Aparecieron las primeras reacciones, pero se descuida un área

Una primera reacción pareció tomar esta semana el Gobierno cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una reducción de aranceles para fertilizantes y herbicidas, tras el reclamo de reducción de la carga impositiva de cara a la próxima campaña de trigo.

En el primer caso se trata de la eliminación de los aranceles aplicados a la urea y sus mezclas con nitrato de amonio, que estaba en 5,4 y 3,6%, respectivamente.

En el segundo, en realidad, es la aplicación de una actualización arancelaria que se tomó en el marco del Mercosur el año pasado. Consiste en que “los herbicidas a base de atrazina, glifosato y 2,4-D bajarán del 35% al 12,6% (que es el Arancel Común vigente para el Mercosur)”, tal como anunció Caputo; “en tanto que la atrazina primaria tendrá una baja de arancel de 24 a 10,8%”, dijo.

Respecto de los fertilizantes, el productor y ex jefe de Gabinete de Agricultura durante la gestión Macri, Santiago del Solar, señaló: “Claro que ayuda. Un 5% del arancel que bajen en un fertilizante que vale US$500 o un poquito más, son 25 o 30 dólares por tonelada. Es bastante plata y así que eso tiene un impacto que para nosotros es positivo, por supuesto que el Impuesto PAIS pesa muchísimo, porque es un 17,5%, pero esto es una buena noticia. Es una medida en el sentido correcto”. A su vez, Eddy Fay, un especialista en fertilizantes, sugirió también la necesidad de eliminar aranceles para los fertilizantes fosfatados.

En una opinión que coincidieron referentes del sector es que un vuelco real hacia una mayor respuesta de los productores para incrementar el área sembrada con el trigo vendría de la mano de la eliminación de los derechos de exportación al cereal que hoy se sitúan en el 12%.

Los ruralistas, a su vez, piden que el Gobierno se decida a anunciar un cronograma de baja de retenciones. Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cree que la carga impositiva sobre la producción debe ser menor. “Tienen que anunciar un cronograma de reducción de las retenciones”, dice, y añade: “la carga impositiva afecta a las producciones de las economías regionales, como la apícola”.

El dirigente reconoce que el Gobierno está abierto a escuchar los reclamos y procurar soluciones. “Nos dicen que las retenciones son un pésimo impuesto”, señala y describe que la producción es consciente que la administración actual “va por buen camino” ya que se venía de “una situación nefasta”, en referencia al gobierno anterior.

No obstante, puntualiza que deben eliminarse ciertas restricciones, como la vigente del Banco Central que penaliza con tasas extra a quien tenga más del 5% de su soja en stock. “Esa medida no se ha tomado”, destaca.

Otro intento por mejorar la ecuación de las actividades productivas lo llevó adelante el Gobierno al autorizar la importación de la vacuna bivalente contra la fiebre aftosa con el propósito de incentivar la competencia y bajar los costos de las dosis. Tras el anuncio, el principal laboratorio productor en el país, Biogénesis-Bagó, anunció una baja de 23% para su producto.

En los anuncios del Gobierno hay una rareza política. Fueron comunicados por Caputo en la red social X, en el caso de los herbicidas y fertilizantes, y por el vocero presidencial, Manuel Adorni, con la aftosa. En ninguno de ellos se le dio pie al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, para que sea el portador de las buenas noticias.

El escaso apego a las formas que demuestra la administración Milei erosiona la necesidad de contar con equipos que tengan fuerza política y técnica dentro del propio gobierno. Si se le suma la fuerte injerencia de Economía sobre Bioeconomía (recién esta semana cambió oficialmente de nombre), que quedó en evidencia tras el despido de Pedro Vigneau y Germán Di Bella, la cartera pierde peso propio. Si el Gobierno quiere avanzar paso a paso en la remoción de barreras que impiden a la producción desarrollar todo su potencial necesariamente debe contar con un equipo cohesionado capaz de hacerlo. Más allá de las críticas, eso fue lo que ocurrió en la década de los años 90 durante la gestión Menem y en buena parte de la gestión Macri.

La menor injerencia del Estado en los mercados, la liberación del comercio y la reducción de impuestos no están reñidas con la necesidad de contar con un equipo de gobierno que tenga una mínima autonomía para tomar decisiones. En definitiva, se trata de la actividad que genera más del 60% de las exportaciones de bienes del país y tiene una ocupación completa en el territorio nacional.