“Administración fraudulenta”: un productor irá a juicio por la desaparición de casi 2000 vacas valuadas hoy en US$1 millón
En Corrientes, Rómulo Bobbio está imputado tras el faltante de hacienda que debía custodiar; la Justicia le embargó 500 hectáreas y podría recibir hasta seis años de prisión
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LA NACIONMariana Reinke
Tras más de cinco años de investigación judicial fue elevada a juicio oral una causa por presunta administración fraudulenta millonaria que involucra a un productor ganadero de la provincia de Corrientes. El acusado, Rómulo Augusto Bobbio, está imputado por la desaparición de casi 2000 cabezas de ganado pertenecientes a la firma Landver SA, con un perjuicio económico que hoy asciende al equivalente de un millón de dólares.
El hecho se remonta a 2020 y ocurrió en el departamento correntino de Curuzú Cuatiá. La causa, que lleva la carátula de “administración fraudulenta”, fue impulsada por la denuncia de la empresa damnificada y respaldada por una extensa producción probatoria, que incluyó testimonios, documentación comercial, allanamientos y peritajes. La investigación determinó que Bobbio, como administrador de la hacienda, habría desviado y vendido los animales sin autorización ni rendición de cuentas.
“La contundencia de la denuncia y de la prueba desplegada permitió que se dictara prisión preventiva en su momento. Para recuperar la libertad, el acusado debió abonar una fianza de $5 millones”, explicó a LA NACION Silvia Piaggio, abogada de la firma Landver.
En aquel entonces existía una relación comercial entre Landver SA y la firma Balboa y Bobbio SRL, de la cual Bobbio es socio. Ambas mantenían un contrato de capitalización de hacienda a campo en el establecimiento “Buena Vista”, propiedad de Landver. El productor se encargaba de toda la administración operativa: sanidad, vacunación, gestiones ante organismos públicos y comercialización.
La situación se complicó cuando, en 2019, Landver decidió vender el campo y trasladar la hacienda. Para ello firmó un contrato de venta en consignación con la sociedad de Bobbio, quien propuso alojar el rodeo en el campo familiar “Santa Ana del Trébol”. Sin embargo, tras múltiples pedidos de rendición de cuentas e intentos fallidos por inspeccionar los animales, comenzaron las sospechas. “Nos respondía con evasivas, incluso llegó a reconocer por carta documento que tenía las 1966 cabezas de ganado, pero nunca permitió constatar su existencia. Alegaba restricciones por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)”, detalló Piaggio.
En agosto de 2020, representantes de Landver, junto a un escribano, se presentaron en el campo para verificar el estado del ganado, pero Bobbio les negó el acceso. Ante esa negativa se inició formalmente la denuncia penal. Luego, en un allanamiento ordenado por la Justicia, solo se hallaron siete toros con la marca registrada de la empresa; el resto del rodeo nunca apareció.
Investigación
La investigación avanzó con declaraciones de peones, transportistas, funcionarios del Senasa y arrendatarios. Ahí, según dijo Piaggio, “salieron a la luz presuntas maniobras irregulares, donde se habrían emitido documentación apócrifa por ventas inexistentes y falsificado guías de traslado y donde un supuesto comprador citado a declarar aseguró que nunca realizó operaciones con Landver ni recibió facturas”.
“La maniobra era sofisticada: creaba documentos de traslado falsos, simulaba operaciones que nunca existieron y luego hacía desaparecer esa documentación. Así evitaba controles policiales. Nadie pudo determinar a dónde fue a parar la hacienda. La vendió sin dejar rastros”, agregó Piaggio.
"Nos respondía con evasivas, incluso llegó a reconocer por carta documento que tenía las 1966 cabezas de ganado, pero nunca permitió constatar su existencia. Alegaba restricciones por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)"
Silvia Piaggio, abogada de la firma Landver
En septiembre de 2020, el juez de Instrucción dispuso la detención del productor, le prohibió la comercialización de ganado y ordenó el embargo de 500 hectáreas de campo en Mercedes. Según relató la abogada, Bobbio llegó a vender unas primeras 500 hectáreas antes del embargo, por lo que debieron litigar en una sucesión en Buenos Aires para lograr trabar medidas sobre otra parcela de igual superficie de otro establecimiento que el acusado tiene en condominio con sus hermanas.
En paralelo, Bobbio intentó evitar el juicio al solicitar la suspensión del proceso a prueba (probation), ofreciendo una compensación económica. “Pretendía pagar apenas un 15% del daño causado. Fue rechazado finalmente por el juez. La Cámara de Apelaciones también confirmó la negativa. Hubiera sido un premio para quien lucró con el delito”, subrayó la letrada.
“Concederle la probation hubiera evitado una sanción penal efectiva, debilitando la acción ejemplificadora de la Justicia. Ello subraya la seriedad del delito, preserva la integridad del sistema judicial y refuerza un mensaje social fundamental: quien obtiene provecho ilícito debe enfrentar plenamente las consecuencias judiciales y económicas de sus actos. La Justicia no puede aceptar que el autor se beneficie con su propia acción ilícita. El fallo me pareció ejemplificador", añadió.
Según explicó, el Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción de Corrientes, integrado por los jueces Jorge Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ramón Alberto Ríos, será el encargado de llevar adelante el juicio oral, que podría iniciarse entre septiembre y octubre de este año.
Este órgano colegiado es el mismo que, días atrás, condenó por abigeato a Reinaldo Elpidio Estoup y a su capataz, Eduardo López, luego de 13 años, a la pena de penas de cinco y cuatro años de prisión, con accesorias legales y costas.
Actualmente, en la causa contra Bobbio se estima que el daño patrimonial causado asciende a $1300 millones. “Más de 30 testigos están convocados, entre ellos funcionarios de Fucosa, policías y agentes de Marcas y Señales. La prueba es sólida y esperamos una sentencia ejemplificadora”, afirmó Piaggio.
Para la abogada, de probarse la responsabilidad penal de Bobbio la pena prevista por el Código Penal para este tipo de delitos alcanza hasta seis años de prisión.
“Aunque no se trató estrictamente de un robo, se violaron todos los principios de confianza y legalidad. La Justicia tiene que actuar con firmeza para desalentar estos hechos”, concluyó.
LA NACION intentó comunicarse con un número de contacto de Bobbio que figura en el expediente judicial, sin embargo, al llamar, el mismo no corresponde a un abonado en servicio.
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