Crónica de una toma anunciada

Cristian Mira
Cristian Mira LA NACION
El interventor en Vicentin, Gabriel Delgado; el ministro de Producción, Matías Kulfas, el presidente Alberto Fernández y la senadora Anabel Fernández Sagasti
El interventor en Vicentin, Gabriel Delgado; el ministro de Producción, Matías Kulfas, el presidente Alberto Fernández y la senadora Anabel Fernández Sagasti Crédito: Captura
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13 de junio de 2020  • 02:00

La intervención y expropiación de Vicentin que lanzó el Gobierno a principios de esta semana puede decirse que es la crónica de una toma anunciada.

Después de que la empresa se declaró en cesación de pagos en diciembre pasado, por no poder hacer frente a compromisos por US$350 millones, el proyecto de poder más sólido que hay hoy en el país -el de La Cámpora, el Instituto Patria y sus aliados de centroizquierda- vio el filón y se propuso ir por todo. Es la fuerza que marca el ritmo. El Presidente, como buen guitarrista que es, improvisa con sus solos y combinación de acordes. Él dice otra cosa, que la idea fue suya.

Desde aquel entonces esa fuerza construye un relato alrededor de Vicentin que, en rigor, es un propósito de largo plazo que tendrá consecuencias negativas sobre la producción agropecuaria y el país en general. Lo que parecían ideas extremas surgidas desde los márgenes -como las del dirigente social Juan Grabois que proponían en enero pasado la estatización de la compañía- se convirtieron en realidad. Se escribió en estas páginas en febrero pasado. Solo había que esperar que las condiciones políticas fueran propicias para llevar adelante la iniciativa. La conmoción por el Covid-19 hizo su aporte.

El propio Alberto Fernández tomó en el anuncio las dos ideas que van allá del mero rescate de una empresa en crisis: la idea de "empresa testigo" y la "soberanía alimentaria".

Si hay algo que el comercio de granos no necesita hoy es que el Estado actúe con una empresa fijando una referencia de precios. Para eso, se sabe, están las negociaciones entre privados y los mercados institucionales. Además, todos los días el Estado releva la información sobre cuánto, cómo y a qué precio se vende. Y, por si fuera poco, publica los precios FOB que se toman como base para los derechos de exportación.

Además, tiene información detallada sobre la siembra y la producción que sirve para tomar decisiones de mercado. Si encontrara alguna práctica monopólica debería actuar con el organismo de defensa de la competencia. Es lo que hacen los países serios que no toman una empresa por asalto.

En esta cadena de despropósitos hay otros interrogantes que por ahora no tienen respuesta. Una supuesta empresa estatal -o paraestatal- ¿pagará un precio más alto que sus competidores por los granos y se servirá de los fondos públicos para cubrirse de eventuales pérdidas? ¿Los productores le confiarán sus granos al estado argentino, experto en default, reperfilamientos y postergación del pago de deudas? ¿Utilizarán a esta empresa para el manejo de la liquidación de divisas?

El otro concepto es el de "soberanía alimentaria". Una idea vacía cargada de prejuicio ideológico. La Argentina produce la mayor cantidad de alimentos que consume y, como se sabe, es un exportador neto. El drama del hambre es por el descalabro de las políticas económicas no por la deficiencia en la producción de alimentos. Y menos por la ausencia de una empresa estatal.

La propia FAO, en cambio, habla de "seguridad alimentaria". Si se quisiera mejorar la situación de pequeños productores y agricultores familiares ya hay experiencia y conocimiento de programas históricos como Cambio Rural o especialistas del INTA para trabajar. Hay también varias iniciativas para mejorar el acceso a los canales comerciales de este segmento de la producción. Hacerlo con una empresa paraestatal será el camino directo a la creación de otro gigante burocrático que engrose el déficit público.

Hay otro argumento que se deslizó como imprescindible para la intervención y expropiación de Vicentin: que no caiga en manos extranjeras. Es curioso, la propia Cristina Kirchner cuando en abril de 2014 inauguró por videoconferencia la planta de Timbúes de Renova por una inversión de US$480 millones, no puso reparos en que una de las empresas socias de Vicentin en ese emprendimiento fuera Glencore, una multinacional con sede en Suiza. Es más, en ese momento defendió la industrialización de los granos y la producción de biodiésel. Y destacó al complejo agroindustrial como necesario para procesar materias primas. No habló ni de "empresa testigo" ni de "soberanía alimentaria". Las generaciones que la suceden creen que es tiempo de radicalizarse.

Además, no es por la supuesta maldad de empresas extranjeras que no haya más empresas nacionales en el negocio de la exportación de granos. Si no hubiera habido constantes crisis económicas que alteraron las reglas de juego, no se hubiera interrumpido el crecimiento lógico de varios grupos de siembra y empresas familiares de vocación emprendedora. Podrían haber sido verdaderas multinacionales argentinas y no tendrían que haberse desprendido de sus activos por las recurrentes crisis. Los Cargill, Bunge o Maggi no nacieron por la idea de un burócrata estatal.

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