Caso Etchevehere: la jueza resolverá si debe desalojarse el campo tomado

En el marco de la audiencia por el caso de la denuncia de usurpación que hizo el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, en Paraná se hizo la audiencia de partes presidida por la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones María Carolina Castagno. Allí, el fiscal Oscar Sobko, que entiende en la denuncia, dijo que Dolores Etchevehere, hermana del exfuncionario que anunció una donación que abrió la puerta a la ocupación, actuó con dolo porque estaba en conocimiento de que existía el interés de materializar el 12,5 por ciento de las acciones de Las Margaritas SA, firma dueña del campo. Sobko pidió que la situación vuelva al estado anterior a la ocupación. La audiencia se transmitió por YouTube y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, a las 10, cuando la magistrada de a conocer si debe o no restituirse el establecimiento.

El fiscal solicitó a la jueza el cumplimiento del estado de derecho "y del máximo contrato social del país que es el de reafirmar la vigencia de la Constitución Nacional y la legalidad para obtener la paz perdida".

"Hoy esa paz social no ha sido restituida. Hay 150 policías rodeando Casa Nueva para la protección de las personas que se están manifestando afuera y las personas que se encuentran dentro del predio", afirmó.

El fiscal habló de "delitos y actos ilícitos de Dolores Etchevehere" que hace una "toma ilegítima e ilegal" de los bienes. Para respaldar su afirmación de que hubo dolo sostuvo que el tambo en el campo no puede ser trabajado y las vacas no ser ordeñadas, con lo cual hay, según la explicación que dio, un cese de lucro y la generación de pérdidas.

Para Sobko, hubo por parte de la hija mujer del fallecido Luis F. Etchevehere "violencia y abuso de confianza".

"Vemos el dolo de Dolores Etchevehere cuando se ve como heredera de una parte indivisa, cuando no hay una partición de herencia porque dentro de lo que es el Juzgado Civil y Comercial N° hay varios parciales y no se ha completado el sucesorio", agregó.

"No discutimos que ella sea heredera. No vamos a discutir si ella tiene el 12,4 por ciento de las acciones de Las Margaritas. Si ella es honesta tiene que manejarse dentro del estatuto de Las Margaritas. Si ella quiere cambiar el rumbo de la producción tiene que tener la autorización de la máxima autoridad, y debe hacerlo mediante una autorización del órgano máximo de la sociedad anónima que no es otro que la asamblea, y a eso no lo obtuvo. No obstante ingresa a Casas Nueva, a la vera de la ruta 48 en Santa Elena", sostuvo el funcionario judicial.

El fiscal consideró que "se trajo un documento, por parte de la querella, un acuerdo privado donde se acuerda que va a materializarse el 12,5 por ciento de Las Margaritas SA a Dolores Etchevehere. La decisión societaria que fue aceptada por Dolores Etchevehere, y se advierte, en ese acuerdo privado, que se le brindará de lo que es el campo Casa Nueva, por algún otro método legal, por lo cual reconocen a Dolores de otorgarle un importe".

Según el funcionario judicial, los socios y familiares de Dolores "intentaron materializar con distintos lotes cuál sería materialmente lo que le pertenece por ser dueña del 12,5 por ciento de las acciones de Las Margaritas SA. No se hizo la escritura pero sí hay mensura de agrimensor. Son, en total, unas 129 hectáreas de Casa Nueva que no se otorgaron pero que nunca se materializó la escritura pública", precisó.

Dijo que eso "surge de este acuerdo con certificación de firma por parte del escribano José Luis Zuffiaurre que se intentaba materializar ese 12,5 por ciento de las acciones, que nunca se terminó de hacer", reiteró.

Sobko expresó que no desconoce que en otras oficinas judiciales se tramita una denuncia por vaciamiento de empresa que denunció Dolores, pero que eso "no la habilita a ingresar como lo hizo en el campo Casa Nueva".

"Son cuestiones satélitales al objeto específico a este legajo por denuncia de usurpación", expresó. Agregó: "No vamos a discutir si es dueña de las acciones, ni si firmó o no bajo presión porque ese objeto se resuelve en otro ámbito. Al firmar este convenio Dolores Etchevehere da cuenta del conocimiento limitado, porque tiene el 12,5 de las acciones de los lotes. Si ella quiere esos lotes, como cualquier ciudadano, debió pedir la partición porque no tenía obstáculo para hacerlo", agregó por su parte, la fiscal de Coordinación de Paraná, Mónica Carmona.

Ambos fiscales pidieron a la jueza Castagno que revoque la resolución del juez Raúl Flores, quien había aceptado la titularidad de derecho de Dolores Etchevehere para ingresar al campo. Flores había desestimado autorizar el desalojo de los integrantes del Proyecto Artigas, presente allí por autorización de Dolores Etchevehere. Fue la fiscal Carmona quien pidió concretamente el desalojo del campo por parte de quienes ingresaron.

Después de los fiscales habló el querellante Rubén Pagliotto, abogado que representa a Leonor Barbero y sus tres hijos varones Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere.

Pagliotto dijo que Dolores Etchevehere de Güiraldes, así la menciona porque está casada con Segundo Güiraldes, a pesar de que están separados, se presentó a la escribanía de José Luis Zuffiaurre para inscribir el acuerdo y admitir que había cedido sus acciones a la firma Mirus SA.

"El campo es y fue de Las Margaritas Sociedad Anónima y tuvo pública y pacífica posesión por sesenta años para producir", dijo. "Se trata de acciones y no inmuebles, aunque el capital esté formado por inmuebles", sostuvo.

Pagliotto contó que Dolores le ofreció su parte de Etchevehere Rural a sus tíos Arturo Roosevelt Etchevehere e Ivar Julio Etchevehere, y lo termina vendiéndosela a su madre Leonor Barbero. Según su relato, Dolores vendió eso y también su parte de Sociedad Anónima Entre Ríos, editora de El Diario y las propiedades en calle bajada Los Vascos. Y contó que sólo le quedaba el 12,5 por ciento de los campos, pero que también cedió a Mirus SA.

"Le dijimos al juez desde el minuto cero: convoque a la paz social, tiene la herramienta, que es el artículo 75. Métale 500 mil millones de fianza pero restituya. Lo único que en lo rural no tiene día rojo ni feriado es el tambo", dijo Pagliotto.

"Es el único caso que vi en mi vida en que un juez va prolijando un hecho delictivo, como es la usurpación", lo dijo porque, según afirmó, no sólo autorizó la entrada de víveres, como comida y bebida para los integrantes del Proyecto Artigas, lo cual consideró bien Pagliotto, sino el ingreso de máquinas y herramientas para el proyecto agroecológico.

Tras un cuarto intermedio de poco más de cuarenta minutos, los abogados defensores de Dolores Etchevehere, Lisandro Mobilia y Daniela Verón, hicieron sus exposiciones.

Mobilia rechazó que su representada haya actuado con violencia al decir que era conocida de la gente que trabaja en el campo y que como tal simplemente ingresó como lo ha hecho en oportunidades anteriores.

El defensor atacó una de las pruebas que presentó la otra parte de la familia, como es el documento privado por el cual Dolores cede su parte a una sociedad anónima. "Es una cesión sin precio. Hay un valor nominal de los bienes y no un valor real, que se fija por mercado; de modo que se pretende mostrar la cesión sin saber el valor real del campo", dijo Mobilia, para rematar que su defendida firmó bajo extorsión.

"Este acuerdo está viciado en la forma y en el fondo", sostuvo Mobilia. La codefensora Verón se refirió a la violencia de género denunciada por Dolores Etchevehere, y sostuvo que ese fue también un vector para facilitar la cesión de bienes.

La jueza Castagno dará a conocer su decisión mañana a las 10. A esa hora se sabrá si respalda la decisión de no desalojar, que tomó el juez Flores en la instancia anterior, o da lugar al pedido de Leonor Barbero y sus hijos para que se desaloje el campo.

LA NACION

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