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Cae a la mitad el número de nuevos jubilados y por primera vez en años son mayoría las altas sin moratoria
Entre enero y septiembre hubo 151.707 beneficios otorgados, un 43% y un 52% menos que en 2025 y 2024; en cuatro de cada diez casos se recurrió a un plan por falta de aportes; qué opciones rigen para quienes no cumplen el requisito de contribuciones
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LA NACIONSilvia Stang
Entre enero y septiembre de este año, la Anses le otorgó el alta de su jubilación a 151.707 personas. La cifra es un 43% más baja que la de igual período de 2025 (hubo en ese entonces 114.264 casos más) y, a la vez, un 52% inferior que la de los primeros nueve meses de 2024 (cuando se habían dado 163.459 altas más). Las conclusiones se desprenden de analizar datos publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación.
Las cifras oficiales muestran que el 43% de quienes obtuvieron su jubilación este año recurrió a una moratoria por aportes no hechos en su momento, en tanto que el 57% llegó a la edad de retiro habiendo reunido durante su vida laboral los 30 años de aportes que, como mínimo, requiere el sistema.
De acuerdo con la publicación estadística, que tiene datos a partir de 2010, este es el primer año en una década y media en el cual las altas de beneficios jubilatorios sin moratoria son más que las altas con moratoria.
La baja del número de casos -que significa para el Gobierno un menor gasto fiscal- responde a que en marzo de 2025 dejó de regir el plan de compra de aportes para personas en edad jubilatoria dispuesto por la ley 27.705, conocido comúnmente como moratoria (aunque técnicamente no fue tan cosa).
Ello ocurrió en un escenario de agravamiento del persistente problema de informalidad laboral en el país, que reduce la cantidad de personas en condiciones de jubilarse. Según el Indec, entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de este año, la participación de los trabajadores informales subió del 41,4% al 45%, considerando el universo total de ocupados (asalariados y cuentapropistas). A la vez, sigue rigiendo una ley previsional que impone el requisito de contar con al menos 30 años de aportes para acceder a la jubilación, sin que se contemplen prestaciones de montos proporcionales para quienes contribuyeron una menor cantidad de años.
La opción para quienes no reúnen ese requisito y no pueden completar los aportes con las alternativas hoy vigentes para hacerlo (que se detallarán más adelante en esta nota), es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que exige tener 65 años de edad (varones y mujeres por igual) y pasar una evaluación socioeconómica de la Anses. Entre enero y septiembre de este año se pagaron cada mes, en promedio, 216.042 beneficios de este tipo, un 13,8% más que los 189.889 de igual período de 2025.
Plan fuera de juego
Entre mediados de marzo de 2023 y de 2025 rigió el plan del segundo capítulo de la ley 27.705, que permitía comprar aportes no ingresados al sistema oportunamente, sin tener que hacer un pago antes de acceder a la jubilación. El esquema, de hecho, preveía el descuento de montos de los haberes mensuales -una vez ya jubilada la persona- durante un determinado período, a manera de cuotas por la deuda asumida con el régimen previsional.
Eso rigió hasta el 23 de marzo de 2025, de acuerdo con lo que había estipulado la propia ley que estableció el plan. Si bien se había previsto la posibilidad de una prórroga, el gobierno de Javier Milei optó por ponerle punto final.
El impacto del plan ya no vigente comenzó a percibirse casi de inmediato en 2023, el año de su aprobación. Según la estadística oficial, en todo aquel año el 81% de las altas de jubilaciones fue para quienes adhirieron a la moratoria allí establecida. En los primeros nueve meses de 2023 hubo 328.735 altas jubilatorias, el número más alto de la última década para ese período, algo que da indicios de que había casos que estaban a la espera de una norma con las características de la ley 27.705.
Por su parte, el efecto del fin de la vigencia de esa moratoria se fue observando en la estadística de forma progresiva, porque durante varios meses de 2025 posteriores a marzo (es decir, posteriores al vencimiento de la medida) se otorgó el alta de la prestación a personas que habían tramitado la solicitud mientras regía aún el plan. En todo 2025 se otorgaron 338.553 jubilaciones, un 20,3% menos que en el año previo.
El universo de las prestaciones con moratoria es muy heterogéneo: hay quienes contribuyeron efectivamente más de 20 años y hay quienes tenían muy pocos aportes o ningún aporte realizado. En su inmensa mayoría, son beneficios del monto básico: nueve de cada diez jubilados que cobran el ingreso equivalente al haber mínimo más el bono de $70.000, ingresó al sistema con moratoria.
De las 5,65 millones de jubilaciones que la Anses pagó en septiembre pasado, el 68% (3,84 millones) incluyó alguna regularización de aportes, en tanto que 1,81 millones (32%) corresponden a personas que lograron cumplir en su vida laboral con el requisito de la ley.
Moratoria y planes vigentes
Actualmente, sigue vigente la moratoria de aportes de la ley 24.476, aprobada en 1995 y reglamentada en 2005, en un hecho que marcó el inicio de la dinámica que tuvo en los últimos años el proceso de altas jubilatorias. Es un régimen permanente para regularizar aportes a muy bajo costo, pero cada día tiene menor alcance, porque solamente puede accederse por meses sin aportes que sean previos a octubre de 1993. Por esa razón, el fin de su vigencia está previsto para el momento en el cual, solo por el paso del tiempo, ya nadie pueda adherir.
También rige un plan de compra de aportes incluido en la ley 27.705. A este sistema, llamado de “unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”, pueden adherir solo quienes están a 10 o menos años de la edad mínima requerida para jubilarse en el sistema general de la Anses; es decir, mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años.
Cada unidad de cancelación vale por un mes de aportes. La ley habilita la compra de períodos anteriores a abril de 2012, siempre a partir de que se hayan cumplido los 18 años de edad y con el requisito de haber residido en el país. El precio por cada mes de aportes adquiridos se reajusta por inflación. Este mes ese valor es de $42.560 y en noviembre subirá a $43.382, aproximadamente. Así, comprar un año completo costaría unos $520.584 si el pago se hiciera el mes próximo, y adquirir 10 años tendría un valor de $5.205.840.
Exceso de edad e hijos
También vale tener en cuenta que se permite compensar aportes no hechos con el exceso de la edad mínima jubilatoria y que a las mujeres se les reconocen períodos de contribución por haber tenido hijos.
La regla del exceso de edad indica que, si la persona no se jubila inmediatamente al cumplir 60 o 65 años (según se trate de una mujer o un varón), entonces se cuenta un año como aportado por cada dos que estén por arriba de esas edades al momento de ir por la prestación. Por ejemplo, un varón de 67 años, podría jubilarse con 29 años de contribuciones efectivas.
En cuanto al reconocimiento por hijos para mujeres, se cuenta un año como contribuido por cada hijo, como regla general, y, si hubo adopción, dos años. Por un hijo con discapacidad, se considera un año adicional, y si se accedió a la Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses, se suman dos años adicionales.
Por Silvia Stang
