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Desarrollo regional, el gran desafío para el agro que viene
Por su extensión, la Argentina tiene una diversidad de escenarios productivos; atenderlos resulta vital
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Los cambios macro dispuestos por el Gobierno en diciembre de 2015, con la eliminación de los derechos de exportación y las restricciones comerciales, tuvieron una respuesta inmediata en la producción de granos, como reconoció hace unos días el propio presidente, Mauricio Macri, en su discurso en la Exposición Rural de Palermo.
En el caso particular de la producción de maíz, desde entonces viene sumando récords. Esto es en buena medida producto de una confianza que el sector privado agroindustrial comienza a tener hacia el sector público luego de muchos años en que esa relación estuvo interrumpida o distorsionada.
Entre las empresas, organizaciones y profesionales ligados a MAIZAR, cadena que incluye la ciencia, la producción, la provisión de insumos, la transformación y la comercialización del maíz y sus productos, hay expectativas positivas, pero también preocupación por la consolidación de los cambios iniciados en diciembre de 2015.
Nuestro país es muy extenso y tiene una gran diversidad de escenarios. En el aspecto económico, mientras hoy la producción de maíz en la zona central del país es rentable, en el Norte queda con números negativos por los costos de flete y en Patagonia no termina de despegar por la enorme inversión inicial que requiere, básicamente en obras de riego. Por ello, un millón de hectáreas extra de maíz se estructurará de un modo diferente en cada una de estas regiones.
¿Cómo haremos para potenciar y capturar valor en cada una? ¿Cómo implementaremos desarrollos regionales sustentables? ¿Pondremos el carro en movimiento y que los melones se acomoden solos o vamos a planificar? Se trata de un debate que concierne al Gobierno pero también fundamentalmente a los actores de las cadenas de valor. Todos tenemos que hacernos cargo de este desafío.
En el ámbito internacional, hay un creciente interés sobre el tema del desarrollo regional. El caso de Brasil y su Política Nacional de Desarrollo Regional (PNDR), implementada en 1999, puede servir de referencia, por el impacto que ha tenido.
Esa iniciativa fue fruto de un esfuerzo del país vecino para reanudar un planeamiento en general y de políticas regionales en particular, que se consolidó a partir de 2003 con el lanzamiento de la propuesta de la PNDR del Ministerio de la Integración Nacional y que fue institucionalizada en 2007. Tal política se viene implementando con una gran disponibilidad de recursos y sustento institucional.
En el campo internacional, crece el interés en el desarrollo regional. Por ejemplo, Fabrizio Barca, ex director general del Ministerio de Economía y Finanzas y ex ministro de Cohesión Territorial de Italia, contribuyó a repensar sobre las formas de intervención política y planteó una reforma ambiciosa de la política de cohesión priorizando los enfoques regionales para el desarrollo.
En la Argentina, en el ámbito del Ministerio de Planificación, el trabajo titulado Argentina 2016, Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial concluye que la Política Nacional de Desarrollo Territorial, y en consecuencia, el Plan Estratégico Territorial constituyen un desafío a la creatividad, y requiere de la reconstrucción de los valores nacionales, del rol promotor de un estado activo, del empuje de las provincias y municipios y, sobre todo, de la capacidad de todos los habitantes para crear solidariamente su futuro en base al modelo de país deseado.
Una ley de desarrollo regional podría ser el marco que anime a los inversores a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, para lograr un desenvolvimiento equilibrado y armónico de la gran cantidad de factores de producción que están aguardando: tierra, agua, potenciales fuentes de energías renovables, condiciones agroecológicas, conocimiento. Nos hace falta amalgamar estos factores para producir valor.
Los actores invitados para facilitar esta tarea son los inversores, que pueden tener la cara de un fondo de inversión, de empresas en expansión, de una familia en crecimiento o simplemente de emprendedores que necesitan del apoyo y contención para no fracasar en el intento.
Estos inversores potenciales aprecian los cambios introducidos en las variables macro, pero necesitan seguridad en cuestiones más específicas para abandonar el recelo y animarse a desembolsar su dinero.
La experiencia indica que existen dos grupos de herramientas que tuvieron gran impacto en las políticas de desarrollo regional: por un lado, la financiación a través de diferentes fondos nacionales e internacionales, y por otro, los incentivos fiscales, como la reducción de impuestos a las nuevas inversiones, las amortizaciones anticipadas, los regímenes especiales en algunos sitios en particular, entre otras.
El desarrollo de las economías regionales permitirá poner en producción los abundantes factores de producción, agregar valor e integrarse a cadenas de valor globales, incluso en áreas hoy marginales de Argentina. Una ley adecuada facilitaría la reconversión de estas agobiadas economías en productivas, competitivas, ganadoras. Es necesario que cada provincia y municipio, en colaboracio´n con el Estado nacional y la sociedad, generen un territorio atractivo para las inversiones, previsible ambientalmente y equitativo desde el punto de vista social. El e´xito de esta iniciativa dependera´ de la capacidad del Estado de involucrar en el proceso a todos los agentes sociales y econo´micos, a los diversos estamentos de administracio´n provincial y municipal, para que -en conjunto- analicen el futuro, desarrollen las diferentes etapas de esta poli´tica aunando los esfuerzos y las voluntades en una misma direccio´n y abandonando el individualismo que ha caracterizado a gran parte de nuestra sociedad.
En este contexto, un objetivo a promover con esta política sería fortalecer el rol de las asociaciones de cadena (Maizar, Acsoja, Asagir, Argentrigo), como organizaciones empresariales, sociales y productivas, aportando su estructura en red y su experiencia desde la planificación, la coordinación de actores, la promoción de regiones, la colaboración en la investigación y desarrollo, e incluso en la evaluación de impacto y reformulaciones que sean necesarias.
Existe la necesidad, posibilidad y pertinencia para la formulación e implementación de una ley que contenga los lineamientos de políticas de desarrollos regionales. En las organizaciones de cadena convergen empresarios, profesionales y organizaciones de todos los eslabones, se exponen ideas, se trabajan y afianzan acuerdos, y se piensa en potenciar el futuro. Desde nuestra experiencia, estamos abiertos a ser un ámbito de discusión de iniciativas y colaboración, entre todos los eslabones e intereses asociados, para identificar y estimular la explotación de las potencialidades región por región y promover el desarrollo equilibrado de cada una.
Un marco preciso para atraer inversores
De cara a una ley de desarrollo regional, los actores invitados para facilitar la tarea son los inversores, que pueden tener la cara de un fondo de inversión, de empresas en expansión, de una familia en crecimiento o de emprendedores que necesitan del apoyo y la contención para no fracasar en el intento. Estos inversores potenciales aprecian los cambios introducidos en las variables macro, pero necesitan seguridad en cuestiones específicas para abandonar el recelo.
La experiencia indica que existen dos grupos de herramientas de gran impacto en las políticas de desarrollo regional: la financiación a través de fondos nacionales e internacionales y los incentivos fiscales. El desarrollo de las economías regionales permitirá integrar cadenas de valor, incluso en áreas hoy marginales del país. Una ley adecuada facilitaría la reconversión de estas agobiadas economías en productivas y competitivas. Es necesario que cada provincia y cada municipio, en colaboración con el Estado y con la sociedad, generen un territorio atractivo para las inversiones, previsible ambientalmente y equitativo socialmente.
El éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad del Estado de involucrar en el proceso a todos los agentes sociales y económicos, y a los diversos estamentos de la administración provincial y municipal, para que analicen el futuro y desarrollen las etapas de esta política aunando esfuerzos y voluntades en una misma dirección.
El autor es MBA ingeniero agrónomo; vicepresidente 1° de Maizar
Diego Heinrich
LA NACION
