Dudas y críticas por los nuevos controles a exportadores del campo

Tras la publicación de la resolución 60 por parte del Ministerio de Agricultura, que exige a aquellos exportadores de carne, leche o granos que no posean un establecimiento propio inscripto en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) presentar un plan de trabajo sobre sus exportaciones, así como también de sus movimientos bancarios si quieren estar en ese registro, LA NACION consultó a los distintos sectores involucrados para conocer el impacto de la normativa en su actividad. Hay dudas y críticas a la medida.

En la industria aceitera dijeron que, en granos, el efecto será muy “limitado” porque todos los operadores históricos ya están registrados. Pero aclararon que el requisito de presentar un “plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos” resulta “impracticable” para aquellos que sin tener una planta vienen operando en el mercado hace tiempo. “Nadie puede saber y proyectar el año que viene con volúmenes y destino. Es absolutamente un requisito de imposible cumplimiento en la práctica”, describieron.

En este sentido, Juan Manuel Garzón, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, puntualizó que lo más llamativo en la nueva resolución es el plan de trabajo anual.

“El Estado quiere saber con meses de anticipación cuánto producto se piensa vender y a quién. Este pedido sorprende dado que no es habitual en una economía de libre mercado”, remarcó y se preguntó: “¿Se le pide lo mismo a una empresa que abastece quesos, carnes o frutas al mercado interno?”

Otro de los interrogantes que planteó el economista es qué cantidad de empresas están en condiciones de prever cuánto volumen venderán y en qué destinos podrán colocar su producto en febrero de 2022, “considerando todas las variables que influyen sobre las decisiones comerciales”.

“¿Para qué el Estado necesita esta información y qué hará con ella? ¿Qué tipo de inconsistencia o falla se busca? ¿Cómo se va a controlar que el plan sea ‘correcto’? ¿Un ‘plan’ puede ser rechazado y qué implica?”, se preguntó.

La resolución describe que, además, deberán informar un detalle de sus cuentas bancarias con las que operan, sus movimientos bancarios del último semestre y cuáles son las líneas de financiamiento que poseen de los bancos.

“La exportación de granos y de productos derivados de la soja y del girasol no se va a ver afectada, donde los 34 exportadores en nuestro país se encuentran registrados en el RUCA hace mucho tiempo”, afirmaron en la industria aceitera.

Pero detallaron que quienes se encuentran complicados con la nueva reglamentación son aquellos operadores sin plantas. “Afecta a todos los nuevos operadores y a los brokers los destroza, donde le ponen una serie de requisitos de bastante difícil cumplimiento”, indicaron.

Para Garzón, con toda la información y herramientas que manejan la AFIP, el Banco Central (BCRA) y la Aduana, la conveniencia y la necesidad de exigir más requisitos a los exportadores “no luce muy clara”.

“Pero los costos sí son evidentes, la nueva exigencia incrementa los recursos que deben asignar las empresas exportadoras para cumplir con el marco regulatorio y los recursos que debe asignar la administración pública para controlar el cumplimiento”, remarcó.

En coincidencia, el analista Ricardo Baccarin dijo que totos los datos de los operadores de toda la cadena deben ser declarados en el Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA) rigurosamente y que los datos “ya obran en poder de ellos a través de otras dependencias”.

Mecanismo encubierto

“Pueden interpretarse como un mecanismo encubierto para interferir sobre el proceso de exportación para administrar los envíos de forma de satisfacer un criterio de conveniencia política de corto plazo, como reasignar carne hacia el mercado interno en un año electoral, lo que eleva el riesgo del negocio. Incorpora una nueva variable que puede atentar contra los resultados económicos y desincentiva a las empresas que están pensando en ingresar o en profundizar el negocio de exportación”, reflexionó Garzón.

En tanto, fuentes del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) evaluaron que, en principio, los nuevos requisitos no deberían perjudicar la exportación, “si el instrumento es bien utilizado, como surge de la letra del a resolución”.

“La Cámara se ha venido manifestando sobre muchas cuestiones informales vinculadas con la exportación. Tal vez va a desincentivar algún tipo de maniobras informales en el comercio exterior. Habrá que ver como se desarrolla”, dijeron.

En cuanto a la información que deben brindar sobre las ventas futuras durante el año siguiente, la industria cárnica se mostró cauta y supuso que de lo que se habla en la resolución es del plan de trabajo: “No creemos que el nivel de detalle sea a quien se le va a vender operación por operación. Hay que ver la normativa en ejecución”.

En tanto, Ércole Felippa, presidente del Centro Industria Lechera (CIL), afirmó que la medida no tiene ningún efecto para el sector lácteo “porque todos están registrados en el RUCA”.

En el ruralismo

Horacio Salaverri, presidente de Carbap, se mostró por su parte en contra de todas aquellas medidas que distorsionen el libre juego de la oferta y la demanda. “Vamos a monitorear muy de cerca como repercute en el mercado y si esta resolución tomada va por el camino que dice el Gobierno o va por el camino de complejizar, alterar el libre mercado y llevar los precios a la baja”, dijo.

Salaverri destacó que otro punto a seguir es la discrecionalidad de los funcionarios que aparece “cada vez que se crea un nuevo registro”.

“Muchas veces el funcionario tiene la lapicera y dice quién exporta y quién no, lo cual es también peligroso, más allá que se esté en la búsqueda de quienes que subfacturen las exportaciones”, indicó.

Para el abogado especialista en asesoramiento de empresas Luciano Sáenz Valiente, la medida del Gobierno tacha de inconstitucional. “Los derechos que la Constitución reconoce, entre ellos a trabajar y ejercer una industria licita están supeditados a las normas que reglamentan su ejercicio. Pero esas normas tienen que ser razonables en relación al control que el Estado nacional tiene derecho a efectuar de esas actividades”, argumentó.

“Me temo que normas como la dictada hoy solo tienen como finalidad entorpecer y dificultar la exportación por razones de política interna. También hay, o debería haber, un límite a la posibilidad de que el Estado traslade a los particulares actividad de control que le es propia. En este caso, como en tantos otros que se han generalizado, también se viola ese límite”, añadió.

En Twitter, Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, expresó: “Fiel a su estilo, el Gobierno dice una cosa y hace otra. Hoy anuncia más burocracia y trabas para exportar carnes, granos y lácteos. Acceso más difícil para que se exporte menos con pocos operadores. Pide exportar más y dificulta exportaciones!”

También Nicolás Pino, candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por Movimiento Compromiso Federal (MCF) se manifestó e indicó: “Más burocracia es más control y trabas sobre los productores, cabañeros y empresarios del campo. Estas medidas nos hacen perder competitividad y nos traen malos recuerdos”.

En su cuenta de Twitter el productor Juan Diego Etchevehere pidió una protesta por parte de los productores. “Las últimas medidas del gobierno son un nuevo menoscabo al campo y sus libertades. Trabar nuestras ventas no es otra cosa que buscar llevarnos a la agonía. Debemos analizar firmemente una medida de protesta clara”, dijo.