Con el riesgo de afectar las exportaciones, la crisis del agro europeo tiene impacto sobre la Argentina

Desde hace más de un mes, París, Madrid, Bruselas y Berlín, entre otras capitales del Viejo Continente, son el foco de masivas protestas de productores europeos en reclamo por la suba de los costos, las importaciones de alimentos desde otros mercados y las regulaciones ambientales.

Lejos de tener un punto final previsible, el conflicto sigue y tiene derivaciones sobre la producción agroindustrial argentina. Para Gustavo Idígoras, exagregado agrícola argentino ante la Unión Europea (UE) y hoy presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las protestas de los productores están basadas en dos temas principales: un fuerte incremento de sus costos desde la invasión a Ucrania, principalmente los energéticos, y el pedido por más dinero a los estados europeos y a la Comisión Europea. Para el directivo, este último “es un reclamo sindicalista para subir subsidios porque no están en condiciones de competir con nadie”, afirma.

Idígoras advierte que las protestas en Europa afectan a la Argentina porque volvieron a paralizar el acuerdo UE-Mercosur que estaba en su etapa final. El otro frente de riesgo que advierte el titular de CIARA es que en Europa “puede haber mayores controles en cuestiones sanitarias de productos importados como cítricos, carnes y pesca”, entre otros. “Ellos podrían tratar de incrementar los controles por las presiones políticas; nunca es bueno este tipo de manifestaciones de los agricultores en Europa porque la tentación natural de los gobiernos es restringir importaciones”.

Los exportadores argentinos están trabajando ya desde hace un tiempo con la plataforma Visec para garantizar que la harina de soja y la carne exportados a la UE provengan de zonas libres de deforestación ilegal posterior a 2020. No obstante, Idígoras cree que el riesgo está latente.

Del total del presupuesto de la Unión Europea, unos 160 billones de euros, el 37,5%, se destina a sostener la Política Agrícola Común (PAC), destaca Nelson Illescas, director del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI). Pero un aspecto clave es que este presupuesto, para el período 2023/27, está diseñado “para contribuir de manera significativa a las ambiciones del Pacto Verde Europeo, la estrategia ´De la Granja a la Mesa´ y la Estrategia sobre Biodiversidad”, añade el especialista. Este programa, con la intención de llegar a la carbono neutralidad en 2050, pretende reducir un 50% el uso de plaguicidas y un 20% el de fertilizantes para 2030 y destinar el 25% de las tierras agrícolas a la producción orgánica. Es decir, todo un menú que configura condenar al atraso tecnológico a la producción europea.

Para el especialista en comercio internacional del agro Leandro Pierbattisti, la suerte del Pacto Verde se jugará en junio próximo con las elecciones del Parlamento Europeo. Coincide con Idígoras en que uno de los principales motivos de las protestas es que los subsidios alcanzan cada vez menos a los productores. “En general, las ayudas directas cubren en Francia el 74% del ingreso de los agricultores antes de impuestos”, señala y advierte por otra razón de índole demográfica. “La mitad de los agricultores franceses van a jubilarse en 10 años, y ya se sabe que gran parte de los mismos no serán reemplazados por activos familiares. Esto pone en gran crisis a un sector que se siente desolado y angustiado por el destino de la agricultura familiar, pilar de la agricultura del oeste europeo”, dice.

Aunque las protestas ocurren lejos de la Argentina, no dejan de tener un impacto sobre los sistemas de producción de alimentos que los propios gobiernos europeos quieren denunciar en los organismos internacionales su carácter “fallido” a nivel global y buscan que el resto del mundo se adapte a sus exigencias cuando, en rigor, son ellos mismos los que están en crisis.

Aquí, en cambio, las fallas son por cuestiones diametralmente diferentes: el intervencionismo del Estado en la apropiación de la renta de la producción, vía derechos de exportación, parece ser una política imposible de remover, aún durante los gobiernos que se declaran en favor de las políticas de libre comercio y respeto de la propiedad privada. Más que un problema de reducción de “ayudas” como hay en la Unión Europea hay de “extracción” de los ingresos que se justifica con cada devaluación del peso. En la agenda pendiente para salir de la crisis, la presión tributaria que padece el agro debe estar considerada.