaba 550 pesos argentinos, que en ese momento equivalían a unos 11 dólares.

Las estimaciones oficiales de entonces ubicaban el íncide de pobreza en alrededor de un 15 por ciento: "Cuando uno mira hoy, que hay un 55 o 57% de familias bajo la línea de pobreza parece ridícula la cifra con la que trabajamos en esos años. Nuestras estimaciones eran del 15% bajo la línea de pobreza, eran casi 5 millones de personas", apuntó Neri.

El plan se financiaba con recursos del presupuesto y sus costos de gestión fueron considerados relativamente bajos, ya que rondaban entre el 6 y el 7% de lo gastado, cifra que incluía sueldos de los agentes PAN, transporte y logística. Los empleados directos del programa fueron entre 2500 y 2600 personas contratadas que cobraban alrededor de 6500 pesos argentinos mensuales (cifra equivalente a unos 130 dólares de ese momento).

Según cifras oficiales, el costo del programa representaba el 0,25% del producto bruto interno. Y el costo anual del plan era de entre 150 y 170 millones de dólares, una cifra relativamente baja comparada con otro plan de alcance nacional, como era el de vivienda llevado adelante por el Fonavi, y que le costaba al Estado unos 800 millones de dólares.

Objetivo integral

El diagnóstico de familias destinatarias del PAN se realizó sobre la base del censo habitacional del año 80 complementado con estadísticas provinciales y en el primer mes de funcionamiento el programa llegó a 700.000 familias y en esa cifra trepó hasta repartir un promedio de 1.200.000 cajas mensuales.

"El objetivo no fue sólo alimentario, la idea era transformarlo en un programa de desarrollo integral. Se reunía a las madres y se daba educación alimentaria, había detección de problemas de escolaridad de los chicos y se estimulaban las compras comunitarias", repasó Neri.

Sobre las críticas recibidas en su momento por una ineficiente distribución o por una asignación ligada más a fines políticos que sociales, Neri concedió que existió favoritismo político. "Algún grado de clientelismo hubo, pero había mecanismos de control para acotarlo. Y recuerdo que la cuota de clientelismo se usó más en las luchas internas de los partidos tanto radical como peronista, que en las elecciones nacionales. Siempre que se reparte algo, el riesgo existe."

Un dato curioso que liga al PAN con el presente es que uno de los primeros en criticar el plan fue el ex presidente Eduardo Duhalde, entonces intendente de Lomas de Zamora: "No estuvimos en la distribución", se quejó en su momento.

Con el PAN, el Estado se convirtió en un gran comprador y eso alimentó suspicacias de favoritismo en la asignación de las compras. "Claro que hubo críticas, pero logramos organizarnos para que las compras las haga la Junta Nacional de Granos y le aseguro que ninguno de nosotros fue a un tribunal a presentar ningún documentos", dijo Neri.

Volviendo al presente, Neri está de acuerdo con el plan de Jefes y Jefas de Hogar, aunque critica su dificultad de gestión. "El riesgo es que se transforme para siempre en esto que es, es decir, un reparto de subsidios, con gran dificultad de lograr la contraprestación laboral o educativa." Y propone reemplazar estos programas por una universalización de la seguridad social, por ejemplo la asignación por hijo, independientemente de que sus padres estén trabajando o no.

-¿Por qué no se logró hasta ahora construir un registro único de beneficiarios de planes sociales?, preguntó LA NACION.

-Cuando usted entra en el análisis de lo que hay que hacer es más difícil de lo que parece. Hay gente que entra y sale de la condición de marginado o excluido. El tema no adelantó con Carlos Menem, no adelantó con De la Rúa; por eso tenemos que caminar hacia criterios universalistas, sin intermediación.

Una coincidencia con este punto de vista aparece en el libro "Nuevos diálogos", donde monseñor Justo Laguna se refirió a los objetivos y la esperable transitoriedad de los planes sociales: "Antes de que la gente muera de hambre hay que darle de comer, de acuerdo, pero no sin buscar una solución definitiva que la devuelva al sistema del que ha sido expulsada con violencia, de la mañana a la noche".