La titular de la asociación, Sandra González, señaló que el decreto que firmó el presidente Duhalde "confirma que en nuestro país la ilicitud es el patrón del Gobierno y las empresas"
La Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores de Argentina (ADECUA) manifestó hoy que concurrirá a la Justicia "porque el presidente Eduardo Duhalde, con este decreto" que autoriza el aumento de tarifas de luz y gas, "confirma que en nuestro país la ilicitud es el patrón del Gobierno y las empresas".
La presidenta de ADECUA, Sandra González, se lamentó porque en una etapa del país donde "todos se llenan la boca exigiendo seguridad jurídica, aquí es el Estado en primero que comete un ilícito".
En ese sentido, González indicó que un ajuste de tarifas "no se puede decidir por la vía de un decreto", y sostuvo que "esta barbaridad que firmó el Presidente" significa que "la inseguridad de la gente es la seguridad jurídica de las empresas".
Asimismo, ADECUA pidió a los usuarios que revisen "de manera minuciosa" las facturas, porque "podrán notar que aquí alguien está mintiéndole a la gente".
Al respecto, el director ejecutivo de la entidad, Osvaldo Riopedre, aseguró que "los porcentajes no cierran", porque precisó que a un usuario de gas, para que el aumento sea de sólo 1,70 pesos mensuales, debería llegarle una factura de 17 pesos por mes; y a un consumidor de luz, para que el incremento represente solamente 2,50 pesos, debería llegarle 25 pesos.
"Los porcentajes y números no cierran, alguien miente, el presidente, el ministro de Economía, los asesores o voceros, alguien está mintiendo", indicó Riopedre.
ADECUA anunció que el próximo lunes concurrirá a la Justicia para reclamar que se tenga presente que en el tema tarifas se conformó una comisión de renegociación de los contratos que nunca se expidió.
Así, González señaló que no sólo hay que discutir el tema tarifas, sino que antes deben revisarse en profundidad todos los contratos y a partir de esta evaluación, la comisión renegociadora deberá elaborar un dictamen, y sólo después de este pronunciamiento se podrá convocar a las audiencias públicas, para por último, evaluar desde el Poder Ejecutivo.
