Detectaron cerealeras ficticias que no ingresaron una millonaria cantidad de dólares

A través de un operativo conjunto, la Aduana y la Dirección General Impositiva (DGI) detectaron al menos 15 firmas ficticias con US$51 millones en exportaciones, de las que solo ingresaron al país US$3 millones, según informaron. En rigor, dijeron que el 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.

Los organismos analizaron exportaciones de más de 100 empresas realizadas en los años 2020/2021, donde se encontraron con nuevos exportadores de maíz partido, soja desactivada y aceites-mezcla, caracterizados por el incremento exponencial de los valores exportados. Así lo informó la agencia de noticias Télam.

En este contexto, señalaron que lo que llamó la atención de estas operaciones, “fue la relación desproporcionada entre las exportaciones y la capacidad económica y financiera de las empresas, que mostraban distintos puntos en común”.

“Todas las empresas evidenciaron un patrón financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo. Además, la posición mayoritariamente utilizada es la de maíz partido (PA 1104.2300.0000), caracterizada por encontrarse fuera del sistema de precios oficiales”, explicaron en un comunicado.

Por otra parte, indicaron que “ninguno de los operadores analizados cuenta con capacidad financiera ni operativa acordes a los volúmenes exportados” y destacaron que un porcentaje elevado de las destinaciones son registradas ante la misma aduana del partido bonaerense de Campana, repitiendo el circuito de exportación en casi todos los casos.

“El monto de divisas liquidadas es sistemáticamente muy bajo en relación con los montos exportados, a su vez, se cotejó en algunos casos la existencia de vinculación entre los compradores extranjeros y los exportadores”, detallaron.

Tras el análisis de la AFIP-DGI, el resultado fue que “muchas de las empresas analizadas se encuentran incluidas en la Base de Firmas Apócrifas (base APOC), bajo la calificación de usinas de créditos sin solvencia”.

Luego, la Aduana-AFIP presentó una denuncia que está siendo investigada por el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, “quien ordenó más de ochenta allanamientos en simultáneo en todo el país, en los que se secuestraron celulares, PCs, discos rígidos, documentación y dos armas de fuego (una sin su pertinente documentación)”.

Asimismo, dijeron que la Policía Federal también colaboró en los allanamientos y trabajó en la investigación. ”La Aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera”, señaló el director general de Aduanas, Guillermo Michel.

Respecto de las más de 40 empresas sospechadas, informaron que la DGI procedió a suspender sus CUITs, mientras que la Aduana emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero ante la UIF. El Juzgado Federal de Campana investiga la posible existencia de una asociación ilícita contemplada en el Art. 210 del Código Penal, y/o delitos tipificados en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y en el Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359) y de la comisión de lavado de activos del Código Penal.

“Las investigaciones preliminares dejaron en evidencia que las empresas exportadoras carecerían de solvencia para afrontar las operaciones de comercio exterior, lo cual demuestra que detrás de toda la estructura formal existirían uno o más exportadores ocultos, cuya identidad no fue develada por el exportador aparente”, aclararon.

En este sentido, indicaron que existen “suficientes elementos de convicción” para sostener que el exportador real, esto es el verdadero dueño de la mercadería, habría sido sustituido por empresas ficticias o pantalla. ”Dicha sustitución, que aparece evidente con sustento en los datos objetivos obtenidos, incapacidad económica para afrontar las operaciones, constituye una acción tendiente a impedir o, cuanto menos, dificultar mediante métodos ardidosos el adecuado control del servicio aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías”, concluyeron.

En otro operativo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó más de 10.000 toneladas de granos en un feedlot ubicado en la localidad chaqueña de Tres Isletas, tras detectar irregularidades en la declaración de las existencias utilizadas para el engorde del ganado bovino.

Durante el allanamiento, se confiscaron 6200 toneladas de maíz picado y 3900 de maíz partido, cuyo stock no había sido debidamente reportado ante las autoridades, indicó el organismo conducido por Carlos Castagneto en un comunicado oficial.

Según expresaron, los granos secuestrados por la AFIP equivaldrían a la carga transportada por “336 camiones y permitiría alimentar 2315 novillos durante un año entero”. De los operativos de fiscalización y control, participaron el personal de las áreas especializadas en actividad agropecuaria de la DGI y la policía local, para determinar las existencias de los subproductos granarios encontrados.

Tras el cotejo documental y registral, describieron que “el propietario del establecimiento no pudo justificar el origen y las tenencias de las más de 10.000 toneladas destinadas al consumo de la hacienda, por lo cual, se interdictó la mercadería, mientras los inspectores de la AFIP iniciaron las actuaciones sumariales correspondientes por las inconsistencias encontradas”.

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