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Buenos Aires: piden una ley para las patrullas rurales
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LA NACIONMariana Reinke
Cuando se transita por la ruta 205, se puede observar que en varias tranqueras de entrada a los campos al lado del nombre del establecimiento hay una chapa blanca escrita en colorado con SOS Rural y un número de identificación, al estilo de un domicilio en la ciudad.
Eso se repite en varios partidos de la provincia de Buenos Aires y se trata de una de las nuevas medidas que adoptó el campo junto al gobierno provincial de María Eugenia Vidal para prevenir los delitos rurales.
El sistema, llamado "Tranquera Segura", sirve para bajar el tiempo de llegada al lugar donde se cometió un ilícito. El programa bajó casi un 50% el tiempo en que la patrulla arriba al lugar del hecho, según indican en el sector.
Para este nuevo programa cada patrulla rural tiene un GPS y, con el número de chapa georeferenciado, localizan la propiedad y en forma inmediata pueden llegar al campo.
Pero para los productores hay que hacer más. En este contexto, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) reclaman que las patrullas, llamadas Comandos de Prevención Rural (CPR), tengan un presupuesto según las necesidades de cada zona rural y un marco normativo con una ley propia.
En diálogo con LA NACION, Alejandro Repetto, de la Comisión de Seguridad de Carbap, contó que los CPR en muchas oportunidades son "bancados" por los municipios y por los productores que, a través de las sociedades rurales, aportan su grano de arena para que la policía no deje de patrullar.
"A pesar de que las patrulleros superan los 500 mil kilómetros recorridos y muchas veces están varados por falta de algún repuesto que nunca llega, el delito rural ha bajado desde que se crearon los CPR", dijo el productor. Agregó que incluso en las zonas donde se trabaja con las áreas de Bromatología "los abigeatos han decrecido notablemente por el control de las carnicerías en los pueblos".
Por ello, el sector insiste con que estos comandos tengan un "marco legal como corresponde" y no estén a merced de funcionarios de turno.
Roberto Igolnikow es dirigente de la Sociedad Rural de Las Flores y con una participación activa en la comisión de Seguridad de Carbap. "Es un reclamo en dos velocidades: por un lado, que sea ley para darle estructura y estabilidad en el tiempo y tenga independencia funcional y, por otro, en cámara lenta, para que tenga un presupuesto, porque conocemos la situación económica de la provincia", dijo el productor.
En esta misma línea, Repetto sostuvo: "Si se convierte en ley, le daría a las patrullas rurales no solo un carácter más sólido, sino también un presupuesto autónomo para manejarse".
Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia, el delito rural descendió más de un 20% con respecto 2015. Igolnikow coincidió con los datos de la Provincia. "El delito ha bajado sobre todo en bandas organizadas, pero los que aún se mantienen altos son los pequeños delitos, sobre todo en los campos cerca de los pueblos, donde la carneada de dos o tres animales es moneda corriente", explicó.
El campo reclama que paga mucho impuestos, "pero que los mismos no son devueltos al sector con seguridad, conectividad y caminos rurales, como debiera ocurrir", dicen los ruralistas.
"Muchos municipios cobran tasas viales, pero el dinero recaudado no se utiliza para arreglar los caminos rurales y es normal se cobre un suplemento de seguridad que no va solo a la patrulla rural sino que se reparte con la policía local y bomberos", remarcaron los ruralistas.
