Biodiésel: el activo disponible, más allá de coyunturas

“Las discusiones de suba o baja del corte, como quien abre o cierra una canilla, nos están impidiendo mirar a largo plazo y analizar por qué, mientras el mundo apuesta a los biocombustibles y Estados Unidos reconvierte destilerías de petróleo en plantas productoras de biocombustibles, acá vamos para atrás con una ley hecha en base a la coyuntura”, dice Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), al analizar la realidad del biodiésel en la Argentina.

Para entender la afirmación es necesario recordar algunos hechos. En mayo de 2021 se aprobó la nueva ley de Biocombustibles en la Argentina, que bajó el corte obligatorio del gasoil con biodiésel del 10 al 5%. Eso significó el desaprovechamiento de la capacidad instalada que la industria había sabido desarrollar en el país desde 2006, con la llegada de la primera ley.

Frente a esta nueva realidad, la industria debió volcar entre 500.000 y 600.000 toneladas de aceite de soja al mercado exportador. Es decir, sobreofertó el mercado, con sus consecuencias. “Además de impactar sobre los precios relativos de un producto en el que la Argentina es líder en ventas en el nivel global –cosa que termina repercutiendo en los precios de toda la cadena–, se reemplazó la mano de obra local destinada al agregado de valor por importaciones de un gasoil que se produce con mano de obra, destilerías e inversiones extranjeras”, puntualiza Castro.

Cuando se bajó el corte obligatorio en la Argentina no se sabía que poco tiempo después se desataría una guerra entre Rusia y Ucrania, con la consecuente faltas de gasoil y con aumento de precios en la Argentina. “Ahí nos dimos cuenta todos de cómo esta Ley había ido en contra de una capacidad estratégica del país, que ante cualquier problema –como éste– podía abastecerse con biodiésel”, afirma Castro.

En el país, el faltante comenzó a evidenciarse en febrero. En junio el Gobierno tomó dos medidas. Por un lado, elevó el corte obligatorio del 5 al 7,5% para las empresas de biodiésel que abastecen el mercado interno pero no son exportadoras. El precio fue fijado por la Secretaría de Energía y cada empresa –del grupo no exportador– tuvo un cupo.

La otra medida fue el establecimiento del sistema llamado Cotab, por el que se obliga a las petroleras a cortar un 5% adicional a ese 7,5%, siempre y cuando el precio de oferta del biodiésel sea igual o menor a la paridad de importación del gasoil. Esta última medida fue de carácter transitorio y se tomó para los meses de julio y agosto. Para Castro, lo correcto sería hacer oficial el anuncio de la prórroga, ya que “solo se establece un precio tope de referencia, pero que en definitiva es libre y hace que cualquier empresa –exporte o no– pueda abastecer ese corte”.

Castro asegura que en el país hay innumerables experiencias de corte del 20%, lo mismo que en Brasil, “que estuvo más de un año con 12% y que no generó ningún impacto negativo”, dice. Indonesia mantiene desde hace años un piso del 15% y llegó a tener un corte de 30%. “En nuestro país las experiencias demuestran que el tope es el 100% de biodiésel. Lo vimos con casos concretos como los colectivos que circularon por Rosario a base de biodiésel por más de un año, como lo hacen todavía algunas flotas oficiales en Córdoba y como lo han hecho camiones de una marca durante un año sin ningún tipo de problemas. Todo demuestra, por el contrario, que bajaron las emisiones nocivas”, analiza el ejecutivo de Carbio.

“El mundo es consciente de que los biocombustibles están para colaborar en la transición hacia una energía más limpia. En la Argentina tenemos la oportunidad de que desde el primer granito de soja hasta la última gota de biodiésel sean 100% de producción nacional”, remarca Castro e insiste en que “tenemos la posibilidad de desarrollar toda una industria oleoquímica a través de una materia prima que no sale de la geología como el petróleo, sino que viene de la producción del suelo. En un sector con capacidad de invertir acá”.

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