Cambio histórico: gendarmes y prefectos podrían tener Swiss, OSDE u otro servicio privado de salud
El Gobierno avanza en la disolución del IOSFA para Prefectura y Gendarmería y prepara una licitación para que casi 200.000 efectivos, retirados y familiares accedan a la salud privada
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
La nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, está a horas de aplicar un golpe de timón que transformará un aspecto clave de la vida cotidiana de los integrantes de Prefectura y Gendarmería. Será, también, el fin del peregrinar de una decisión que empezó a discutirse durante el gobierno de Mauricio Macri, sufrió avatares de distinto tipo y culminará posiblemente la semana próxima con la publicación en el Boletín Oficial de un decreto que lleve la firma del presidente Javier Milei, entre otros.
La cartera avanzará en la disolución de IOSFA, como se conoce al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Es decir, la prestadora del Ministerio de Defensa y de las dos dependencias federales que están en la órbita de la dependencia que hasta hace poco manejaba la ahora senadora Patricia Bullrich.
Las Fuerzas Armadas, en cambio, seguirán manteniendo su servicio actual. Es lo que se acordó con el ministro Carlos Presti, a quien le reconocen haberle impreso velocidad a los cambios que quería implementar Monteoliva. Defensa, que a diferencia de Prefectura y Gendarmería tiene prestadores, creará la obra social denominada IOFA.
Desde el principio de la gestión de Milei, tanto Bullrich como Monteoliva venían monitoreando la gestión de la obra social. Hicieron auditorías y encontraron un descontento importante con la prestadora.
Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de la decisión, Seguridad hizo un sondeo entre 90.000 efectivos sobre distintos temas. De allí surgió que el 80% requería una alternativa distinta y que el 46% pagaba un servicio de salud diferente al que le proporcionaba el Estado. Este último dato fue determinante. Desde que Monteoliva reemplazó a Bullrich, se puso el tema como prioridad.
El decreto, que se conocerá la semana próxima, involucra el llamado a licitación para prestar el servicio de salud a 197.000 integrantes de Gendarmería y Prefectura, entre activos, retirados y sus familiares.
El plan es que reciban el servicio de salud de prepagas privadas. El equipo de Seguridad —hay continuidad entre la gestión de Bullrich y la de su sucesora— mantuvo reuniones a lo largo de 2025 con algunos de los principales jugadores privados de la actividad. Entre ellos, Swiss Medical, OSDE, Galeno, Medicus y Avalian.
Fuentes privadas señalan dos nombres activos en las discusiones. Uno es Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa de Seguridad, y su segundo, Gustavo Gavassa.
Las conversaciones apuntaron a una dificultad en particular que debe resolver el Gobierno: la distribución geográfica de las personas que requerirán atención médica. Es que el 60% de las fuerzas está repartido en la zona de Buenos Aires, Corrientes y Misiones. Pero el restante 40% se distribuye en 150 puntos distintos. El desafío es llegar a todos esos lugares.
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) enfrenta una de las crisis más severas de su historia, con una deuda que supera los $200.000 millones y un déficit operativo mensual de alrededor de $10.000 millones, como informó LA NACION. Esa acumulación de pasivos se registró incluso mientras las prestaciones esenciales seguían siendo recortadas, afectando tratamientos críticos para afiliados.
Tanto Defensa como Seguridad mantuvieron reuniones con funcionarios de Economía para definir el tratamiento del pasivo. En ese marco, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, transmitió que el ministro Luis Caputo evalúa autorizar el uso de fondos para cubrir el déficit.
El tema también preocupa a Defensa. Antes de dejar formalmente el Ministerio para asumir su banca como diputado, el entonces ministro Luis Petri ordenó una auditoría al IOSFA, con el objetivo de revisar el manejo del organismo durante los últimos seis años, incluyendo el período bajo la gestión anterior.
La medida se instrumentó como una instrucción directa a la actual titular de IOSFA para analizar aspectos presupuestarios, financieros, patrimoniales y de gestión.
Petri vinculó la situación al diseño institucional vigente y señaló que la fusión de las tres obras sociales de las Fuerzas Armadas —dispuesta por decreto en 2013— derivó en una estructura que, según su diagnóstico, no logró sostener el nivel de prestaciones previstas para los afiliados. El informe solicitado abarca el período 2019–2025.
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