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Vicentin. Banderazo: como en la 125, el campo cree que el Gobierno va por todo
El kirchnerismo continúa cometiendo errores de apreciación con las reacciones de los productores agropecuarios a sus decisiones. En 2008, con la resolución 125, creía que los autoconvocados que estaban en las rutas eran financiados por grandes productores y exportadores porque esa medida, en su visión, afectaba más a los grandes que a los pequeños. El secretario de Comercio de entonces, Guillermo Moreno, hostigaba por teléfono a productores como Gustavo Grobocopatel u Oscar Alvarado, este último fallecido años más tarde. Aun cuando los grupos de siembra que administraban eran importantes, no llegaban ni al 10% de la superficie agrícola sembrada a nivel nacional.
Aquel desgastante conflicto no parece haber servido para que la hoy coalición gobernante hiciera un esfuerzo, aunque sea mínimo, para entender el entramado de la red de producción, servicios, comercio, logística y tecnología que hay en la agricultura argentina.
Es un negocio en el que no hay ni reyes ni zares. Según el último Censo Nacional Agropecuario (CNA), hay poco más de 250.000 campos en producción en todas las actividades. Tampoco hay "sojeros". En un mismo establecimiento quienes producen soja también suelen sembrar otros cultivos -trigo, maíz o girasol, entre otros- o criar ganado, de acuerdo al tipo de suelos y a la condición climática. Se calcula que hay unos 80.000 productores que hacen soja.
Ese universo de productores se las tiene que arreglar para trabajar con un Estado que históricamente les modifica las reglas de juego. A cortos períodos de baja presión impositiva o estabilidad económica se suceden otros con tipos de cambio diferenciales o restricciones al comercio. Aun así, han logrado aumentar la cosecha de granos desde 30 millones de toneladas a principios de los años noventa a cerca de 130 millones de toneladas en la actualidad.
En el medio, incorporan tecnología, innovan e intentan enfrentar los desafíos que impone el cambio climático.
Ahora, la reacción de los productores no es en defensa de los dueños de Vicentin. Ni tampoco es por las otras corredoras que cayeron antes que la cerealera de Avellaneda, como BLD, Sebastián Grimaldi o Cereales del Sur. Al no cumplir con sus compromisos de pago estas firmas ya perdieron la confianza de los productores.
La reacción es porque vislumbran que el proyecto de expropiación de Vicentin, que sigue vigente aunque ahora está en un retroceso táctico, es el primer paso de un intento de ir por más. Ya lo advirtieron en marzo pasado cuando el gobierno de Alberto Fernández aumentó los derechos de exportación (DEX) a la soja en tres puntos porcentuales, tal como lo autorizó el Congreso. La irrupción de la pandemia frenó las protestas que ya habían desatado los productores del NOA y autoconvocados de la pampa húmeda. Mientras tanto, el Gobierno guarda en la manga la carta de una suba de los DEX para el trigo y el maíz.
En definitiva, los argumentos de "empresa testigo" y de "soberanía alimentaria" que esgrimió Alberto Fernández para intervenir Vicentin los hacen sospechar que, como ocurrió en la 125, el Gobierno "va por todo".
Para los productores parecen lejanas aquellas palabras del propio Presidente cuando se reunió con la Mesa de Enlace en agosto de 2019, luego de ganar las PASO, en las que consideraba al campo como uno de los sectores clave para generar los dólares que necesita la economía. Más allá de la protesta de hoy, todavía esperan que desde la Casa Rosada haya decisiones coherentes con aquella definición presidencial.
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