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La CGT impulsa una suba de aportes de los trabajadores y las empresas a las obras sociales
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LA NACIONJosé Luis Brea
El ministro de Salud, Ginés González García, reveló que el Gobierno está en conversaciones con la Confederación General del Trabajo (CGT) para definir un eventual incremento de los aportes de los trabajadores a las obras sociales y así reforzar sus finanzas, golpeadas por la caída del empleo y las rebajas salariales a las que llevó la crisis profundizada por la pandemia. Se trata de un reclamo que los gremios vienen transmitiendo al menos desde marzo, preocupados además por el costo creciente de algunos tratamientos y medicamentos.
Una alta fuente de la central obrera aclaró que la propuesta incluye también una suba de las contribuciones patronales en igual proporción. "La pandemia sacó a relucir problemas anteriores del sistema. Discutimos el financiamiento de la salud; la concepción universal de nuestro sistema exige un esfuerzo compartido tanto por el trabajador como por las empresas", explicó el dirigente gremial.
"La suba necesaria es bastante significativa. Lo ideal sería de 1% y 1% en cada caso [un punto porcentual cada parte, trabajadores y contribuciones patronales]", agregó el dirigente sindical, quien reconoció la reticencia del Gobierno a incrementar -en un contexto como el actual- los descuentos en los recibos de sueldo de los trabajadores. El diálogo por ahora arrancó con los sindicatos y el Ministerio de Salud se habría comprometido a plantear el tema a los empresarios.
Pero a la CGT no le será fácil convencer a los técnicos. Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud, reconocen la delicada situación de muchas obras sociales, pero recuerdan que desde allí se les viene dando dinero para compensar la caída de aportes. "Es un fondo de emergencia que se crea a partir de los aportes y contribuciones. Es para tratamientos de alto costo, que no los pagan las obras sociales", aclaran, pero además subrayan que hay otras ayudas. "Desde enero hasta la fecha las obras sociales han recibido desde la Superintendencia, por distintos conceptos y subsidios, 44.900 millones de pesos", afirman, y hacen un extenso y detallado listado de desembolsos. Apenas dos ejemplos: el 27 de mayo pasado, por medio de la resolución 465, hubo un "apoyo financiero de excepción por caída de recaudación de abril contra marzo" por $1280 millones. Fue para 160 obras sociales. El 18 de julio fue el turno de la resolución 598, que giró un adelanto de fondos SUR (Subsidio Unico de Reintegros) por $2486 millones.
En el organismo que conduce Eugenio Zanarini manejan números que confirman la crisis del sector pero dicen que la última palabra no la tendrá Salud, sino el presidente Alberto Fernández. "A las obras sociales les cuesta $2600 por mes por persona tener cubierto el PMO [Programa Médico Obligatorio] y el ingreso promedio del sistema de salud es de más o menos $1820", informan. Es decir, la cuota que entra en promedio a las obras sociales por mes por persona no alcanza para cubrir una canasta básica de prestaciones médicas.
"Es un tema pesado [el eventual aumento de aportes de los trabajadores], que excede el Ministerio de salud y la Súper. Cuando el Presidente tenga que evaluarlo nos sentará a la mesa, pero no es una decisión nuestra", se sinceraron.
En la actualidad, a los trabajadores formales se les descuenta el 3% de su salario bruto para destinarlo al sistema de obras sociales, en tanto que los empleadores, dentro del total de las contribuciones patronales, aportan para el mismo destino el equivalente al 6% del salario bruto de sus empleados. Los trabajadores autónomos no tienen obligación de aportar a una obra social mientras que los monotributistas pagan una suma fija por persona que en estos momentos es de $1041,22 en todas las categorías. El mismo monto rige para el caso de los aportes del personal doméstico. Cualquier suba en estos porcentajes impactaría en el ingreso de bolsillo de los trabajadores, ya golpeado por la recesión y la inflación.
La profundización de la crisis que provocó la pandemia se tradujo en una caída de aportantes que agravó los problemas de financiación del sistema de salud. Según los últimos datos disponibles del Boletín Anual de la Seguridad Social de la AFIP, en febrero, antes de la llegada del coronavirus a la Argentina, había 10,3 millones de trabajadores aportantes registrados y 8,3 millones de "cotizantes" (los que efectivamente aportaron ese mes), mientras que en junio eran 10,1 millones y 7,4 millones, respectivamente. Los datos abarcan a los trabajadores en relación de dependencia, autónomos, mixtos y monotributistas. Pero la caída se torna aún más pronunciada cuando se miran las cifras de los trabajadores en relación de dependencia. Los cotizantes dependientes pasaron de 5,6 millones en febrero a 4,7 millones en junio.
"El sistema de salud tiene una tremenda desfinanciación, que este año la compensamos, le reinyectamos entre 25.000 y 30.000 millones de pesos. Disminuyeron algunas deudas [del Estado con el sistema], y como hay menos prestaciones hay menos gasto, pero no es una solución definitiva ni por casualidad. Hay dos lógicas en seguridad social: o los aportes lo hacen los contribuyentes o los hace el Tesoro. Estamos conversando con la CGT un incremento por parte de los trabajadores a las obras sociales. Los estudios sectoriales nuestros dicen que esto hace que mejore la situación, pero no es suficiente. Estamos conversando medidas para ver cómo mejorar esto. Y luego están los aportes de los monotributistas, que son situaciones que hay que corregir", señaló el ministro González García el martes en la jornada virtual "Pasado, presente y futuro de la salud", organizada por ConsensoSalud.
El tema de los monotributistas y su acceso al sistema de salud con un aporte más reducido que el de los trabajadores en relación de dependencia es un tema que también puso bajo la lupa la CGT y que está en la mesa de conversaciones, confirmó la fuente de la central obrera.
La posibilidad de una suba en las contribuciones patronales genera preocupación en el campo empresario. Consultado por LA NACION, el presidente de Copal y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo no haber tenido contactos con el Gobierno por este tema pero opinó que "hay acciones que se pueden tomar como bajar impuestos a las prestaciones de salud, el IVA por ejemplo, para bajar los costos; revisar qué impuestos están pagando las obras sociales y no aumentar las contribuciones porque volvemos siempre a que el sector formal de la economía sea el que soporte todo el peso".
El dirigente afirmó que, además, "en algunas paritarias ya se están haciendo aportes extraordinarios para la salud. Por ejemplo, en la alimentación. Además, la presión por la pandemia la están soportando las ART".
Cuánto está dispuesto a avanzar el Gobierno ante el pedido de la CGT aún está por verse. Por lo pronto, González García afirmo que "hay que trabajar para la persistencia del sistema, para que sea solidario y no tenga tantos subsidios cruzados. El sistema privado hoy tiene una ayuda impresionante del Estado. Las clínicas y los sanatorios tienen una parte importante de la nómina salarial pagada por el Estado. Hay que mejorar porque cuando termine la pandemia eso se va a acabar", advirtió.
