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“De manera definitiva”: buscan prohibir la caza en campos privados bonaerenses y crear sanciones más duras para los infractores
Un proyecto presentado por el diputado provincial Luciano Bugallo propone multas, decomiso de vehículos, armas y perros, además de inhabilitaciones de hasta 15 años para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales para cazar animales silvestres
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El ingreso de cuadrillas de cazadores a establecimientos rurales sin autorización, una problemática que desde hace tiempo denuncian productores bonaerenses, podría enfrentar un régimen de sanciones mucho más severo si prospera un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial. La iniciativa propone prohibir expresamente la caza de animales silvestres en predios privados sin autorización del propietario y crear una nueva figura de “contravención grave contra la seguridad rural”, con multas, decomisos, secuestro de vehículos e inhabilitaciones para quienes participen de estas prácticas.
El proyecto fue presentado por el diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo, acompañado por su par Andrés De Leo. Según explicó el legislador, la propuesta apunta a reforzar la protección de los establecimientos rurales, preservar la fauna silvestre y dar una respuesta a un problema que, sostiene, se ha agravado en distintos puntos de la provincia. “Queremos prohibir de manera expresa y definitiva la caza en todo predio privado en la provincia, estableciendo un régimen sancionatorio específico destinado a proteger la seguridad rural, la propiedad privada y el bienestar animal y fauna silvestre”, afirmó Bugallo al presentar la iniciativa.
El proyecto establece que quedará prohibido practicar caza sin autorización utilizando armas, perros galgos o cualquier otra raza canina dentro de predios privados. También sanciona a quienes organicen, financien o faciliten estas actividades, transporten perros, armas u otros elementos destinados a la caza furtiva, conformen cuadrillas o ingresen a establecimientos rurales para desarrollar esta práctica.
De aprobarse, esas conductas pasarán a ser consideradas una “contravención grave contra la seguridad rural”. Las sanciones previstas incluyen multas de entre 1000 y 20.000 Unidades Fijas, la inhabilitación durante diez años para obtener permisos de caza, el decomiso obligatorio de los elementos utilizados y el secuestro preventivo de los vehículos empleados en la infracción.
Además, el proyecto incorpora agravantes. Las penas aumentarían un 50% cuando participen tres o más personas, la actividad se realice durante la noche, se utilicen vehículos automotores, existan antecedentes, se afecten áreas protegidas o se produzcan daños materiales.
También prevé sanciones específicas para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales con fines de caza. En esos casos, las multas irían de 5000 a 30.000 Unidades Fijas, con una inhabilitación especial de quince años para obtener permisos y una prohibición permanente en caso de una segunda reincidencia.
Otro de los puntos contempla el decomiso obligatorio de los perros utilizados, las presas obtenidas, las armas, cuchillos y demás herramientas empleadas durante la infracción. A su vez, dispone que los animales sean sometidos a controles veterinarios y puestos a disposición de refugios o programas provinciales de adopción responsable, aunque sus propietarios podrán solicitar la devolución bajo determinadas condiciones. También crea un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada.
En los fundamentos de la iniciativa, Bugallo argumenta que la propuesta responde al incremento de episodios de caza furtiva en campos bonaerenses y a la necesidad de fortalecer las herramientas para proteger la seguridad rural, la propiedad privada y la fauna silvestre. También sostiene que la normativa vigente no alcanza para desalentar estas conductas y que resulta necesario incorporar un régimen sancionatorio específico.
En ese sentido, el proyecto señala: "La provincia de Buenos Aires enfrenta desde hace años una problemática creciente vinculada a la organización de cuadrillas dedicadas a la caza furtiva mediante la utilización de perros galgos, actividad que produce graves consecuencias de seguridad pública“. Además, agrega que ”la presencia de grupos organizados que ingresan sin autorización a establecimientos agropecuarios genera una legítima sensación de inseguridad entre los habitantes del ámbito rural, incrementa el riesgo de enfrentamientos y provoca daños económicos y patrimoniales a los productores“.
En ese sentido, el legislador recuerda que el Foro de Seguridad Rural Argentino (Fosera) manifestó recientemente su preocupación por la reiteración de episodios de caza furtiva en distintos puntos de la provincia y sostiene que, aunque el Código Rural bonaerense ya prohíbe la formación de cuadrillas de caza, la actividad nocturna y otras modalidades, la normativa vigente “resulta insuficiente para desalentar estas conductas”.
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