Un experto ligado al agro dice que “quieren terminar con los biocombustibles” en el país

Luego de que el Gobierno prorrogara por 60 días la vigencia de la ley de Biocombustibles, que venció el 12 del actual, y tras conocerse un proyecto del oficialismo en el Congreso para reemplazar el actual régimen, un experto del sector fustigó que la iniciativa “no busca transparentar el régimen”, no beneficia a las pymes y “apunta contra la industrialización nacional”.

Hace unas semanas, 14 diputados del Frente de Todos y uno del PRO presentaron un proyecto que reduce del 10 al 5% el uso de biodiésel de soja en el gasoil. Además, si bien mantiene en 12% el etanol en la nafta, se podría reducir al 9% absorbiendo eso el etanol de maíz, no el de caña.

“Llamativamente, en la iniciativa se eliminó el acrónimo pyme del texto, a pesar que sus impulsores, a viva voz expresan que justamente buscan beneficiar a las pymes”, dijo a LA NACION Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.

En su opinión, son “los refinadores de petróleo, principalmente uno de ellos, los que quieren terminar con los biocombustibles en la Argentina”.

“Quieren lograr que si hay biocombustibles en el mercado local no lo produzcan los agentes económicos que hoy lo hacen, sino mayoritariamente los propios refinadores o como mucho, terceros que operen en acuerdos con ellos, y lamentablemente, el oficialismo está cediendo a su lobby”, afirmó.

“Los refinadores de petróleo omiten hablar de las ventajas de los biocombustibles y, al mismo tiempo, olvidan las desgravaciones que tienen el gasoil importado para generación eléctrica, el fueloil, los combustibles en zonas patagónicas y el gas vehicular como otros subsidios asociados a su propia actividad”, agregó.

En rigor, explicó que las desgravaciones tributarias que gozan los biocombustibles no constituyen subsidios directos, sino gastos tributarios. “Es ridículo sostener ante la opinión pública que los productores de biocombustibles a lo largo de quince años se llevaron al bolsillo una suma equivalente a esas desgravaciones. En tal caso las mismas sirvieron para mejorar la competitividad de los biocombustibles”, apuntó.

Por otro lado, rechazó el planteo que al país “le conviene primarizar sus exportaciones, dado que por transformar aceite de soja o maíz en biocombustibles el Estado no recauda derechos de exportación”.

“Se trata de una propuesta que atenta contra la industrialización nacional, equivalente a lo que representaría exportar todo el petróleo crudo que se procesa en el país e importar todos los combustibles que aquí se consumen”, sostuvo.

“Se vienen divulgando cifras de costo fiscal generado por el programa de biocombustibles en la Argentina, de US$7400 millones en quince años. Esa cifra contiene el costo de oportunidad de las materias primas transformadas en el país para uso como biocombustibles y que pudieron ser exportadas, inclusión que no corresponde, hasta el punto de que no figura en el presupuesto anual de la Nación”, agregó.

En este contexto, Molina analizó que el impacto de la incorporación de biocombustibles a las mezclas obligatorias en el surtidor y en el Índice de Precios al Consumidor que publica el Indec no es significativo.

“Desde enero de 2010 hasta fines de marzo pasado, el aumento de las naftas en salida de refinería superó en un 38,5 % al aumento del precio del bioetanol, mientras que el aumento del gasoil superó en un 6,7 % al del biodiésel en similar período. El precio relativo promedio de los biocombustibles en ese período fue más bajo que el de los combustibles minerales con los que se mezclaron, computando el efecto de sus desgravaciones impositivas, a pesar de lo que se exprese en contrario”, indicó.

“En cuanto al Índice de Precios al Consumidor, toda vez que se duplique el precio de aquellos impactará en este índice en un 0,8%. Menos biocombustibles representará más uso de combustibles minerales importados, y generará un aumento del precio de los combustibles en surtidor”, añadió.

Para Molina, el proyecto del Frente de Todos impide el acceso de nuevos productores al menos en el corto y mediano plazo al mercado interno de biocombustibles y “discrimina en contra de nuevos emprendimientos vinculados a la producción de biodiésel y bioetanol, al repartir cupos por ley entre empresas productoras que los tuvieran a la entrada en vigencia de la nueva ley, en una especie de contratación directa masiva de proveedores”.

“Estas empresas deberán esperar indefinidamente hasta que las que gocen de esos cupos ocupen su totalidad. También excluye la posibilidad de desarrollar biocombustibles distintos al biodiésel y al bioetanol de caña y de maíz”, puntualizó.

En cuanto al alcance de la nueva ley el directivo aseguró que es fundamental que tome lo mejor de la actual normativa para consolidar una política de biocombustibles en el país, “sin discriminar por orígenes de materias primas y regiones ni a quienes exporten biocombustibles y/o sus materias primas e insumos principales”.

“Además, que defina reglas de juego transparentes y estables en el tiempo, se ajuste a los compromisos internacionales asumidos por el país y que sea inclusiva para el universo de actores que producen biocombustibles en la Argentina, atendiendo las asimetrías existentes entre ellos.”, indicó.

Asimismo, señaló que sería bueno que se premie a los esfuerzos que se realicen en materia de inversión productiva destinadas a aumentar la productividad y a favorecer la innovación tecnológica, así como también, la generación de empleos sustentables.

En referencia a las inversiones que realizó el sector, describió que a lo largo de los 15 años de vigencia de la ley fueron más de US$3000 millones, “considerando la modernización de plantas existentes, construcción de nuevas plantas y facilidades industriales, incluyendo a los subproductos, como la refinación de glicerina a capacidad farmacopea, secado de granos con solubles destilados, etc”.

Por último, expresó que “es insoslayable que el mundo abandona paulatinamente al petróleo mientras en nuestro país no ceden las presiones de un pequeño grupo de agentes económicos para alargar la vida útil de sus activos más allá de lo que el ambiente y la salud de los argentinos lo aconsejan”.