Bajar el gasto público: entre los mitos y las posibilidades reales

El Gobierno pudo terminar de un saque con algunos problemas cuando comenzó su gestión, como el del cepo cambiario y el de la deuda con los holdouts. Pero ha decidido encarar otros, que son más estructurales -como el alto déficit fiscal y la inflación- en forma gradual. En el caso del agujero de las cuentas públicas, la administración macrista está en la curiosa situación de que "por izquierda" lo acusan de ajustar en forma salvaje, mientras que "por derecha" lo critican por ser tibio en términos de reducción del déficit.

¿Cuál es la verdad, entre estos dos extremos? Y, más importante, ¿cuál es el camino que tiene el Gobierno para bajar el gasto público?

Un coro de economistas ortodoxos sin experiencia en la administración pública suele vociferar que el problema de la Argentina es el gasto en personal. Sin embargo, ese ítem a nivel nacional sólo representa el 10% de las erogaciones del Estado.

En tanto, el 34% corresponde a jubilaciones y pensiones; el 13%, a subsidios económicos y el 8%, a gastos de capital, entre otros rubros.

Cuatro ex secretarios de Hacienda y tres expertos en cuentas públicas respondieron a las consultas de LA NACION sobre el tema, y elaboraron un diagnóstico sobre los caminos posibles para disminuir y mejorar el nivel del gasto público y para determinar cuáles serían las ventajas de contar con un déficit fiscal más bajo en relación con el PBI.

Lejos de ser opinadores livianos, quienes estuvieron a cargo de la Secretaría de Hacienda expresan sus ideas con mesura, sabiendo cuáles son las limitaciones para encarar el desafío. De hecho, en los últimos 40 años han sido escasos los períodos en los que el país pudo gozar de los beneficios del superávit fiscal. Es que la "fiesta" del gasto público la llevaron adelante gobiernos tan diferentes como la dictadura -Juan Alemann, secretario de Hacienda de la gestión de Martínez de Hoz, solía decir que "los militares gastaban como locos"- hasta el kirchnerismo, que, después de haber logrado un superávit fiscal inédito en 2004 de unos 4 puntos del PBI, terminó su gestión con un déficit de similar magnitud.

Al crecimiento del gasto público de más de diez veces en la "década ganada" se sumó una presión tributaria récord, difícil de bajar justamente en un contexto de alto déficit fiscal.

Los expertos creen que el Gobierno debe combinar medidas de fondo -como el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal vigente desde 2005, que obliga a que el gasto no suba por encima del PBI, o un congelamiento de mediano plazo del gasto, como en Brasil- con la utilización de un bisturí para revisar párrafo por párrafo el presupuesto, de modo de lograr una mayor eficiencia, algo que desde Hacienda prometen para el año 2018.

Jorge Sarghini, secretario de Hacienda en la gestión presidencial de Eduardo Duhalde, entre 2002 y 2003, afirmó que "el Gobierno cae en la trampa de no hacer nada, tanto en términos macro como microeconómicos". Lo que debería hacer, sostuvo el diputado bonaerense por el Frente Renovador -y probable candidato a diputado nacional en octubre- es "revisar renglón por renglón del presupuesto, para minimizar estructuras burocráticas que no tienen impacto social, y esto se hace zambulléndose en el presupuesto".

Hasta ahora, según Sarghini, "se hizo un proceso de hormiga que hace que todavía el gasto crezca por encima de los ingresos, con una estrategia equivocada en materia de personal, de creación de estructuras y de fondos fiduciarios".

"Con este agujero fiscal no se puede no controlar la situación, por si en algún momento se vuelve más complejo el financiamiento en términos de liquidez o de costos. Trabajar sobre el gasto no significa sólo hacerlo en los subsidios, porque de lo contrario, caemos en la conclusión de que las únicas opciones son una fuerte devaluación o un ajuste", concluyó.

Crecer, antes que ajustar

Pablo Guidotti, que fue secretario de Hacienda entre 1996 y 1999, en la presidencia de Carlos Menem, consideró que "la situación fiscal heredada por este gobierno es muy complicada, ya que no sólo existe un déficit muy grande, sino que los niveles de gasto público y presión tributaria comparados con el PBI son casi el doble que en los 90 y muy altos en la comparación internacional". Y, además, "el alto gasto público argentino no se traduce en mejores servicios para la comunidad".

Tanto para Guidotti, doctor en Economía de la Universidad de Chicago y profesor de la Di Tella, como para otros ex secretarios de Hacienda, es clave que la economía vuelva a crecer, y que eso ocurra en forma sostenida, para poder bajar el déficit fiscal con el menor costo posible. Considerando que el Gobierno se planteó llevar el déficit del 4,2% al 2,2% de este año a 2019, el funcionario del equipo de Roque Fernández dijo que "la meta de este año se puede cumplir, pero para los años siguientes es necesaria una reactivación más fuerte en la economía". Y agregó: "En el marco elegido por el Gobierno, la batalla se juega más en el campo del crecimiento económico que en el ajuste fiscal".

Sin embargo, consideró que mientras tanto "el Gobierno debería eliminar por completo el financiamiento monetario del déficit, que este año está cerca de los dos puntos del PBI; así el Banco Central podría tener espacio para bajar la tasa de interés y contribuir a la reactivación".

En lo estrictamente fiscal, sugirió que "la clase política argentina acuerde medidas como un aumento en la edad jubilatoria, y que no sólo vuelva el gasto público a niveles internacionalmente razonables, sino que también aumente su productividad".

En el caso de las provincias, consideró que sería bueno incorporar el mecanismo del "Chapter 9" aplicado en los Estados Unidos, que se refiere a la bancarrota y reestructuración para las deudas estaduales y municipales, de modo de que no todos los pasivos recaigan en la Nación.

Mario Brodersohn, secretario de Hacienda entre 1985 y 1989 en la presidencia de Raúl Alfonsín, afirmó que "el Gobierno después de las elecciones deberá definir su estrategia: o repite el plan de 2016, que es difícil en un contexto de déficit externo y comercial, o se plantea una discusión sobre el tamaño del Estado, con un gasto difícil de financiar". Sostuvo que "la única vía de escape son los subsidios, pero eso implica una política de aumento de las tarifas difícil de aplicar políticamente, así que sólo puede optar porque crezca el gasto en términos nominales, pero no reales, en relación con el PBI".

Brodersohn advirtió que en el mediano plazo el déficit no es sustentable porque "depende demasiado del financiamiento externo y la experiencia de la convertibilidad demuestra que no puede lograrse, pero, a la vez, un gobierno sin control de las cámaras del Congreso difícilmente pase reformas estructurales solo; por eso necesita un «pacto de la Moncloa» dedicado al sector fiscal".

Jorge Baldrich, secretario de Hacienda en la presidencia de Fernando de la Rúa, destacó que "se ha logrado una gran mejora en lo institucional; existe un equipo económico creíble y calificado en Hacienda, ya que en el gobierno anterior había subestimaciones del gasto en los presupuestos superiores al 25%, ampliaciones presupuestarias que llegaron al 40%, e incluso modificaciones presupuestarias con efecto retroactivo al año anterior".

"La estrategia económica ha priorizado un sinceramiento fiscal gradual, donde los riesgos de un menor sendero del crédito al sector privado y de un mayor tiempo de descompresión en el sector exportable, se visualizan como acordes a la restricción política. Soy optimista en que a partir del segundo semestre se consolide una dinámica fiscal sostenible", dijo quien hoy es profesor de la Universidad de San Andrés. De todos modos, consideró que el Gobierno debería encarar una reforma fiscal similar a la enmienda constitucional 95 que en 2016 aprobó Brasil: allí se congeló el gasto por 20 años. Según explicó, eso "daría un período de transición donde el gasto primario en términos del PBI tendría chances de retornar a niveles más sostenibles".

Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), opinó que "es difícil bajar el gasto, salvo en los subsidios a la energía, algo que el Gobierno hizo, pero no de la mejor forma posible; fuera de eso se hace difícil, porque el 40% es para jubilaciones y pensiones, y no se puede decir que los jubilados ganen mucho". En el caso del personal, "si el empleo bajara un 10%, la reducción del déficit sería ínfima". Por lo tanto, consideró que "hay que hacer sintonía fina para que el gasto sea más eficiente, mirando también los gastos provinciales y municipales, y buscando reducir el porcentaje de la economía en negro, un tercio del total, que no aporta y que genera que el resto de la sociedad deba cubrirlo".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Juan Manuel Abal Medina, afirmó que "hay que tener mediciones de impacto del gasto para avanzar en forma seria, y sería bueno contar con una agencia para eso, porque el Estado recauda mal y gasta mal"

Marcos Makón, ex subsecretario de Presupuesto, dijo que, dada la alta rigidez del gasto, la clave "pasa por el aumento de la masa de contribuyentes, con una reducción de la evasión tributaria, porque los impuestos no se pueden tocar y el recorte en subsidios permite que no crezca el gasto pero no que baje".

El investigador del Cippec Walter Agosto coincidió en que "se pueden reducir los subsidios económicos, que son el 20% del gasto público, lo que impone una gradualidad, porque no puede haber otra manera". Según expresó quien fue ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, "si bien hay posibilidades de plantear un clima de mayor austeridad, la diferencia debe hacerse en forma paulatina, y si la economía no crece, es difícil bajar el déficit. La mirada en cambio debe estar puesta en el gasto en personal de las provincias, que representa el 57% de sus gastos".

Los beneficios de bajar el déficit abundan: una economía más competitiva, sin presiones inflacionarias y con la chance de reducir impuestos. Ahora hay que esperar que el Gobierno acierte en su plan de vuelo, para lograr un descenso del rojo fiscal con la menor cantidad de turbulencias.