Alerta en el sector yerbatero por la decisión del Gobierno de avanzar contra el INYM

En los últimos días estuvieron en la agenda pública algunos puntos relacionados con el agro que propone modificar el Gobierno a través de la “Ley de Bases”, que por estos días está en debate en el Congreso. No obstante, el sector yerbatero pidió que se revea la situación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)que está asentado en el DNU 70/2023. Si bien el Juzgado Civil Comercial N°8 había extendido una medida cautelar, los productores dicen que no tienen certeza de cómo avanzará la causa, porque entre las versiones que les dan los letrados, la jueza, Adriana Fiori, se había declarado incompetente y ordenó que la causa sea tomada por la Justicia Federal. El organismo no gubernamental en este momento está acéfalo.

Los productores aseguran que la decisión del Gobierno de quitarle facultades al Instituto a través del proyecto “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, se originó por el nivel de politización que se había adoptado en el último tiempo por parte de las últimas autoridades. No obstante, entre los productores se percibe el temor de que esta decisión reviva lo sucedido en la década de los 90, cuando se dio una situación similar que terminó de perjudicar a los más vulnerables, según su argumento. En el medio también hay una disputa con los representantes de Corrientes, que están en favor del DNU.

“La modificación y eliminación de las funciones del Instituto planteado en el DNU son cruciales para desarrollar una actividad con crecimiento y desarrollo. Las funciones que se pretenden eliminar surgieron del diagnóstico de la problemática del sector a finales de la década de los 90, en donde el sector había sufrido la peor crisis histórica producto de la desregulación del gobierno de [Domingo] Cavallo y [Carlos] Menem con el DNU 2284/91 originando graves distorsiones en el mercado yerbatero que demoraron décadas en solucionarse”, indicó la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones. Esta semana llevaron adelante una serie de reuniones para sentar posición al respecto. El DNU de Javier Milei, en su capítulo yerbatero, promovió la derogación de los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 de la ley 25.564, que en 2002 creó el Instituto.

Manfredo Seifert, vicepresidente de esa Federación y representante de Coninagro en esta actividad, dijo que en los años 90 se generó una distorsión estructural de los precios, producto de la desregulación. Según mencionó, el cambio que se originaría ahora con el DNU, va a “perjudicar” a la actividad, y debilitar a los productores más pequeños.

Los yerbateros recuerdan que en función de esos antecedentes diseñaron el marco legal que derivó en la creación del INYM, con la Ley 25.564, para solucionar definitivamente los problemas. “La desregulación de los 90 nos enseñó mucho a los yerbateros y hoy no estamos dispuestos a revivir con la iniciativa propuesta en este nuevo DNU. ¡No podemos tropezar con la misma piedra dos veces!”, puntualizaron.

Entre los argumentos que esgrimen los yerbateros de Misiones es que al Gobierno “le molesta” que dentro de las reglamentaciones que fija este Instituto, está que cada seis meses la actividad establece un precio para la materia prima. Según aclaró Seifert, las condiciones de mercado no tienen condiciones de competencia perfecta, porque hay 13 mil productores y 100 compradores. “No es un mercado transparente, porque cuando sobra yerba el que compra encuentra a alguien que está en situación muy vulnerable y le saca la yerba a precios viles. Hay una situación que merece una política de precios que es lo que hace el INYM por ley cada precio. Ese precio se fija en función con las condiciones de mercado”, extendió.

Si bien sería un proceso lento, continuar con el DNU para la actividad sería “catastrófico”. “Sería muy duro. Van a pasar años y se va a ir olvidando cada vez más. Todos quieren vender con los precios mínimos ahora, porque están todos en igualdad de condiciones: cada uno vende de acuerdo con su esfuerzo y estrategia. En cambio, en los años 90 la estrategia de competitividad era encontrar al productor de mayor vulnerabilidad para sacarle la materia prima más barata”, resumió. En un comunicado dijeron que hoy tienen “la valiosa experiencia” de haber vivimos 10 años de mercado desregulado, y 20 años de mercado autorregulado por los yerbateros: “Los resultados están a la vista”.

En el último semáforo de las economías regionales de Coninagro se refleja que la producción yerbatera comparada con otras 18 economías regionales, refleja que es una de las actividades más estables, con mayor signos de prosperidad y sin momentos de crisis. “El único momento que ha manifestado signo de crisis fue por cuestiones climáticas. Esto refleja de alguna manera el esfuerzo y el resultado Institucional de los yerbateros. Y nos preguntamos cómo Federación ¿porque desde el Estado Nacional nos quieren cambiar a un modelo que ya se había probado y generó tanta crisis? y/o ¿porque no aprovechamos este cambio para mejorar aún más estos resultados”, apuntaron.

Causa

Cristian Klingbeil, expresidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y uno de los productores que encabeza la causa, que está hoy en el Juzgado Civil y Comercial N°8, a cargo de Adriana Fiori, sostuvo que tienen distintas versiones de los abogados. Por un lado, los abogados les advirtieron que la cautelar está vigente, pero por otro, recuerdan que la jueza se declaró incompetente, por lo que no tienen certeza de cómo avanzará la causa.

En la última resolución la Jueza dijo: “Es de público conocimiento que la legitimidad del DNU 70/23 se encuentra cuestionada en sendas acciones colectivas interpuestas ante distintos fueros y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) por lo que el grado de verosimilitud requerido por la norma para el despacho de la medida cautelar se encuentra cumplido, sin que corresponda a la suscripta analizar la cuestión de fondo”.

Klingbeil, por otra parte, agregó: “Nuestro mayor problema es que el INYM no tiene designado presidente. Esto es grave, porque por más que tenga un director a cargo no tiene las facultades que tiene el presidente”. Según mencionó, hay una situación política en el medio, por lo que creen que la demora en nombrar a la autoridad ha sido adrede. “Estamos con una incertidumbre muy grande y miedo por todo aquel que blanquee gente que labura en la cosecha y en los secaderos le aparezcan deudas en AFIP, por ejemplo. No sabemos cómo va a quedar esa situación”, extendió.

La posición que tomaron los productores federados que llevaron adelante una asamblea en los últimos días es no cosechar hasta no resolver el problema de precios ante la incertidumbre de lo que pasará con el organismo. “No es un paro, sino un pedido para que la gente no corte y así encontrar la manera de resolver el tema de los precios. Hemos tenido subas en los costos de combustibles, por ejemplo, y no hemos tenido actualización”, sostuvo.