Avanzan las sanciones a las eléctricas por el apagón de junio

Casi cinco meses después de que ocurriera el apagón que dejó a oscuras a casi todo el país, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó ayer las sanciones que les corresponden a las empresas de transporte y distribución de energía responsables de la falla ocurrida el domingo 16 de junio.

Por medio de una resolución, el ENRE dispuso cargos contra Transener, la operadora de las líneas de alta tensión que gestiona el transporte eléctrico, por "incumplimientos del régimen de calidad y servicio", aunque no hubo precisiones de multas u otras medidas a adoptar.

La empresa de transporte, controlada por Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, no fue la única apuntada. El ENRE también confirmó ayer que dispuso cargos contra las empresas distribuidoras, grandes usuarios y autogeneradoras, por inclumplir con los procedimientos de "Reserva instantánea y esquema de alivio de cargas", y contra las empresas generadoras, por haberse desconectado incorrectamente del sistema y "agravar el déficit de generación" en esa ocasión.

Las compañías tendrán 10 días para hace su descargo. Pasado ese tiempo, el ENRE emitirá su informe final con los resultados de la evaluación y las multas, si corresponden. El dinero de las sanciones lo recolectará Cammesa, la compañía con control estatal que decide los despachos de energía. Todavía no está definido si los usuarios recibirán una compensación por el apagón. En principio, como el Estado subsidia en promedio el 50% las tarifas residenciales a través de Cammesa, el monto de las sanciones estaría destinado a disminuir esas transferencias.

Transener está controlada en partes iguales por el Estado -compró la participación de Electroingeniería (del empresario Gerardo Ferreyra), a través de Ieasa (ex Enarsa)- y Pampa Energía, que además es la mayor accionista de Edenor, que también recibió sanciones.

El 16 de junio pasado, en el Día del Padre, el país amaneció pasadas las 7 de la mañana con un gigantesco apagón que alcanzó a casi todo el territorio nacional (con la excepción de Tierra del Fuego y Villa La Angostura) y a Uruguay. Más de 48 millones de personas (casi toda la población de ambos países) se vieron afectadas entre 8 y 15 horas, que fue lo que se tardó en reiniciar el sistema.

Ese día Transener tenía una de sus líneas de transmisión -la que conecta Colonia Elía (Entre Ríos) y Campana- fuera de servicio por trabajos de mantenimiento en la torre 412. En forma paralela, transportaba energía la línea melliza, Colonia Elía-Belgrano y se había realizado un bypass entre ambas líneas para mantener confiabilidad en el nodo Campana y capacidad de transporte en el corredor Litoral.

Todo comenzó con una sobrecarga que generó un cortocircuito en la línea de alta tensión que une Colonia Elía y Belgrano. En ese momento, el sistema de desconexión automática de generación (DAG) debió haber enviado una señal a las generadoras para disminuir la oferta de energía, pero esa señal no existió y el sistema siguió pensando que tenía dos líneas de transmisión alimentándolo, lo que desestabilizó las centrales de Yacyretá y Salto Grande, que con 3700 MW, son las mayores generadoras de electricidad del país.

En Transener admitieron la falla: "Dado el cambio de la configuración, a raíz del bypass, el DAG no se adecuó correctamente y no reconoció las señales emitidas por los sistemas de protección.

Según la explicación que había hecho Gustavo Lopetegui, secretario de Energía, en el Senado, las distribuidoras tampoco "bajaron lo suficiente la demanda como debían" y algunas generadoras "salieron de funcionamiento 20 segundos antes de lo previsto", lo que generó que nuevamente el sistema quedara desbalanceado. Por protección, se terminaron de desenganchar todas las máquinas generadoras, lo que provocó el corte total.

Ni Cammesa, la empresa con control estatal a cargo del despacho de energía, ni el mismo ENRE fueron responsables del accidente, según el Gobierno. Algunos actores del sector privado, sin embargo, señalaron que Cammesa podría haber minimizado el riesgo de sobrecargar las líneas de transmisión, disminuyendo el volumen de electricidad (3680 MW) que se estaba despachando desde el noroeste con una línea de transmisión fuera de servicio, para aprovechar la importación de energía barata de Brasil. Pero las necesidades de reducir el déficit fiscal eran mayores.