Anticipo de Ganancias: comenzó la rebelión de las empresas contra una de las últimas decisiones de Massa

En sintonía con las medidas oficializadas el lunes pasado por el ministro de Economía, Sergio Massa, el Gobierno estableció el viernes, a través de la Resolución General N°5391, un anticipo del Impuesto a las Ganancias del 15% a realizarse en tres cuotas mensuales y consecutivas.

La publicación en el Boletín Oficial sostiene que, en ciertos casos, el cómputo de quebrantos acumulados de ejercicios anteriores produjo la anulación del resultado impositivo. A raíz de lo cual se implementó “un pago a cuenta extraordinario” por parte de los contribuyentes incluidos en el artículo 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, tales como sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, fideicomisos y otros. Esto implica ingresar un anticipo de dicho impuesto del 15%, situación que puso en alerta a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), quienes expresaron su preocupación en una nota al titular de la AFIP, Carlos Castagneto.

La CAC remarcó que la norma no permite “la reducción o anulación del anticipo adicional ante la estimación de menores o nulos resultados en el ejercicio en curso, ni admite su cancelación por compensación con saldos a favor de libre disponibilidad que pueda tener el contribuyente”.

La Cámara también considera que el monto establecido “afectará a numerosas firmas, incluyendo al segmento PyME, en un contexto económico financiero especialmente complicado”, y postula que esto implicaría neutralizar cualquier “alivio fiscal” que se le hubiera otorgado a este sector.

“Se insiste en poner la totalidad del ajuste que requiere la economía nacional en cabeza del sector privado, en este caso vía un virtual empréstito gratuito para determinados contribuyentes”, sostienen. Dicho gravamen, continúan, disminuiría la capacidad de producir, invertir y dar empleo.

Otro punto de énfasis en la nota publicada por la CAC es que los anticipos se ven agravados por tratarse de una modificación imprevista: “Parece no tener en cuenta que las empresas presupuestan su actividad y su flujo de fondos, los que se ven drásticamente alterados por la obligación de ingresar el anticipo adicional”, afirman.

La entidad también sostiene que la nueva carga fiscal a los contribuyentes del universo formal no procura generar la disminución de la informalidad, la baja del gasto público y la “enorme presión fiscal” que pagan. “El deseo de la Cámara es que, tras esta solicitud, representativa del pensamiento de miles de empresas, se derogue la mencionada norma”, concluye.