Aysa ya le envió al Gobierno propuestas para su privatización y espera respuesta

Las autoridades de AySA ya entregaron al Poder Ejecutivo su propuesta de venta y están a la espera de que la Casa Rosada publique el decreto para que el Estado comience a desprenderse del 90% de las acciones que posee. “Podríamos ser los próximos”, dijeron fuentes vinculadas a la empresa pública luego de ver la rúbrica en el Boletín Oficial mediante la cual el Gobierno autorizó el proceso de privatización de Intercargo.

A diferencia de la empresa del sector aeronáutico, AySA le propuso al Gobierno abrir dos posibilidades para su privatización. Una de ellas es la publicación de una licitación que ponga a la venta los activos del Estado. La otra, menos tradicional, plantea lanzar a la Bolsa las acciones, dejar que el mercado bursátil fije su cotización y que se las quede el mejor postor.

En sintonía con esto último, la empresa que brinda el servicio de acceso al agua en el AMBA comenzó el operativo “seducción”. Esto consiste en exhibir a AySA como una compañía rentable. Los números que le hicieron llegar al Gobierno indican que la firma terminó el primer año de gestión libertaria con un resultado operativo positivo de $104.000 millones, tras las actualizaciones mensuales en las boletas de agua que llegan a los hogares. El desempeño de la compañía en 2024 contrasta con el déficit de $278.000 millones registrado en 2023.

Tal como describieron, la idea plantea impulsar una oferta local e internacional bajo las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores y normativa extranjera. Sobre este último punto hacen especial hincapié, dado los posibles interesados europeos y latinoamericanos con los que la empresa cuenta.

“Hay magníficas empresas públicas argentinas que podrían ser un éxito de privatización. AySA, por ejemplo, es una empresa top. Ya nos ha llamado mucha gente para preguntarnos por AySA. Es una compañía interesante porque está muy bien gestionada, pero privatizarla la dotará de recursos para invertir y mejorar el servicio”, declaró el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Iñigo Fernández de Mesa.

La estrategia de la venta de acciones incluye varias jugadas, aunque todas parten de la idea de desprenderse de la mayor cantidad posible de ellas. Una de las alternativas es ofrecerlas, esperar la reacción del mercado y que el mayor comprador se quede con el control de la compañía. Otro escenario también contempla la venta de un “paquete de acciones especiales” (más costosas), que le brinden al adquirente la facultad de designar directores, entre otros beneficios.

La segunda alternativa de privatización propone publicar una licitación que ponga a la venta un porcentaje de acciones aún no definido, pero que le brinde al comprador el control de AySA. Esta posibilidad corre con desventaja dado que, según entienden en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a cargo de Diego Chaher, un proceso de ventas de acciones a través de la CNV sin la intervención del Poder Ejecutivo podría imprimirle mayor transparencia a la decisión.

Más allá del dinero, fundamental para cualquier tipo de negocio, el Gobierno también expone que cualquiera que adquiera AySA se hará cargo de una empresa sin empleados ni obra pública que responda a intereses políticos. De hecho, la extinta Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, que funcionaba bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete a cargo de Nicolás Posse, elaboró un documento en el que escribió: “AySA fue un ejemplo en el que se crearon cargos y se tomaron empleados por cuestiones políticas o de militancia partidaria y no por una necesidad real”.

Según datos del Indec, desde diciembre de 2023 la empresa desvinculó a 1454 personas. Pasó de tener una dotación de 7790 empleados a una de 6336. La gran mayoría de las bajas, unas 1200, adhirieron al plan de retiros voluntarios. Esto demandó un gasto de $44,9 mil millones, de acuerdo al informe que la Jefatura de Gabinete presentó al Congreso.

Otro dato que cualquier interesado en adquirir AySA debe tener en cuenta son sus inversiones. Esto forma parte de “la caja negra” de cualquier empresa. Es decir, la información interna. En este punto, se destaca la obra pública. Según el Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, la compañía figura como “área sustantiva” de 273 obras en ejecución. La gran mayoría de ellas son pequeñas, pero hay cinco catalogadas como “grandes obras”. Este quinteto tiene $123.723 millones de pagos pendientes para cubrir el 100% del financiamiento de sus contratos, de acuerdo al Mapa de Inversiones citado. Las obras se ubican en Berazategui, Avellaneda, La Matanza y dos en Quilmes.

De acuerdo al plan de AySA, la empresa se va a desprender de 83 obras de expansión, que son consideradas “grandes”. Contempla transferirlas a la Secretaría de Obras Públicas, municipios o a la provincia de Buenos Aires.

Por Ignacio Grimaldi

• Actualidad económica

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